REPORTE MÉXICO

PUBLICADO POR :Punto y Aparte Oaxaca

Sayda Morales Bustamante

Punto y Aparte Oaxaca recibió en su bandeja de denuncias un mensaje que no podía ignorarse. Fueron mujeres —no una, sino varias— quienes enviaron de manera anónima testimonios, capturas de pantalla, mensajes de voz y evidencia verificable sobre un patrón que se repite una y otra vez: el diputado morenista Oliver López García utilizando su posición, el fuero y la estructura pública del ICAPET dirigida por su hermana, para operar un sistema de reclutamiento bajo la apariencia de “ofertas laborales”.

Las jóvenes que denunciaron coincidieron en algo: no estaban buscando un encuentro personal, sino un empleo. Sin embargo, apenas mostraban interés en la convocatoria difundida por el diputado, él respondía de inmediato solicitando acceso a sus redes sociales, fotografías, información personal y detalles íntimos que nada tienen que ver con un proceso administrativo. Las capturas enviadas muestran cómo revisaba sus perfiles visuales antes de decidir si las “aceptaba” para continuar una conversación. El siguiente paso, también idéntico entre los testimonios, era la insistencia en verlas en persona, en restaurantes elegantes y preferiblemente en lugares con hotel cercano. En esos encuentros, relatan las denunciantes, el diputado “explicaba” que necesitaba personal y que era importante “conocerse bien”. Muchas describieron la misma sensación: aquello no era una entrevista de trabajo, sino una situación de presión vestida de formalidad.

El caso se vuelve más grave cuando se observa el contexto institucional. La dependencia desde la cual se gestionaban estas plazas es dirigida por Rosalinda López García, hermana del legislador. Documentos oficiales obtenidos por esta redacción confirman que múltiples contrataciones fueron realizadas en beneficio directo del diputado, incluso incorporando a decenas de personas originarias de Santa María Petapa, quienes jamás acuden a laborar. La nómina registra más de 40 aviadores vinculados a la familia López García, lo que representa un desvío aproximado de quinientos treinta y dos mil pesos mensuales y más de seis millones de pesos acumulados en lo que va del año. Estas personas, expusieron las denunciantes, trabajan en realidad para el ayuntamiento de Santa María Petapa, presidido por Tereso Martínez García, primo del diputado. La estructura completa opera como un circuito cerrado de poder familiar.

La estructura que acompaña esta investigación muestra la red en su totalidad. En la cúspide aparece Rosalinda López García, hermana del diputado, fungiendo como directora y responsable de autorizar plazas en el ICAPET. Bajo su firma cobran su pareja Juan Martínez García y su hijo Juan Martín García Matías. En paralelo, Oliver López García mantiene bajo su control a dos colaboradoras identificadas como cercanas a él: María Melqui Gómez, su asistente y, Karla Belén Castellanos, señalada como su secretaria particular e “íntima” asistente. El esquema se extiende hacia su primo, el presidente municipal de Santa María Petapa, Tereso Martínez García, cuyo ayuntamiento funge como duplicador de nómina: alrededor de cuarenta personas del municipio figuran cobrando en la dependencia estatal y simultáneamente en el Ayuntamiento, sin desempeñar funciones en el ámbito estatal. El conjunto refleja un esquema de sueldos duplicados que ha permitido desviar más de 6.3 millones de pesos únicamente en lo que va del presente año.

Las capturas de WhatsApp —autenticadas por nuestro equipo— revelan un patrón inquietante. Oliver López García se presenta como “diputado en receso” y “ex presidente municipal”, argumentando que “ocupa personal” y que lo importante es reunirse antes de proporcionar cualquier información sobre horarios, funciones o condiciones laborales. De forma reiterada, pospone los detalles administrativos para después del encuentro presencial, que siempre condiciona a partir de la apariencia física de las jóvenes contactadas.

Las denunciantes coincidieron en algo que estremeció a la redacción: todas sintieron que estaban siendo evaluadas no por su capacidad laboral, sino por un criterio mucho más personal y discrecional que las colocaba en un espacio de vulnerabilidad frente a un funcionario con poder, recursos y estructura pública a su disposición. En privado lo describen con una palabra que esta nota no necesita repetir; basta con decir que todas entendieron que el diputado no reclutaba personal, sino algo muy distinto.

El testimonio de cada una de las mujeres que se atrevió a denunciar abrió esta investigación. Fueron ellas quienes enviaron los mensajes, quienes aportaron evidencia y quienes confiaron en que este medio no haría lo que las instituciones han hecho: guardar silencio. Lo que describen no es una mala práctica; es un mecanismo completo diseñado desde el poder para elegir, cooptar y disponer de quienes buscaban empleo legítimo.