Ruth López, una vida comprometida con la defensa de derechos y la transparencia
San Salvador, 19 de mayo de 2025. Ruth López es una incansable
luchadora salvadoreña contra la corrupción y a favor de la transparencia
y la defensa de los derechos. Es abogada, defensora de derechos, docente
y madre. Cuenta con una amplia trayectoria en derecho constitucional,
transparencia, justicia administrativa y derecho electoral. Su trabajo
técnico y riguroso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó una
huella positiva por los avances en transparencia, profesionalización y
divulgación de información, al punto que hasta hoy sigue siendo
consultada por diversos sectores por su conocimiento en la materia.
En diciembre de 2024, fue reconocida por la BBC como una de las 100
mujeres más influyentes del mundo, destacando su labor en la promoción
de la transparencia política y la rendición de cuentas ciudadana.
Actualmente, se desempeña como jefa de la Unidad Anticorrupción y
Justicia de Cristosal, desde donde ha impulsado acciones clave para
exigir rendición de cuentas y proteger el interés público. Entre las más
destacadas se encuentran:
La denuncia ante la Corte de Cuentas por el uso irregular de fondos
públicos para brindar seguridad de agentes PPI a personas que no cumplen
los requisitos establecidos por la ley.
La acción contra el "Régimen Especial Transitorio", que permite
adquisiciones estatales sin licitación, evadiendo el control
constitucional y abriendo la puerta a graves riesgos de corrupción.
La demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de
Bandesal, que colocaron bajo reserva la información sobre el uso de
fondos públicos.
Escritos y denuncias por el uso de fondos públicos en la implementación
del Bitcóin, incluyendo un aviso penal ante la FGR por posible fraude
relacionado con la Chivo Wallet.
Recursos legales ante el TSE, reclamando el incumplimiento de los
partidos políticos en la transparencia de su financiamiento, así como
recursos de revisión contra resoluciones que restringen el acceso
ciudadano a dicha información.
Avisos por presunto enriquecimiento ilícito, transferencias irregulares
de inmuebles, y la creación de plazas fantasmas en instituciones del
Estado.
Denuncias de corrupción durante la pandemia: Presentó denuncias ante la
Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por presuntos
actos de corrupción en la apropiación y venta de paquetes alimenticios
del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), destinados a la población
afectada por la pandemia. Además, pidió una investigación a funcionarios
de la FGR por la posible omisión de su deber de investigar los hechos.
Impunación de la reforma sobre agentes encubiertos digitales: Presentó
una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional
contra reformas al Código Procesal Penal que permitían la intervención
de comunicaciones por agentes encubiertos digitales sin orden judicial,
señalando que vulneraban derechos fundamentales como la privacidad y la
intimidad.
Denuncia sobre el uso del software espía Pegasus: Señaló públicamente la
posible adquisición y uso del software Pegasus por parte del gobierno
para intervenir comunicaciones de periodistas y defensores de derechos
humanos, y solicitó investigar el origen de los fondos públicos que
pudieron haberse utilizado.
Críticas al régimen de excepción: Ha sido una de las voces más firmes
contra el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib
Bukele, denunciando detenciones arbitrarias, violaciones a derechos
humanos y el impacto de estas medidas en el aumento de la migración de
personas no vinculadas a estructuras criminales.
Participación en audiencias internacionales: Representó a organizaciones
salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
donde solicitó que se rechazara una reforma constitucional que
permitiría a una misma legislatura aprobar y ratificar enmiendas a la
Constitución, abriendo la puerta a la reelección presidencial inmediata.
La denuncia del “Caso 300”, que documenta cómo se podría haber entregado
dinero público a estructuras de pandillas sin ningún control
institucional.
La denuncia ante el TEG contra el ministro Francisco Alabí por
contrataciones irregulares durante la pandemia, así como solicitudes
sobre el uso irregular de fondos de emergencia del Fopromid.
Por su alto perfil y su reconocimiento tanto a nivel nacional como
internacional, Ruth López ha sido blanco constante de campañas de
desprestigio. Solo en lo que va de este año, ha recibido más de 150
ataques en redes sociales, impulsados por aparatos de propaganda
vinculados al gobierno de Nayib Bukele. Estos ataques provienen de
cuentas anónimas, medios oficialistas y creadores de contenido afines al
oficialismo, y forman parte de una estrategia sostenida para
desacreditar su labor como defensora de derechos humanos y promotora de
la transparencia.
En noviembre de 2024, su nombre apareció en una lista filtrada de
personas de interés de la Policía Nacional Civil (PNC). La filtración,
revelada por la prensa salvadoreña, incluyó fichas elaboradas por
inteligencia policial sobre periodistas, defensores de derechos humanos,
líderes sindicales y otras figuras de la sociedad civil. La inclusión de
Ruth en dicha lista era una señal clara del intento de criminalización y
vigilancia indebida contra quienes luchan por la transparencia y los
derechos humanos.
El impacto de su reciente detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025,
generó un pronunciamiento inmediato por parte de decenas de figuras
nacionales e internacionales, así como de organizaciones como Human
Rights Watch, Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Human Rights y
Front Line Defenders, que señalaron su captura como un acto de
represalia y criminalización de su labor como defensora de derechos
humanos. Este respaldo reafirma que Ruth López es una figura clave en la
lucha por la dignidad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos
en El Salvador.
