LA COLUMNA DE PERRO CIEGO

Por Perro Ciego

En México, el término estado paralelo se refiere a la existencia de estructuras de poder no oficiales que funcionan al margen —o incluso por encima— del Estado formal, ejerciendo control sobre territorios, poblaciones y economías locales. No se trata de un concepto jurídico, sino analítico y sociopolítico, utilizado para describir situaciones donde el Estado pierde el monopolio legítimo de la fuerza y del control institucional.

Características de un estado paralelo:

1. Presencia de actores no estatales con poder territorial:
Grupos como cárteles del narcotráfico, autodefensas o incluso grandes corporaciones transnacionales ejercen control político, económico o social en regiones específicas, reemplazando las funciones del Estado.

2. Instituciones propias:
Estos actores establecen sus propias "normas", "sistemas de justicia", "impuestos" y "servicios", creando una autoridad paralela que desplaza al aparato gubernamental.

3. Violencia y cooptación:
Utilizan la violencia, la corrupción o la intimidación para controlar a las autoridades locales, a empresas privadas o a comunidades enteras.

4. Economía ilegal o informal:
La actividad económica en estos territorios suele estar vinculada al narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando o actividades ilícitas que financian la estructura paralela.

5. Desconfianza en las instituciones oficiales:
Debido al abandono gubernamental, la impunidad o la corrupción, la población, en muchos casos, prefiere —o se ve obligada— a obedecer las reglas del estado paralelo.

Ejemplos en México:

En algunas zonas de Michoacán, Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas, los cárteles han sustituido las funciones estatales, imponiendo sus propias leyes, reglamentando horarios, administrando "justicia" y, en ocasiones, organizando procesos similares a elecciones internas.

Grupos de autodefensa que surgieron como respuesta ciudadana, pero que en ciertos casos han sido infiltrados por intereses criminales o han derivado en nuevas formas de control armado fuera del marco legal.

Zonas de explotación extractiva, donde empresas mineras o de otros sectores operan con protección privada, ignorando regulaciones ambientales, derechos de las comunidades y la legislación nacional.