REPORTE MÉXICO

Enero 8, 2025.- México enfrenta un desafío urgente para impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, reduzcan costos laborales no salariales para las empresas y fortalezcan la formalización del empleo.

La colaboración entre el Gobierno y el sector privado será clave para revertir la tendencia negativa y construir un mercado laboral dinámico y competitivo.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) vemos con profunda preocupación la pérdida de 405 mil 259 empleos formales registrada en diciembre pasado, la más alta para este mes en los últimos diez años. Aunque reconocemos que esta disminución tiene un componente estacional debido a la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica típica de fin de año, la magnitud de esta cifra refleja un entorno económico que ha debilitado la generación de puestos de trabajo en todo 2024.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que durante 2024 se crearon apenas 213 mil 993 nuevos empleos formales, lo que representa un crecimiento anual de apenas 1.0%. Este es el dato más bajo desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 provocó una contracción del mercado laboral. Además, esta cifra se encuentra muy lejos del promedio de los últimos diez años, que supera los 519 mil empleos anuales, y aún más distante de los 1.2 millones de puestos que se requieren para absorber la demanda laboral de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado.

Adicionalmente, la informalidad laboral, una de las problemáticas más persistentes en el mercado de trabajo, alcanzó en noviembre de 2024 una tasa nacional del 54.5%, lo que representa un incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Esta elevada proporción refleja la falta de incentivos y condiciones adecuadas para que los trabajadores y las empresas migren hacia esquemas formales, limitando así su productividad y su acceso a la seguridad social y otros derechos esenciales.

La caída en el empleo no es un fenómeno aislado sino el reflejo de una desaceleración económica que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales enfrentan mayores costos laborales y operativos, junto con una falta de apoyos e incentivos gubernamentales. Estas condiciones limitan su capacidad para sostener o ampliar su plantilla laboral, lo que impacta directamente en la creación de empleos formales.

Aunado a esto, la incertidumbre jurídica, la creciente inseguridad y las señales contradictorias en materia de política económica, como la eliminación de organismos autónomos, generan un entorno poco favorable para la inversión y el crecimiento económico. Estas barreras estructurales dificultan la generación del empleo y minan la confianza del sector privado, elemento indispensable para dinamizar la economía nacional.

El panorama se agrava al observar que 11 estados registraron pérdidas netas de empleo durante 2024, destacando Tabasco (-12.2%), Campeche (-4.2%) y Zacatecas (-2.8%). Estas cifras confirman que los retos del mercado laboral no se limitan a las dinámicas estacionales, sino que responden a problemas estructurales que deben ser atendidos de manera urgente.

Creemos que 2025 representa una oportunidad para revertir esta tendencia, siempre y cuando se implementen políticas públicas que incentiven la generación de empleos formales. Proponemos priorizar la formalización mediante esquemas fiscales competitivos y garantizar un entorno de seguridad y certeza jurídica que promueva la inversión nacional e internacional.

Pedimos al Gobierno trabajar en conjunto con la iniciativa privada para diseñar e implementar estrategias efectivas que reactiven la economía, fortalezcan a las MiPymes y aseguren un mercado laboral dinámico y en crecimiento. Desde la Confederación, continuaremos promoviendo el Modelo de Desarrollo Inclusivo que busca un crecimiento económico con justicia social, sostenibilidad y bienestar para todos. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para construir un México más próspero e inclusivo.