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Publicado por A dónde van los desaparecidos
El grupo de expertos
deja México después de ocho años ante la imposibilidad
de acceder a los archivos del Ejército para esclarecer
el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Entre
sus logros destacan la detención de Murillo Karam y el
arresto de militares involucrados en el caso Ayotzinapa.
La integrante Ángela Buitrago, familiares y
derechohumanistas hacen un balance de su labor
Por César Martínez para A dónde van los desaparecidos
... [leer más]
La opacidad se impuso en el caso Ayotzinapa. Ante la
imposibilidad de obtener nueva información, Ángela
Buitrago y Carlos Beristain, los dos últimos integrantes
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) que investiga la desaparición de los 43
normalistas en 2014, dejarán de colaborar con el
gobierno federal el 31 de julio. Unos días antes, el
martes 25, presentarán su último informe.
En entrevista, Buitrago asegura que se les empezaron a
cerrar las puertas de las instituciones, sin especificar
cuáles. Es cuidadosa de no mencionar a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), pero cuenta que, antes de
tomar la decisión de no renovar su estancia en México,
se preguntaron si podrían hacer alguna nueva aportación,
a partir del 1 de agosto, para ayudar a resolver el
caso.
“Precisamente por la misma opacidad [con] que [se]
maneja esto. Solamente podríamos aportar [algo más] en
la medida en que se cumpla el compromiso que se hizo, de
tener toda la información, y toda la información es
toda”, subraya vía telefónica la exfiscal colombiana.
“Aquí hay unos nudos de protección muy fuertes, muy
fuertes. Vienen heredados [de gobiernos anteriores].
Entonces, puedes generar personas de la administración
que hacen un papel muy bueno, pero dentro de las mismas
instituciones tienes gente que se recicló”.
Sin dar nombres, Buitrago asegura que esas personas
tienen un grado de poder muy importante. “Y hay
instituciones, y soy muy neutral, no voy a decir
nombres, que son jerárquicamente institucionalizadas y
[esas personas] tienen poder y mando, así sean
retiradas”.
La detención del ex procurador general de la República
Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad
histórica”, y haber expuesto la participación del
Ejército en la desaparición de los normalistas, son
logros del GIEI señalados por diversas fuentes
consultadas para hacer un balance de su labor, a la vez
que perciben en los expertos una disminución de su
crítica al gobierno.
No es la primera vez que el GIEI se queja de la falta de
transparencia de las instituciones mexicanas. Desde su
primer informe, presentado el 6 de septiembre de 2015,
el grupo expuso la pérdida y el ocultamiento de
evidencia. En los ocho años y cuatro meses que investigó
el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló
hallazgos como la existencia de un quinto autobús tomado
por los normalistas en Iguala que podría haber
transportado droga o dinero, el cual no fue incluido
inicialmente en la investigación, y la infiltración de
militares entre los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos.
Expuso también que efectivos de la Marina fueron los
primeros en llegar al basurero de Cocula, pero no se
registró en el expediente la diligencia que realizaron
en el lugar donde, según la versión oficial, los
normalistas fueron incinerados por integrantes del grupo
criminal Guerreros Unidos. También ha asegurado tener
pruebas documentales de que el Ejército, en 2014, hacía
un seguimiento de las actividades de esta organización
delictiva a través de un centro regional de inteligencia
militar, pero la Sedena negó que existiera cuando
desaparecieron los estudiantes.
Buitrago aclara que la falta de transparencia proviene
de diferentes dependencias, y revela que el antiguo
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
convertido en este gobierno en el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), les entregó una parte de la
información que posee sobre el caso Ayotzinapa, pero
luego agregó en una nota que no se podía usar porque era
un tema de seguridad nacional.
“¿Cuál es la intención?”, cuestiona la Fiscal de Hierro,
como es conocida en su natal Colombia. “Información de
seguridad nacional no existe ahí. Que están torturando a
la mitad de los detenidos, ¿eso es información de
seguridad nacional? Perdón, pero tienen en sus filas
gente que está cometiendo delitos y crímenes atroces”,
añade, nuevamente sin dar nombres.
Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los últimos
integrantes del grupo de expertos que permanecen en
México, durante su quinto informe, el pasado marzo.
(Saúl Peña/ObturadorMX)
Una fuente federal confirmó a este periodista que existe
una orden de aprehensión en contra de Ignacio Mendoza
Gandaria, exdirector de Apoyo a la Operación del Cisen,
por el delito de tortura a presuntos integrantes de
Guerreros Unidos, pese a lo cual volvió a ocupar un
cargo en el CNI y labora con normalidad en el organismo.
Mendoza Gandaria fue identificado en un video difundido
en julio de 2020, en el que también se observa a Tomás
Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal,
durante un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, el
Cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal
acusado de participar en la desaparición de los
normalistas. En las imágenes, el Cepillo está desnudo
del torso y con la cabeza cubierta; aunque no se observa
que sea golpeado, dos partes médicos incluidos en el
expediente del caso registraron 31 lesiones en su
cuerpo.
Mendoza Gandaria es el primer funcionario del CNI
procesado penalmente por el caso Ayotzinapa.
“Eso es gracias al GIEI”, señaló la fuente federal para
remarcar la importancia de la asistencia técnica del
grupo de expertos en México, al colaborar con la
Fiscalía General de la República (FGR) en la elaboración
de los casos penales, y lamentó que el proceso en contra
del mando del CNI se encuentre estancado en la fiscalía
federal.
Con el apoyo del GIEI, en agosto de 2022 se detuvo a
Murillo Karam, y a finales del pasado junio fue
arrestado Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la
Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) —el tercer funcionario de más alto
rango de la antigua Procuraduría General de la República
(PGR)—, acusados de fabricar la “verdad histórica”, al
igual que Zerón, quien se encuentra prófugo en Israel.
En el último mes fueron también detenidos diez
militares, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto,
excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
“Todo esto es histórico, y es por la asistencia del GIEI”,
remarcó la fuente consultada.
Como parte de sus facultades, el grupo de expertos
colaboró con la Unidad Especial de Investigación y
Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR
para armar los procesos judiciales de las personas
encausadas penalmente.
“Piensas que te quedas desamparado”
El GIEI inició sus funciones el 2 de marzo de 2015. Las
cinco personas elegidas para integrarlo fueron el
abogado penalista chileno Francisco Cox; Claudia Paz y
Paz, la primera mujer fiscal general de Justicia en
Guatemala; el médico y doctor en psicología vasco Carlos
Beristain; el abogado colombiano Alejandro Valencia,
quien trabajó con las comisiones de la verdad de
Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala, y la abogada
colombiana Ángela Buitrago.
Su primer periodo terminó el 30 de abril de 2016,
después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no
renovara su mandato. El GIEI inició una segunda etapa en
la actual administración de Andrés Manuel López Obrador
con cuatro de sus cinco integrantes, pues Valencia no
regresó a México.
El informe del 25 de julio será el sexto y último del
GIEI, y como sucedió con el anterior del pasado marzo,
lo presentarán únicamente Buitrago y Beristain, ya que
sus otros dos miembros, Cox y Paz, dejaron de colaborar
con el gobierno en octubre del año pasado, dos meses
después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ofreciera, sin
consultarles, un informe en el que incluyó capturas de
pantalla de conversaciones por celular de supuestos
integrantes de Guerreros Unidos durante la noche de la
desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, y
la madrugada siguiente, cuyo origen y autenticidad
fueron cuestionados por el grupo de expertos.
Para Mario César González, padre del estudiante César
Manuel González Hernández y uno de los voceros del grupo
de familiares, el retiro de los dos últimos integrantes
del GIEI es algo lamentable, pues considera que fueron
las primeras personas que les hablaron con la verdad y
los trataron con dignidad.
“Tenemos varias anécdotas con ellos, sentimientos que
van naciendo, que no se pueden describir, porque sientes
muy gacho cuando se van, piensas que te quedas
desamparado”, dice González.
“Afortunadamente, también tenemos dos equipos de
licenciados que han estado en las buenas y en las malas,
pero nos hace falta la vigilancia internacional”,
asegura, vía telefónica, en referencia al Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
Para González, hay dos responsables del fin del GIEI: la
Sedena, por no proporcionar toda la información que
tiene del caso, y López Obrador, por tolerarlo.
“Creo que el presidente la está regando muchísimo,
podría haber cambiado todo el rumbo de la historia y
desgraciadamente dejó que el Ejército se saliera con la
suya”, señala. “Desafortunadamente, las reuniones [con
López Obrador] se fueron pareciendo cada vez más a lo
anterior [con el expresidente Enrique Peña Nieto]”.
Y es que, aunque López Obrador ha instruido al
secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio
Sandoval, a que entregue toda la información que el
Ejército tiene sobre el caso Ayotzinapa al GIEI, esa
orden no ha sido cumplida, de acuerdo con lo denunciado
por sus integrantes.
El GIEI inició sus funciones en marzo de 2015.
Originalmente eran cinco miembros; de izq. a der.
Beristain, Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y
Alejandro Valencia. En la imagen, en las instalaciones
de la CIDH en 2014. (Centro Pro)
Contra la “verdad histórica”
El GIEI surge de una medida cautelar dictada por la CIDH
el 3 de octubre de 2014, solicitada por Tlachinollan y
el Centro Prodh en representación de los padres y madres
de los 43 estudiantes desaparecidos. Las organizaciones
civiles plantearon que para atenderla se requería
asistencia técnica internacional en las investigaciones.
Enfrentado a una fuerte presión social, con
manifestaciones cada vez más grandes, nacionales e
internacionales, en contra de la llamada “verdad
histórica” de la PGR, que concluía que los normalistas
habían sido incinerados en el basurero de Cocula y luego
sus restos esparcidos en el río San Juan, el gobierno de
Peña Nieto aceptó sin regateos la propuesta.
“Creo que el Estado mexicano nunca imaginó el rumbo de
esta asistencia técnica, yo creo que la aceptó en buena
medida por presión mediática, pero creyendo que era una
medida que podrían administrar”, considera Humberto
Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar,
organización civil que en octubre de 2015 se sumó a la
representación de las familias ante la CIDH, aunque
desde las primeras semanas les brindaron acompañamiento
psicosocial.
Consultado al respecto, un exfuncionario de la
Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que dicha
dependencia intentó evitar que se firmara el acuerdo con
la CIDH, pero la decisión ya estaba tomada.
“El GIEI fue un mecanismo novedoso, que rompía con
modelos anteriores. Se generó una posibilidad de que la
medida cautelar actuara paralelamente a la
investigación, siendo muy cercana a la fecha de los
hechos”, destaca Buitrago.
El modelo tuvo tal impacto que fue replicado en
Nicaragua, en 2018, y en Bolivia, en 2019, para indagar
violaciones a los derechos humanos cometidas en
contextos electorales, con la integración de expertos
independientes que pusieron a las víctimas en el centro
y mostraron las fallas estructurales de los sistemas de
procuración de justicia.
Los puntos de quiebre
Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan y de los
familiares de los normalistas desaparecidos, destaca dos
momentos fundamentales del GIEI. El primero, con Peña
Nieto, cuando echó abajo la “verdad histórica” y trazó
nuevas líneas de investigación. El segundo, con López
Obrador, al ahondar en la participación del Ejército en
los hechos.
En su primer informe, el GIEI concluyó que los 43
normalistas no fueron incinerados en el basurero de
Cocula, pues era científicamente imposible. Y mostró que
la “verdad histórica” fue un montaje armado por las
autoridades.
Desde entonces, la colaboración del gobierno con el
grupo de expertos disminuyó y se generó una campaña de
desprestigio en su contra, que tuvo como objetivo a Paz
y Buitrago; figuras públicas como Isabel Miranda de
Wallace, presidenta de la organización Alto al
Secuestro, realizaron comentarios para deslegitimar su
labor. En los meses siguientes, en internet se filtró un
audio de una llamada telefónica atribuida a Rosales en
la que se refería peyorativamente a los padres y las
madres de los normalistas.
Además, la PGR informó sobre la identificación del
estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuando el
estudio genético de un hueso hallado supuestamente en el
río San Juan no era determinante, lo que, según
testimonios de exfuncionarios, fue reconocido en privado
por la entonces procuradora Arely Gómez.
El gobierno de Peña Nieto se negó, en abril de 2016, a
ampliar el mandato del GIEI, por lo que el grupo dejó el
país al término de ese mes. Una semana antes, el día 24,
presentó su segundo informe, en el que abordó las
torturas infligidas por las autoridades federales a los
detenidos para poder fabricar la “verdad histórica”.
En ese mismo informe, el grupo de expertos reveló que
Zerón dirigió una diligencia irregular en el río San
Juan, con peritos de la PGR y uno de los inculpados,
Agustín García Reyes, el Cheje, un día antes de que se
registrara oficialmente la llegada de las autoridades al
lugar, donde sería encontrado un fragmento óseo
identificado como del estudiante Alexander Mora
Venancio, en un procedimiento no avalado por el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF).
También mostraron que en el ataque contra los
normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014
participaron elementos de las policías municipales de
Iguala, Cocula y Huitzuco, que instalaron dos cercos
para impedir que los jóvenes huyeran.
Una de las recomendaciones del GIEI fue sacar el caso de
la SEIDO, por lo que pasó a la subprocuraduría de
Derechos Humanos de la PGR, a cargo de Sara Irene
Herrerías, quien se ha mantenido en el cargo, ahora como
titular de la fiscalía especializada en la materia.
Hasta la fecha se han identificado los restos de tres
normalistas. En diciembre de 2014 se informó que un
fragmento de hueso enviado al Instituto de Medicina
Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria,
pertenecía a Mora Venancio. En julio de 2020, la misma
universidad identificó una pieza ósea de Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre. Y casi un año después, en
junio de 2021, se corroboró el hallazgo de una vértebra
de Jhosivani Guerrero de la Cruz. En los dos últimos
casos, los restos fueron localizados en la barranca La
Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.
Regreso y condiciones
La llegada de López Obrador a la presidencia de México
permitió el regreso del GIEI. En marzo de 2019, la CIDH
informó que se reintegrarían a las indagatorias cuatro
de los cinco expertos.
Desde entonces, colaboraron tanto con la Covaj, que
encabeza el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro
Encinas, como con la UEILCA de la FGR, cuyo titular era
Omar Gómez Trejo.
El 28 de marzo de 2022, el grupo presentó su tercer
informe, en el que mostró un video hasta ese entonces
desconocido, captado por un dron de la Marina, en el que
elementos de esa corporación llegan al basurero de
Cocula antes del arribo de los agentes de la PGR y
manipulan la escena. Los expertos aseguraron que el
Ejército había infiltrado a los normalistas con un
militar que se hizo pasar como estudiante, y que forma
parte de los 43 desaparecidos.
En agosto y septiembre del año pasado, dos hechos
derivaron en que Cox y Paz dejaran de colaborar con el
gobierno de López Obrador.
Uno fue el informe que presentó Encinas el 18 de agosto,
en el que concluyó: “No hay ningún indicio de vida [de
los normalistas] y eso no es una coincidencia con la
verdad histórica, esa es una triste realidad. Por el
contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan
que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
El segundo ocurrió el 13 de septiembre, poco antes del
octavo aniversario de la desaparición de los
estudiantes, cuando la FGR asestó un golpe contra la
autonomía de la UEILCA. Sin consultarlo con Gómez Trejo,
personal ajeno a esa unidad solicitó a un juez del
Estado de México, con sede en Toluca, cancelar 21
órdenes de aprehensión de un total de 83 obtenidas un
mes antes.
La medida favoreció a 16 militares acusados de
delincuencia organizada y provocó que Gómez Trejo
presentara su renuncia como fiscal especial del caso,
quien fue sustituido por el abogado tabasqueño Rosendo
Gómez Piedra.
En ese contexto, Paz y Cox decidieron concluir el pasado
31 de octubre su participación en el GIEI. Ese mes tuvo
lugar la última reunión privada, hasta hoy, entre López
Obrador y los familiares de los normalistas. En México
permanecieron Buitrago y Beristain por un plazo de tres
meses, que se prolongó hasta este mes de julio.
Únicamente pusieron tres condiciones para continuar: que
no se iniciaran investigaciones en contra de Gómez Trejo
o de su equipo, reactivar las órdenes de aprehensión
canceladas, y tener acceso total a la información del
Ejército. Solo una de ellas, la última, no se cumplió.
La decisión de quedarse causó divisiones en el
movimiento de derechos humanos: algunas personas
opinaron que los cuatro debieron retirarse para mandar
un claro mensaje de condena a los hechos de agosto y
septiembre, pero Buitrago y Beristain decidieron
permanecer porque consideraron que era la última
oportunidad de enderezar el caso y de seguir
investigando el paradero de los estudiantes.
“Nos sentimos bien [con ello], porque se encontraron
muchas más cosas. Bien, porque se pudo apoyar a la gente
que entraba a la fiscalía sin tener conocimiento de los
casos. Bien porque estábamos en un momento definitivo
donde se estaban judicializando los casos, había
audiencias y, si tú llegas nuevo, pues tampoco tienes la
posibilidad de conocer toda la información en más de 70
investigaciones y ocho juicios. Bien, porque demostramos
que las órdenes de captura eran justas”, reflexiona
Buitrago.
Durante su mandato, asegura Buitrago, las familias han
sido “su razón de ser”. En la foto, parientes de los
normalistas durante una conferencia de prensa sobre el
tercer informe del GIEI realizada en el Centro Pro. (ObturadorMX)
Menos crítica
En su balance, el investigador e integrante del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Jacobo
Dayán considera que el GIEI fue menos crítico con el
gobierno de López Obrador, en comparación con el de Peña
Nieto.
“Lo que no se toleró entonces, en este gobierno se
toleró más, supongo que es por la cercanía con Alejandro
Encinas”, afirma.
Dayán asegura que tanto Buitrago como Beristain tenían
una afinidad mayor con el gobierno actual, y
particularmente con el subsecretario y titular de la
Covaj.
“Hay, aparentemente, una confianza mucho mayor con
Alejandro Encinas y por lo tanto una reticencia mayor a
la crítica que lo que hicieron en el sexenio pasado”,
indica. “Es evidente la división, o diferencia de
visión, que llevó a unos a irse, y a otros a quedarse”.
Cercano a varios colectivos de víctimas, Dayán asegura
que el regreso del GIEI a México invisibilizó la crisis
de desapariciones en el país, pues el gobierno destinó
casi todos sus recursos al caso Ayotzinapa y desatendió
a otros grupos.
“De una manera muy perversa, el gobierno utilizó el caso
Ayotzinapa para invisibilizar el resto de la tragedia
[de personas desaparecidas]”, sostiene.
AMLO, factor de división
Durante el segundo mandato del GIEI, López Obrador actuó
como un factor de división entre los familiares de las
víctimas y los representantes de las organizaciones
civiles.
De acuerdo con diferentes personas que asistieron a las
reuniones privadas, el presidente insinuó a los
familiares que las organizaciones defensoras de derechos
humanos los utilizaban políticamente. En la mesa estaban
miembros del Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
En el encuentro de octubre de 2022, el formato fue
diferente. Antes se colocaba una mesa central con los
participantes sentados alrededor. Pero esa última
reunión se organizó como una conferencia, con el
presidente y la plana mayor del gabinete de seguridad
sentados en una tarima, y los familiares y sus
representantes ubicados abajo, como público.
Otro desencuentro se dio después de la revelación de que
Encinas fue espiado con el programa Pegasus. Algunas
versiones señalan que López Obrador achacó al Centro
Prodh la filtración, por lo que arremetió contra esa
organización jesuita por tres días seguidos en su
conferencia matutina, acusándola de estar vinculada “a
la derecha” y al “conservadurismo”.
“La obligación del Estado es seguir buscando”
En el cuarto informe del GIEI, presentado el 29 de
septiembre de 2022, los expertos cuestionaron la
intromisión de la FGR en la investigación del caso.
Aseguraron que algunos procesos judiciales fueron
encargados a miembros de la SEIDO, a pesar de que no
hicieron una buena investigación. También cuestionaron
la falta de transparencia de la Sedena.
Pese a todo, Buitrago defiende la labor del GIEI, y
afirma que su intención siempre ha sido robustecer las
instituciones en México.
“Los papás para nosotros son la razón de ser. Hemos
tenido siempre reuniones con ellos. Contándoles que
podemos quedarnos, pero a qué nos quedamos. Guardábamos
la esperanza de que se pudiera seguir avanzando
muchísimo más y se pudiera por lo menos encontrar a más
chicos o saber más”, precisa. “Nosotros podemos irnos,
pero la obligación del Estado mexicano es seguir
buscando”.
Como logros del GIEI insiste en que impidieron que se
instalaran narrativas falsas y se promovió la búsqueda
de los desaparecidos.
“Se encontraron a tres de los muchachos, se encontraron
informaciones y se lograron romper núcleos de silencio
muy fuertes. También se lograron núcleos de confianza
muy importantes. El GIEI logró confianza donde ya no
había confianza. La institucionalidad en México genera
desconfianza, que es lo peor, por la tradición, por todo
lo que ha pasado, por todo lo que ha salido, por los
métodos, por las persecuciones; ahí el GIEI jugó un
papel importante”, sostiene.
En su quinto informe, presentado en marzo pasado, el
GIEI aseguró que tenían documentos de la Sedena que
mostraban una orden interna de no proporcionarles más
información. También afirmaron contar con pruebas de que
los archivos solicitados al Ejército fueron movidos de
lugar desde mayo del año pasado, y les han sido negados.
El gran pendiente es localizar e identificar a los otros
40 normalistas desaparecidos. Mientras tanto, la CIDH
deberá definir junto con las víctimas y el gobierno un
mecanismo de seguimiento a las observaciones del GIEI.
En su último informe, el próximo 25 de julio, se
presentarán más videos inéditos, según fuentes que
tuvieron acceso al documento. Se espera que los expertos
vuelvan a denunciar la falta de colaboración de las
instituciones castrenses y apunten hacia una
participación más activa de elementos de la Secretaría
de Marina en la fabricación de la “verdad histórica”.
César Martínez es periodista especializado en
derechos humanos. Trabajó por más de una década en el
diario Reforma y coordinó por un año un equipo de
reporteo en NMás.
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