DESDE MI SOFÁ: La concesión de bienes públicos

Obed Silva
            
            Tijuana, B. C. 9 de febrero de 2025.- Durante los treinta y seis años 
            del período neoliberal PriAnista, se ejecutó una estrategia para
            
            apropiarse de los bienes públicos con el objetivo de obtener pingües 
            ganancias. 
            
            En ese lapso se impulsó la doctrina que promueve que el Estado privatice 
            la prestación de servicios públicos e instituciones de bienestar social.
            
            Al imponer el concepto de “más sociedad y menos gobierno” la derecha 
            panista obtuvo un triunfo cultural, implantando la idea de que el 
            gobierno es ineficiente y que por esa razón se debía entregar al sector 
            privado áreas estratégicas de la economía nacional como la minería, el 
            agua, electricidad y petróleo.
            
            El impulso privatizador cobró plena vigencia en el zedillismo, 
            “concesionando” zonas de la seguridad nacional como el espectro 
            electromagnético, los puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, vías 
            férreas y mar territorial.
            
            Parte de la estrategia se fincó en que los gobiernos PriAnistas se 
            declararán en quiebra para poder abrir a la inversión privada desde 
            hospitales hasta prisiones.
            
            En ámbito local sucedió lo mismo, el afán de riqueza llevó a qué se 
            otorgarán concesiones de servicios públicos, infraestructura y de salud, 
            que no cumplieron con el propósito de las mismas o que sirvieron para 
            obtener dinero del erario a cambio de nada.
            
            Una visión distinta fue la impulsada por AMLO y que continuó la 
            Presidenta Sheinbam.
            
            En marzo de 2023 el entonces presidente López Obrador, envió a la Cámara 
            de Diputados una iniciativa de Ley para “revocar concesiones, recuperar 
            bienes nacionales y declarar la nulidad de actos administrativos cuando 
            se determine que fueron otorgados mediante actos de corrupción o que 
            sean perjudiciales para el interés general”.
            
            Bajo la anterior premisa, nuestra Presidenta erradicó el corrupto 
            esquema de APPs y a cambio impulsa un modelo de empresas públicas de 
            participación mixta en las que el sector privado y público invierten, 
            compartiendo los riesgos y las ganancias.
            
            Los bienes públicos de uso común y los recursos naturales de propiedad 
            originaria de la nación, deben servir para expandir la riqueza y no como 
            ganancia de unos cuantos.
            
            Con la 4T el concepto de bienes públicos “concesionados” cambió de 
            manera radical, ahora no solo se busca que cumplan con la prestación de 
            los servicios, sino que también produzcan ingresos destinados a los 
            programas de bienestar, instituidos para todos los mexicanos y 
            mexicanas. 
            
            Nomás por Joder 
            
            ¿De qué servirá concesionar una larga avenida que desemboca en el caos 
            de un congestionamiento vehicular?
            
            • El autor es abogado, servidor público y analista político.