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Las Comisiones unidas de
Vivienda y de Puntos Constitucionales se reunieron con el
secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Román Meyer Falcón, con el propósito de analizar la reforma al
artículo 4º de la Constitución Política, en materia de vivienda
adecuada y digna.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta de la Comisión de
Vivienda, destacó la importancia de esta reforma a la Carta
Magna porque cambia de fondo y no sólo de forma la concepción de
vivienda.
“No es una reforma estética, sino de mucho fondo”, al reconocer
el derecho personal, que no es familiar, a la vivienda y el
término de vivienda adecuada, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena),
apuntó la relevancia de que la materia de vivienda esté en la
Constitución Política, al plasmar el derecho fundamental de los
seres humanos a tener un hábitat adecuado y digno, ante el
incremento en la demanda de vivienda popular en México por la
alta tasa de crecimiento poblacional.
Introducir ese concepto significa una responsabilidad mayor del
Estado, porque tiene que hacer un esfuerzo más grande para
procurar, a través de la gestión, acciones de diversa
naturaleza, modificación y adecuación a diferentes normas
legales para promover y financiar al sector y que cada vivienda
tenga las características que reclaman las necesidades de los
ciudadanos.
Participación de las y los diputados
En la primera ronda de preguntas, María de Jesús Rosete Sánchez,
diputada del PT, refirió la deuda histórica que tienen las y los
legisladores con el 60 por ciento de la población económicamente
activa que está en la informalidad y en la imposibilidad a que
accedan a una vivienda digna y adecuada. Propuso construir una
agenda integral y que de forma coordinada se haga asequible
acceder a un hábitat.
Del PRI, el diputado Reynel Rodríguez Muñoz expresó su
convicción de que la reforma avanzará en el Congreso. Preguntó
si existe la disposición de la Sedatu para facilitar el acceso a
sus programas, porque tiene muchas reglas de operación con
requisitos que dificultan su acceso y, en ocasiones, pueden
impedir que más mexicanas y mexicanos sean beneficiados.
Del PAN, la diputada Carolina Beauregard Martínez señaló que de
manera constante desde 2019 se ha visto una disminución en el
presupuesto para vivienda nueva, por lo que cuestionó cómo
combatirán ese rezago habitacional pues el presupuesto va a la
baja, y si se tiene estimada la producción de vivienda nueva
para 2023.
La diputada de Morena, Martha Azucena Camacho Reynoso indicó que
lo que se requiere para una vivienda es un derecho que todas y
todos los mexicanos deben tener, por lo que no se debe
considerar una vivienda digna el mero hecho de tener un tejado
por encima de la cabeza. Solicitó saber las acciones de
orientación que realizan las instituciones adecuadas para
proteger este derecho.
De Morena, la diputada Flor Ivone Morales Miranda comentó que no
se considera que una vivienda digna y decorosa no siempre puede
ser adecuada, sino garantizar el desenvolvimiento de sus
moradores, una adecuada protección contra la inclemencia y el
alejamiento del riesgo.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Rosalinda Domínguez
Flores pidió a los funcionarios informar qué relación tiene la
Sedatu con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable,
organismo que se presentó para regular las viviendas asentadas
en terrenos de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México.
La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) pidió informar sobre
si se dará algún recurso o apoyo a las familias afectadas con la
pérdida de vivienda por el desgajamiento del cerro del
Chiquihuite.
En la segunda ronda, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC),
consideró que las agendas locales deben ser el punto de
referencia en materia de vivienda en concordancia con la
federal, a fin de atender la problemática del sector de forma
integral, en particular para que los desarrolladores cumplan los
acuerdos. Un hábitat adecuado es una medida impostergable para
evitar más asentamientos irregulares.
Del PAN, la diputada Noemi Berenice Luna Ayala cuestionó el
optimismo del secretario de que pueda haber un aumento
presupuestal en el sector, “en la realidad yo lo dudo.
Lamentaría mucho que con un recorte del 32 por ciento de lo que
fue el presupuesto de 2021 a 2022 esta reforma quedará en letra
muerta y no pudiéramos dar cumplimiento a otorgar una vivienda
adecuada”.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez consideró
relevante que se eleve a rango constitucional el derecho a una
vivienda digna y adecuada, que cumpla los requisitos
indispensables no sólo de estructura y de espacio físico;
además, que cuente con lo necesario para que la familia se
desarrolle, a fin de que sea parte de los derechos humanos
consagrados en la Constitución, como una tarea prioritaria.
La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) dijo que es
urgente concretar el proyecto para construir vivienda para los
grupos étnicos; la mayoría de ellos ocupados en el campo han
tenido un rezago histórico y carecen de opciones para acceder a
este derecho, porque son personas con empleos informales en el
agro y la pesca.
El diputado del PAN, Rodrigo Sánchez Zepeda sostuvo que los más
necesitados no sólo se encuentran en la región sur-sureste, sino
en todos los estados, aun en los ricos. Cuestionó por qué una
política pública en vivienda discrimina a las demás zonas del
país. Propuso establecer un criterio de proporcionalidad y
atención, así como trabajar juntos en la construcción de un
presupuesto mayor.
De Morena, el diputado Raymundo Atanacio Luna dijo que la
vivienda para el Gobierno Federal es una prioridad. Planteó que
en las oficinas estatales del Registro Agrario Nacional se
observan largas filas de gente para solicitar trámites, por lo
que propuso hacer convenios con los más de 2 mil 400 municipios
para evitar el traslado de zonas distantes y gastos que implica.
Respuestas del titular de la Sedatu y funcionarios del sector
Al responder a las y los diputados, el secretario de la Sedatu,
Román Meyer Falcón, afirmó que la meta general de la política de
vivienda es que el Estado garantice que el mayor número de
ciudadanos tengan acceso a un crédito o un subsidio.
Para la reconstrucción y mejoramiento de vivienda en Guerrero,
dijo que se han invertido más de 700 millones de pesos con nueve
mil acciones.
Sobre el presupuesto, consideró que es probable que se
incrementen los recursos para el próximo año para atender el
rezago habitacional.
Aseguró que se hace un esfuerzo coordinado para atender la
demanda.
Respecto al modelo de vivienda, dijo que el cambio sustancial es
que “ya no se ve a la vivienda como una mercancía, sino como un
derecho” sustentado en una demanda legítima a nivel nacional.
Se ha hecho un trabajo importante por el Infonavit y el
Fovissste para ofrecer mayor número de créditos a tasas
preferenciales a la población de menores recursos.
Además, aumentar el porcentaje de préstamos al mejoramiento y
autoproducción de vivienda; es donde está el tema central de la
política pública del Gobierno Federal, porque cada familia sabe
en dónde se requiere remodelar su vivienda con apoyos directos,
subrayó.
Precisó que se han disminuido las deudas de muchas familias, a
través de la reestructuración de créditos a nivel nacional,
donde se han logrado buenos resultados; de condonación de
préstamos fueron 61 mil millones de pesos que se les quitó la
carga a las familias mexicanas, es un apoyo muy importante que
se hizo al respecto.
Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que el concepto de que
toda persona tiene derecho a disfrutar una vivienda adecuada
tiene como principios fundamentales la seguridad en la estancia,
disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e
infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad,
ubicación y adecuación cultural.
Al explicar los avances en vivienda en lo que se refiere a
apoyos directos a la población, el subsecretario de Ordenamiento
Territorial, David Cervantes Peredo, comentó que se han otorgado
recursos a más de 58 mil familias por casi nueve mil millones de
pesos, además de 49 mil apoyos para reconstrucción de vivienda
completa a quienes se vieron afectados por los sismos de 2017.
El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez,
resaltó que se amplió la base de población que atienden y no se
reduce a los 21 millones de cotizantes del IMSS, por lo que la
seguridad social en materia de vivienda se da ahora a quienes
antes eran discriminados bajo pretexto de riesgo, como son los
policías.
Al dar respuesta, Vega Rangel señaló que el millón de familias
que ya no están en rezago de vivienda dice mucho, pues se han
hecho muchas más acciones en todos los organismos y diseñado
políticas públicas, aunado a que la mayor parte de los recursos
de la Conavi es para atención de personas de escasos recursos y
población indígena.
A su vez, Cervantes Peredo explicó que las reglas de operación
fueron adecuadas a la realidad y a las necesidades de las
familias, además de que se ha facilitado el acceso a programas,
como el Programa Nacional de Reconstrucción donde sólo debía
acreditarse el daño a la vivienda.
Martínez Velázquez destacó que las viviendas transaccionadas con
algún subsidio federal tenían un costo de 23 por ciento mayor,
además de que existe un compromiso de parte de empresarios de
producir este año alrededor de 230 mil viviendas.
Con relación a lo sucedido en el cerro del Chiquihuite, la
directora general de Conavi explicó que ya se cuenta con un
predio que será donado por el municipio por Tlalnepantla y otro
por parte de la Ciudad de México, por lo que actualmente se está
elaborando el proyecto ejecutivo y la gestión de recursos.
El subsecretario de Ordenamiento Territorial dijo que el
Programa Nacional de Reconstrucción no terminará hasta que se
atiendan todas las solicitudes, siendo Oaxaca donde más recursos
se han orientado con más de siete mil millones de pesos,
particularmente en la zona del Istmo.
El titular del Infonavit aseguró que ya no se entregan créditos
para viviendas que no cuenten con servicios completos o estén
situadas en zonas de riesgo. “Hay historias de desarrollos que
se quedaron a medias y sin servicio, pero los municipios y
estados no tienen una política de vivienda”.
En su primera participación, el secretario Meyer Falcón destacó
que el rezago habitacional es de 8.5 millones concentrado en el
centro y sur del país.
Para atender ese déficit o rezago, las acciones se centran en el
mejoramiento y ampliación de vivienda actualmente existente,
mediante préstamos y subsidios.
Refirió que el 61 por ciento de la vivienda tiene un problema de
pago, hay 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional,
concentradas en estados fronterizos del norte del país,
principalmente porque se conformó un modelo de vivienda que
atendía una necesidad de mercado, pero no de los ciudadanos.
Para atender a los ciudadanos, se realizan acciones coordinadas
a la autoproducción, subsidios y más créditos a nivel nacional,
con lo que en la actual administración se ha apoyado a más de
200 mil familias vía subsidios directos, desde 35 mil pesos para
mejoras y hasta 90 mil pesos para ampliaciones, entregadas en su
mayoría a amas de casa.
Se han promovido en total más de un millón de acciones en
préstamos y subsidios, César Buenrostro Moreno, vocal Ejecutivo
del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), resaltó las
acciones realizadas de 2019 a la fecha, que ascienden a un
millón 865 mil 735, con una inversión de 845 mil millones de
pesos, a través de un esfuerzo coordinado con la Sedatu.
Son avances importantes en los nuevos polígonos de actuación en
busca de que no haya desarrollos de vivienda que se conviertan
en zonas abandonadas o ciudades fantasma.
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