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Ciudad de
México, a 30 de diciembre de 2021.- Las seis
personas fueron vinculadas a proceso, acusados
de ultraje a la autoridad por atacar con
cuchillos a los policías que los detuvieron La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador
del estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, por violaciones a los derechos humanos
a la seguridad jurídica y a la libertad
personal, derivadas de la detención arbitraria y
la imputación indebida de hechos por parte
elementos policiacos de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal
adscrito a la Fiscalía General del Estado de
Veracruz (FGEV).
Esta Comisión Nacional recibió las quejas de
seis personas mientras se encontraban privadas
de su libertad, quienes fueron detenidas el
pasado 3 de septiembre del 2021 en las
inmediaciones de un centro comercial de la
ciudad de Xalapa, por varios policías de la SSP
de Veracruz, entre los que se encontraban
personas encapuchadas, quienes los detuvieron,
revisaron sus pertenencias y les colocaron
esposas metálicas en muñecas con los brazos
hacia atrás.
La queja señala que las seis personas detenidas
fueron remitidas a los separos donde firmaron
documentos y dieron acceso a sus teléfonos
celulares para luego ser trasladados a
instalaciones de la FGEV en Xalapa, donde fueron
acusados de ultraje a la autoridad por atacar a
los policías con cuchillos, razón por la cual el
Juzgado Estatal 1 calificó como legal la
detención y los vinculó a proceso.
Este organismo autónomo integró el expediente y
logró recabar pruebas y evidencias uficientes
para acreditar que se violaron derechos de las
víctimas, debido a que los elementos de la SSP
del estado no se apegaron a los lineamientos
constitucionales y convencionales para la
privación de la libertad de cualquier persona, y
a que su detención se ejecutó sin orden de
aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso
urgente.
La Comisión Nacional considera, además, que se
vulneró el derecho humano de acceso a la
justicia al no existir, por parte de las
autoridades responsables de la FGEV, una
valoración objetiva de las evidencias contenidas
en el proceso penal, ya que no existe ninguna
duda de que la puesta a disposición de los
elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la
verdad, lo cual resulta en una imputación
indebida de hechos y, a pesar de ello, se
ratificó la resolución de mantener a las
víctimas en prisión preventiva, desestimando
pruebas ratificadas, reiteradas y dictaminadas
como ciertas.
Considera también que hay, por parte de las
personas servidoras públicas responsables, una
falta de compromiso con la cultura de la
legalidad, así como incumplimiento en las
obligaciones de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Por lo anterior, este Organismo Autónomo
solicitó al gobernador del estado de Veracruz y
a la titular de la Fiscalía General del Estado
que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención Integral a Víctimas de
Veracruz, procedan a la reparación del daño
ocasionado y les brinde, a las seis víctimas,
atención médica y psicológica gratuita que se
requiera y les provea de los medicamentos que
necesiten.
La CNDH solicita, además, que las autoridades
recomendadas colaboren ampliamente en la
presentación de las quejas que este Organismo
Nacional promueva ante la Contraloría General
del estado y la Contraloría General de la
Fiscalía de esa entidad, para que se proceda en
contra de las personas servidoras públicas que
incurrieron en responsabilidades
administrativas; se pide también que se colabore
en la presentación de una denuncia de hechos
ante la misma FGEV para que se proceda
penalmente en contra de quienes resulten
participantes en los hechos referidos en la
Recomendación.
Se solicita al gobernador constitucional de
Veracruz que, de manera particular, accione el
procedimiento legislativo en el estado, a efecto
de proponer la derogación del numeral 331 del
Código Penal para el estado, a fin de prevenir
nuevas violaciones a los derechos humanos en
beneficio de la población residente o que
transita en la jurisdicción de esa entidad.
Por último, se señala la necesidad de que se
impartan cursos integrales sobre capacitación y
formación en materia de derechos humanos a la
seguridad jurídica y a la legalidad, y acceso a
la justicia en la vertiente de procuración de
justicia, dirigido a las personas servidoras
públicas señaladas y demás personal involucrado
en los hechos.
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