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Esperemos que
la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda,
acceda a recibir a los representantes de
organizaciones indígenas y a sus autoridades
tradicionales, para que se proceda a la
armonización legislativa en materia indígena y
para que se escuchen y atiendan sus prioridades
de desarrollo.
Por: Arturo Ruiz, El Súper Cívico.
En Baja California existen aún comunidades de
los pueblos originarios, pertenecientes a la
familia lingüística Yumana, estas etnias son los
Kumiai, Cucapá, Pai pai, Kiliwas, Tipai y
algunos se reconocen a sí mismos como Cochimi.
Como el lector debe saber, de los pueblos
indígenas que habitaron en el estado de Baja
California Sur, desaparecieron víctimas de la
viruela y el sarampión, de las guerras y de las
migraciones a otras tierras que terminaron por
dispersar a sus integrantes.
Razón por la cual, solo quedan registros
históricos de estos vigorosos pueblos que fueron
los Pericues y los Guaycuras, los primeros,
destacados pescadores que eran más bien
sedentarios y los Guaycuras que eran pescadores,
cazadores y recolectores y que se dice por
algunos estudios arqueológicos y de crónicas de
historiadores que eran seminomadas.
La mayoría de los pueblos originarios, mantienen
sus lenguas y rasgos distintivos de sus
culturales ancestrales, aunque es innegable la
pérdida de sus cosmovisiones por el proceso de
marginación y aculturación e integración a la
lengua castellana y a la cultura mestiza
dominante en el país.
En efecto, el pueblo cochimi está muy reducido y
en la cultura kiliwa, de su lengua, quedan
pocos, muy pocos hablantes.
Los Cucapá viven en Mexicali, principalmente en
la comunidad del Mayor, aunque también se pueden
encontrar en otros poblados como el Cucapá
Mestizo, el Indiviso, la Puerta.
Los demás pueblos se pueden localizar en Tecate,
Playas de Rosarito y la mayoría en el municipio
de Ensenada.
No es intención de esta reflexión hacer una
monografía, ni una síntesis de ensayos en esta
materia, pero si abordar la deuda histórica que
tienen los gobiernos con estos pueblos.
Y más aún debe reconocerse y entender, el aporte
cultural, económico y social que han impreso
otros pueblos indígenas procedentes
principalmente de Oaxaca, Michoacán, Puebla y
Estado de México en su mayoría. Y que, en su
primera etapa, llegaron como migrantes
temporales al desempeñarse como jornaleros
agrícolas en los Valles de Mexicali y de San
Quintín y que poco a poco, fueron adquiriendo el
carácter de residentes y nativos de Baja
California.
De tal forma que su predominancia cultural,
económica y poblacional, es evidente en el
Municipio de San Quintín y en la Delegación de
Maneadero al sur de Ensenada.
En Baja California, al igual que en el resto del
país, al indígena, auténtico nativo de estas
tierras, se le discrimino y se le marginó,
excluyéndolo de las oportunidades del desarrollo
y arrebatándole sus mejores tierras y aguas,
desterrándolos cuando bien les fue a tierras
agrestes o muy apartadas de las grandes
ciudades.
Y esta exclusión y robo de sus tierras, no fue
únicamente por los conquistadores, que contrario
al pensamiento general estableció normas para
proteger las tierras de los pueblos nativos.
Sino más bien, su mayor época de marginación ha
sido por los gobiernos posteriores a la
independencia de México, que dio pasos hacia la
predominancia de las familias criollas y del
proceso de blanqueamiento de los pueblos
indígenas a través del mestizaje.
En la Reforma, las cosas no mejoraron a pesar de
que el presidente Juárez era indígena. Ya que en
ese periodo se siguió despojando a los indígenas
de sus tierras, al considerarlas como tierras
baldías y mediante el proceso de desamortización
de las tierras se despojó a muchas comunidades
indígenas de sus tierras.
Durante el Porfiriato y la época post
revolucionaria, a los indígenas se les continúo
excluyendo, marginando, discriminando y
sometiendo, a un proceso de aculturación
mediante políticas agrarias, educativas y
sociales que consideraban que el indígena debía
“evolucionar” hacia la cultura y el modelo
dominante.
Y en ese proceso la desaparición de sus lenguas
y usos y costumbres, era fundamental para que
asumieran las leyes y lengua castellana para su
integración a la mayoría de los mexicanos
mestizos, capitaneados la mayoría de las veces
por descendientes de criollos.
No abundaré sobre las luchas de los chichimecas
y de los Yaquis y de las formas en que fueron
masacrados y esclavizados en los periodos post
revolucionarios. Y tampoco negaré que el General
Lázaro Cárdenas fue una excepción a esta regla,
al dar un respiro a la explotación indígena y al
impulsar el reparto agrario.
Pero aun en este siglo 21, en Baja California,
prevalecen actitudes de discriminación hacia los
indigenas en amplios espectros sociales. Y en la
esfera pública en materia indígena predominan
tres líneas o corrientes dominantes en las
instituciones políticas y de gobierno:
El Indigenismo de estado surgido en 1940, que
pretendía modificar e integrar a los pueblos
indígenas al modelo de desarrollo diseñado desde
el estado, para sacarlos del atraso.
El Indigenismo Intelectual, con una visión
paternalista y asistencial que pretende orientar
desde afuera de las comunidades su destino y
desarrollo, considerando la necesidad de que el
gobierno (Estado) canalice apoyos de
alimentación y económicos a los pueblos para
ayudarlos a combatir la pobreza. Y en paralelo,
han pretendido “conducir” u “orientar” a los
pueblos indígenas, a restablecer formas de ser
de sus ancestros con base a estudios
antropológicos y sociológicos desarrollados por
académicos.
La autonomía Indígena cuya mejor expresión quizá
haya sido el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, en esta corriente se lucha por el
reconocimiento de la existencia de los
indígenas, es decir al SER INDIGENA, no a sus
orígenes indígenas. Se exige la libre
autodeterminación de los pueblos en materia de
su destino, sus formas de gobierno, sus usos y
costumbres, el respeto y reintegración de sus
tierras, aguas y recursos naturales despojados
de las que fueron despojados y sobre todo, el
reconocimiento de los pueblos originarios y de
sus comunidades con personalidad jurídica.
En este tenor bien vale la pena mencionar que,
en el México del siglo 21, de nada sirve que el
Gobierno de la 4 T, exija a España y a la
iglesia que pidan perdón por hechos que
sucedieron hace más de 500 años.
No sirve de nada que desde el gobierno pretendan
idealizar a determinados pueblos indígenas del
pasado pre colonial. Y mucho menos cuando en
este gobierno que se decía de transformación han
desmantelado y dejado en los huesos al INPI y a
otros programas de apoyo a la productividad y
desarrollo de las comunidades indígenas.
Valdría más la pena RECONOCERLOS COMO NACIONES
INDÍGENAS MEXICANAS, es decir como naciones
autónomas y con representación jurídica dentro
del ESTADO MEXICANO, porque esto representaría
la posibilidad de que sean estas mismas Naciones
Indígenas, quienes mediante sus usos y
costumbres designarán a sus representantes ante
los poderes legislativos federales, estatales y
ante los cabildos.
Esto permitiría que ellos mismos trazaran sus
prioridades en materia de desarrollo y con la
obligación de que sus proyectos, obras y
programas tuvieran el respaldo de asignación
presupuestal y no únicamente en reconocimientos
en las leyes que al final de cada sexenio y
trienio quedan como leyes y derechos de letra
muerta.
Recientemente, se están llevando a cabo procesos
judiciales y consultas, para reconocer el
derecho de los indígenas a ser parte de los
órganos de representación, mediante las
elecciones. Sin que pretendan, los partidos
políticos, como en el último proceso electoral
de Baja California que mestizos. usurpen las
candidaturas indígenas, designadas como una
acción afirmativa.
Para hacer justicia a los pueblos indígenas se
requiere ir más allá y en este sentido esperemos
que la gobernadora Marina del Pilar Ávila
Olmeda, acceda a recibir a los representantes de
organizaciones indígenas y a sus autoridades
tradicionales para que se proceda a la
armonización legislativa en materia indígena y
para que se escuchen y atiendan sus prioridades
de desarrollo. ¿O no? |
