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Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2024.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la sentencia del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, relacionada con la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

El 19 de marzo de 2010, los estudiantes Jorge y Javier fueron privados arbitrariamente de la vida dentro del campus de la universidad por elementos del Ejército, quienes adicionalmente alteraron la escena del crimen con el objetivo de simular una agresión en su contra y evadir su responsabilidad. Desde hace más de 14 años, las familias de Jorge y Javier, junto con personas y colectivos que las han acompañado, han exigido justicia de forma incansable.

El 5 de diciembre de 2024, en una resolución que recién se ha hecho pública, los Magistrados y la Magistrada del Tribunal confirmaron, por unanimidad, la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal el 13 de octubre de 2023 contra cinco militares involucrados en los hechos.

Tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los efectivos militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen.

La ONU-DH acoge positivamente esta decisión que reivindica a las víctimas y a sus familiares, reconoce explícitamente que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial y recoge la importancia del Protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos.

La resolución del Tribunal Colegiado de Apelación también evidencia la importancia, por una parte, de contar con autoridades judiciales independientes y profesionalizadas y, por otra, de establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de naturaleza civil sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el contexto de la trascendental decisión judicial emitida, resulta imprescindible recordar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser temporal, en tanto se adopta un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de estas tareas, al tiempo que se fortalecen las capacidades de los cuerpos de policía civiles. Múltiples organismos internacionales de derechos humanos han reiterado este llamado[1].

Finalmente, la ONU-DH reconoce principalmente a las familias de Jorge y Javier, cuyo digno caminar contra la impunidad es fuente de esperanza para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México, especialmente para aquellas que han sufrido la privación de la vida de un ser querido en circunstancias similares.