LA COLUMNA DE AURORA DE LOS PUEBLOS

Por Aurora de los Pueblos

Los derechos humanos son principios universales que reconocen la dignidad inherente de todas las personas. Son normas que protegen la libertad, la igualdad y la participación de cada ser humano en la vida social y política. Estos derechos son inalienables: no se otorgan ni se quitan por la actividad de una persona, su condición social o su comportamiento. Todos los seres humanos los poseen por el simple hecho de existir, y aunque en casos específicos, como en el cumplimiento de una sentencia judicial legítima, ciertos derechos como la libertad de movimiento puedan ser restringidos, la dignidad humana nunca debe ser negada. Así, tanto el ciudadano respetuoso como el criminal conservan derechos esenciales, aunque su ejercicio pueda verse limitado bajo el debido proceso.

Sin embargo, en la realidad social contemporánea, el abuso y la violación de los derechos humanos persisten como una profunda herida. La privación arbitraria de la vida, la discriminación, la tortura, la desaparición forzada, y la explotación de los más vulnerables no son hechos aislados, sino prácticas que, cuando no se enfrentan con firmeza, terminan normalizándose. La desconfianza en las instituciones, el debilitamiento de la cohesión social y la proliferación de resentimientos colectivos son consecuencias inevitables de esta descomposición.

En este contexto surge el fenómeno del estado paralelo: estructuras de poder ilegales o informales que suplantan al Estado legítimo en zonas donde éste se muestra ausente, débil o corrupto. El estado paralelo administra justicia a su manera, impone su propia “ley” mediante la violencia, y controla recursos y servicios básicos a través de la amenaza o la coacción. Allí donde un grupo criminal organiza "protección" a los comerciantes, donde un líder local no electo impone su autoridad con fuerza, o donde los conflictos se resuelven por medio de "levantones" y ejecuciones extrajudiciales, ahí opera un estado paralelo.

El estado paralelo necesita, para su existencia, la violación sistemática de los derechos humanos. No puede sobrevivir donde rige el respeto a la vida, la justicia imparcial y la participación ciudadana auténtica. La impunidad y la violencia son su oxígeno. Para identificarlo no basta observar los grandes episodios de violencia; hay que atender también las prácticas cotidianas donde la ley y la dignidad son sustituidas por el miedo y la sumisión.

Frente a esta amenaza, la respuesta no puede limitarse al uso de la fuerza o a medidas punitivas superficiales. Es necesario reconstruir el tejido social a partir del ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Esto implica reafirmar la dignidad humana a través de la educación masiva en derechos humanos, promover una justicia accesible, fortalecer las comunidades locales mediante el desarrollo social y económico legítimo, erradicar la impunidad mediante investigaciones serias y protección a quienes denuncian, y sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La violencia se perpetúa cuando los pueblos pierden la fe en la justicia y la esperanza en la dignidad. Solo una sociedad que reconoce, ejerce y protege sus derechos puede cerrar el espacio que hoy ocupa el estado paralelo. Los derechos humanos no son un privilegio para algunos; son el cimiento de una sociedad libre, justa y solidaria para todos. Allí donde amanece la dignidad, los pueblos renacen.

Aurora de los Pueblos