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La tragedia golpea la provincia de Pataz, en el norte de Perú, con el hallazgo de los cuerpos sin vida de trece guardias de seguridad que habían sido reportados como secuestrados. La policía confirmó el sombrío descubrimiento este domingo 4 de mayo, revelando que las víctimas, empleadas de la empresa R&R Staff que prestaba servicios a un minero artesanal subcontratado por la minera Poderosa, fueron presuntamente capturadas por individuos vinculados a la desenfrenada minería ilegal que asola la región.

El hallazgo de los cuerpos, atados en una fosa, pone fin a una semana de profunda angustia desde el secuestro ocurrido el 26 de abril. Informes locales han detallado la circulación de videos perturbadores en redes sociales, supuestamente filmados por los criminales, que mostrarían el cruel asesinato de los guardias. Además, se ha denunciado el envío de videos a los familiares donde se veía a las víctimas atadas y desnudas, en un intento de extorsión previo al fatal desenlace.

Las autoridades peruanas no dudan en señalar a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal como los responsables de este acto de barbarie. Se cree que los guardias fueron enviados inicialmente para hacer frente a una banda que había tomado por la fuerza una mina tras una emboscada, un intento que culminó en su captura y posterior muerte.

La respuesta del gobierno de Dina Boluarte ha sido contundente: se ha impuesto un toque de queda nocturno en la provincia de Pataz y se ha ordenado la suspensión de toda actividad minera en la zona durante 30 días. Además, se ha anunciado un despliegue militar significativo para recuperar el "control total" del área de la mina La Poderosa.

Sin embargo, la medida de suspender la minería formal ha generado críticas. Voces autorizadas, como la de Pablo de la Flor, advierten que esta acción podría favorecer a los mineros ilegales, quienes precisamente buscan la paralización de la actividad legal. La propia empresa La Poderosa había expresado previamente su preocupación por la ineficacia del estado de emergencia que ya regía en la región desde febrero, ante la persistente escalada de violencia.

Un vocero de la compañía lamentó que la "espiral de violencia descontrolada" en Pataz continuara a pesar de la presencia policial, recordando que las víctimas se suman a la lista de empleados que han perdido la vida a manos de estas bandas criminales en la zona minera.

El fiscal Luis Guillermo Bringas ha descrito la situación en Pataz como una "guerra por los socavones" entre las empresas mineras y las organizaciones delictivas, un conflicto impulsado por las enormes ganancias que genera la minería ilegal de oro en Perú. Con un volumen de negocio que superó los 6 mil millones de dólares en 2024, según datos del Instituto Peruano de Economía, esta actividad ilícita representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región.

Este trágico suceso subraya la urgencia de una estrategia integral y efectiva para combatir la minería ilegal en Perú, que no solo proteja la vida de las personas, sino que también preserve la actividad económica formal y la seguridad en una zona crucial para la producción mundial de oro. La comunidad internacional observa con atención las medidas que se adopten para hacer frente a esta profunda crisis.