Las comisiones
unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un
proyecto para que estados, municipios y sus
entes públicos sólo puedan destinar hasta 0.15
por ciento, de los recursos que obtengan por
financiamiento, para cubrir los gastos
relacionados con la contratación de deuda
pública, sin incluir aquellos costos asociados
con honorarios por asesoría profesional,
técnica, legal y financiera.
Las y los legisladores buscan que estados y
municipios puedan contratar deuda al menor costo
financiero, pero también asegurar que estos
recursos se destinen en su mayor parte a
inversiones públicas productivas, su
reestructura o refinanciamiento.
Para ello, las comisiones que presiden el
senador Alejandro Armenta Mier y la senadora Ana
Lilia Rivera Rivera avalaron en su sesión del
pasado 24 de marzo, con 19 votos a favor, seis
en contra y una abstención, la minuta que envió
la Cámara de Diputados para reformar la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
El proyecto incorpora al artículo 2 de este
ordenamiento el concepto de gastos y costos
relacionados con la contratación para precisar
que son aquellos que estén relacionados con la
celebración del Financiamiento, que, de manera
enunciativa mas no limitativa, serán:
Comisiones de apertura, comisiones por
disposición, comisiones por estructuración,
costos por la contratación de calificadoras, de
instrumentos derivados y garantías de pago, sin
incluir honorarios por asesoría profesional,
técnica, legal y financiera.
Además, establece que los entes públicos sólo
pueden destinar hasta un 0.15 por ciento del
monto de los financiamientos para cubrir los
gastos y costos relacionados con la
contratación.
En el dictamen se destaca que las entidades
federativas, municipios y entes públicos no sólo
deben tomar en consideración la tasa de interés
que cobran las instituciones financieras, sino
otros costos que son igualmente importantes y
que muchas veces no son considerados en las
ofertas, tales como: intereses ordinarios,
comisiones, gastos, amortizaciones de principal,
y cualquier otro cargo que debe pagarse al
momento de contratar el crédito y durante su
vigencia.
En el debate, el senador Luis David Ortíz
Salinas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que
la intención de la reforma es “correcta”, pero
reduce de manera drástica el porcentaje máximo
para gastos relacionados con la contratación de
la deuda, lo que podría provocar que se demerite
el acceso a financiamiento de algunos estados o
municipios.
La redacción de la definición -agregó-, es
demasiado general y engloba conceptos “que tal
vez no encajen en un mismo paquete”, pues
limitar el gasto para las calificadoras puede
demeritar la cantidad y calidad de las
evaluaciones, lo cual es fundamental para prever
una potencial afectación al sistema financiero.
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI,
coincidió en que disminuir del 2.5 el porcentaje
para cubrir los gastos por asesoría financiera,
como actualmente lo establece el Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de las Entidades Federativas y
Municipios, no garantizaría las mejores
condiciones de mercado para contraer
obligaciones de crédito público.
Por Acción Nacional, el senador Víctor Fuentes
Solís dio su respaldo al dictamen pues, dijo,
“ni siquiera se deberían pagar comisiones” para
la contratación de deuda pública, ya que a
través de los años “se ha abusado” de esta
posibilidad; además, las entidades y municipios
tienen que contar con personal interno
suficiente para poder armar un expediente para
solicitar algún crédito, sin necesidad de
recurrir a asesoría legal externa.
Ovidio Peralta Suárez, senador de Morena,
explicó que se trata de impedir que los recursos
que sean contratados como deuda se destinen en
un porcentaje mayor al autorizado para el pago
de asesores legales y financieros. Recordó que,
del 2006 a la fecha, la deuda subnacional ha
crecido exponencialmente “y si no le ponemos un
freno esto será insostenible para muchos
estados”.
El presidente de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó
que la gran mayoría de los municipios urbanos de
nuestro país tienen capacidades para “armar”
expedientes técnicos para contratar
financiamiento público y buscar un punto de
equilibrio entre el derecho que tienen los
prestadores de servicios financieros, sin que
esto signifique una carga para el municipio.
Además, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya
Mota, anunció que presentará una reserva para
justificar el porqué establecer sólo 0.15 por
ciento del monto de los financiamientos para
cubrir los gastos y costos relacionados con la
contratación. |