9 de febrero de 2026.- En el delicado equilibrio entre soberanía y supervivencia, México ha elegido, una vez más, sacrificar peones para salvaguardar a sus piezas mayores. Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno federal ha entregado a Estados Unidos a más de noventa reos vinculados con la delincuencia organizada, un gesto que pretende aplacar la exigencia estadounidense de un combate frontal contra el fentanilo y las drogas sintéticas. Sin embargo, cuando se agotan los capos prescindibles y los operadores de bajo perfil, el verdadero costo comienza a cobrarse dentro de las propias filas del partido en el poder.La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, el 5 de febrero de 2026, no constituye un episodio aislado ni una mera operación contra la corrupción local. Forma parte de un patrón que se ha vuelto estructural: ante la presión de Washington por la entrega de presuntos narcogobernadores y líderes de mayor calibre, el Estado mexicano responde con figuras incómodas para Morena misma. Rivera, primer morenista en conquistar un bastión históricamente opositor, acumulaba denuncias por extorsión sistemática a empresas tequileras y cerveceras, vínculos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y un ejercicio del poder que muchos calificaron como matonismo institucional. Su caída, festejada con música y baile en las calles de Tequila, marca el instante en que el partido empieza a devorarse a sí mismo para mitigar presiones externas.A este episodio se suma otro hecho de gravedad equivalente: la detención, a finales de enero de 2026, de dos presuntos militares en Sonora que intentaban traficar más de 160 kilos de cocaína. Estos casos, tomados en conjunto, ofrecen al gobierno estadounidense evidencia contundente y documentada de que el narcotráfico ha penetrado con profundidad suficiente las instituciones mexicanas —gobiernos municipales, fuerzas armadas y estructuras locales de poder— como para que, en cualquier momento, se justifique una declaratoria formal de “narcoestado”. Tal designación no sería retórica: legitimaría intervenciones selectivas, sanciones financieras ampliadas y, eventualmente, acciones unilaterales que el propio Trump ha dejado de considerar tabú.No se trata de casos aislados. Numerosas figuras de Morena — alcaldes, diputados, incluso gobernadores — han sido fotografiados en eventos públicos o mantienen lazos documentados con operadores del crimen organizado. Algunos, por afinidad ideológica; otros, por la necesidad financiera o territorial de sostener clientelas electorales.

Cuando el flujo de recursos ilícitos se vuelve indispensable para la reproducción del poder, el partido se transforma en rehén de sus propios aliados oscuros. Y ahora, ante la exigencia de resultados tangibles, recurre a la purga selectiva: primero presidentes municipales, luego diputados locales. El cálculo es cínico, pero aritmético: sacrificar lo prescindible para preservar lo estratégico.El dilema es tanto cuantitativo como existencial. ¿Cuántos presidentes municipales y diputados locales quedan para ofrecer en el altar de la cooperación bilateral? Cuando se agoten los cuadros de segundo y tercer nivel, ¿qué seguirá? Un senador federal, una gobernadora en funciones, quizá un miembro del gabinete.

El ataúd político de Morena ya está sellado; el último clavo fue la administración de Tequila, reforzado por la infiltración militar revelada en Sonora. Solo resta saber si el partido optará por perder un senador —aún sustituible— o una gobernadora, cuya caída arrastraría consigo la narrativa misma de “la transformación” en un estado clave.En este contexto, la retórica de la “soberanía” y la “decisión autónoma” resuena cada vez más vacía. México no combate al narco por convicción interna profunda; lo hace porque el costo de la inacción —aranceles, presión diplomática, posible intervención selectiva— se ha vuelto prohibitivo. Morena, que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción del régimen anterior, descubre que su propia arquitectura está impregnada de los mismos vicios que juró combatir.El movimiento de regeneración nacional enfrenta, pues, un dilema terminal: continuar entregando piezas propias hasta quedar desnudo ante el electorado, o resistir y provocar la escalada anunciada por Trump. En cualquiera de los dos caminos, el desenlace parece escrito: el partido que se presentó como la salvación moral del país terminará sacrificando a sus propios hijos para prolongar una agonía que ya no puede ocultar.

* El autor es periodista independiente, columnista, analista político, corresponsal y creador de contenido.