Se pronuncia gobernación sobre los casos de Vallarta, Quevedo y San Agustín, torturados y encarcelados

 

Reporte México 29 de julio de 20 21.- Esta mañana, en el marco de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, conocidas como “Las Mañaneras” se presentaron Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración para dar cuenta de tres casos sobre los que le han preguntado y cual es la situación jurídica y procesal en la que se encuentra cada uno de ellos.

El caso Israel Vallarta

Israel Vallarta se encuentra privado de su libertad desde el 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en dos causas penales distintas, uno ante el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales del Estado de México, los delitos por los que se le ha acusado son secuestro, delincuencia organizada, portación de arma y de cartuchos de uso exclusivo

Se ha solicitado que se revise su caso en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la ilación de su proceso penal.

El caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 y según Sánchez Cordero se le han propuesto diversas alternativas como libertad por desvanecimiento de datos, que lo beneficiaría para una de las dos causas penales y es muy posible que sea absuelto en dicho asunto y continuaría una causa penal pendiente. Hace unos días la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto puede largar el proceso, ya que el juez no podría dictar sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas, pero Vallarte, su familia y sus abogados lo han rechazado

Mientras que para Encinas: Israel Vallarta con 16 años en prisión cuando la constitución establece que el plazo mínimo para establecer sentencia es de dos años, en este caso hay una recomendación emitida en abril de este año, emitida por Comisión nacional de derechos humanos, en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarte durante su detención, lo cual a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica, por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico.

Se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente de estado por cualquier orden de gobierno, y cualquier persona que haya sido objeto de tortura debe obtener su libertad, esta es una de las prácticas más degradante de la acción del estado contra la dignidad y los derechos de las personas, una vez comprobada la tortura el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sean puestos en libertad

Caso Brenda Quevedo Cruz

En octubre del 2020, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas notificó al estado mexicano la opinión número 45/2020 relativa a esta persona.

Ella fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro, ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones, en el 2009 en el penal de Santiaguito en el Estado de México y narra cómo fue torturada y en las Islas María también ella narra cómo fue torturada, actualmente continúa privada de su libertad en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro federal de readaptación social femenil en Morelos, en este caso la tortura y la violación a los derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria por el proceso por una parte

Existe una práctica de dilación de la autoridad judicial para la aplicación del protocolo de Estambul, ella lo ha solicitado recurrentemente sin embargo se pospone y se pospone las resoluciones por distintas causas burocráticas, e este caso hay una recomendación del 2 de octubre del 2020 del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la organización de las Naciones Unidas, donde se exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto

Caso María Isabel San Agustín

Fue detenida en la alcaldía de milpa Alta, ella es originaria del estado de Hidalgo y efectivamente desde el 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro. En el 2018 la entonces procuraduría de justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicará el protocolo de Estambul, se aplicó y resultó positivo, se acreditó que la señora San Agustín fue objeto de tortura, pero el problema es un problema burocrático absurdo.

En ninguno de los casos de tortura se castiga a los responsables por eso si queremos radicar la torta como una práctica regular, que por muchos años existió en nuestro país no podemos andar con medias tintas, ni con duda, cualquier persona que haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad inmediatamente y los torturadores deben ser castigados