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En medio de la tensión dentro
del gobernante Frente de Todos (FdT) por el rumbo de la política
económica nacional, referentes de derechos humanos, sociales,
culturales, sindicales, educativos, sanitarios, académicos,
artísticos, campesinos, indígenas, comunicadores, científicos,
jurídicos, feministas y religiosos, lanzaron el Comité de
Acreedores de la Deuda Interna (CADI), con el objetivo, de
«visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de
investigación, denuncia y reparación social en torno a la deuda
con el Fondo Monetario Internacional» y apoyar «el impuesto a
los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y
revisiones trimestrales de las principales deudas sociales». Su
primera acción fue el envío de una carta a la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de
Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Entre sus
integrantes están Juan Grabois, Adolfo Pérez Esquivel, Taty
Almeida, Alejandro Bercovich, Claudio Lozano, Roberto Baradel,
Julio Piumato, Omar Plaini y Pablo Moyano, entre otros y otras.
La iniciativa sería el segundo armado en ese sentido, dado que
desde enero de 2020 ya existe la Autoconvocatoria por la
Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Por ANRed.
En medio de la crisis gubernamental dentro del Frente de Todos (FdT),
tensionado por el tironeo entre el el presidente Alberto
Fernández y su vice Cristina Fernández, por el manejo del rumbo
económico nacional, y con la consigna de «priorizar la deuda
interna e investigar la deuda externa», se lanzó el
autodenominado Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI).
De esa manera, cien referentes sociales, culturales, sindicales,
educativos, sanitarios, académicos, artísticos, campesinos,
indígenas, comunicadores, científicos, jurídicos, feministas,
religiosos, y de derechos humanos lanzaron la campaña con el
objetivo de «visibilizar la deuda con el pueblo y promover
acciones de investigación, denuncia, y reparación social en
torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional«, y en
apoyo al «impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del
sector bancario y piden revisiones trimestrales de las
principales deudas sociales«, según indicaron.
La primera acción de la multisectorial fue el envío de una carta
a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de
la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la
Nación, dirigida a su Presidente, el senador José Mayans.
En la misma, señalan: «nos ponemos en contacto con usted para
solicitar una audiencia como Comité de Acreedores de la Deuda
Interna (CADI), preocupados por los magros avances en la
investigación de las responsabilidades por la deuda contraída
contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes; preocupados
también por la crisis social íntimamente asociada a estos
procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en
las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de
medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición
de unos pocos en perjuicio de muchos. El Comité es un espacio
amplio de articulación entre personalidades y organizaciones
sociales, políticas, gremiales, universitarias, académicas, de
derechos humanos, eclesiales, sanitarias, periodísticas,
feministas, de pueblos originarios, culturales, entre otras,
destinado a coordinar acciones públicas, institucionales y
judiciales tendientes a buscar conocer verdad, obtener justicia
y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por la
gran estafa que ha sufrido la Argentina. De esa manera, el
Comité se propone hacer realidad efectiva la consigna ‘La deuda
es con el Pueblo’, a través de distintos objetivos».
En la misma línea, amplían: «en primer lugar, el Comité buscará
visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado
Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo.
Los datos de esta enorme deuda son elocuentes. Actualmente en
nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra
bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por
debajo de la línea de indigencia. Son millones de argentinos y
argentinas que sufren. Junto con esta situación, hasta el mes
pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de
$33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria,
mientras que el ingreso medio de la población para el tercer
trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que,
aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social,
se puede ser pobre en este país«.
Asimismo, destacan desde el comité: «un dato habla por sí solo:
la participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó
de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021. La ganancia empresarial se
ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los
trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa
salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios
crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %. Esta
inequidad beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses
que no son Nacionales, ya que los sectores PyMEs siguen
sufriendo condiciones injustas frente a los grandes
corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial.
Además, según datos oficiales de 2018, el déficit habitacional
de nuestro país supera las 3,5 millones de viviendas y, de
acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al
menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5
millones de personas en condiciones de extrema precariedad y
falta de acceso a servicios públicos básicos«, sentencian.
También remarcan: «en el campo pobre, pueblos originarios y
comunidades campesinas sufren distintas formas de violencia y
despojo. Sin tierra propia en muchos casos, los productores de
alimentos son vejados por arrendamientos leoninos y falta de
acceso justo a los mercados lo que empuja la inflación. Los
pueblos originarios esperan que se termine el Relevamiento
Territorial fijado por ley en 2006 que lleva más de quince años
de demora. La Naturaleza se encuentra constantemente vejada por
las acciones impunes de grandes poderes económicos que con
proyectos extractivistas sin licencia social desconocen los
ritmos de la Tierra y las necesidades de las poblaciones. Basta
señalar un dato: en diez años, se desmontaron 2.776.068
hectáreas de bosque nativo, 150 veces la superficie de la Ciudad
de Buenos Aires, incumpliendo las leyes ambientales y dejando a
poblaciones enteras sin sustento lo que explica, por ejemplo,
las muertes de cientos de niños wichí».
En cuanto a la deuda interna, desde el comité expresan: «es
evidente, para nosotros, la urgencia que existe a la hora de
atender la deuda interna, con más razón luego de las
consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Macri
y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19». En ese
sentido, prometen bregar «por promover políticas públicas
acompañadas por el correspondiente compromiso presupuestario, de
forma tal que se refuerce y garantice el acceso a la tierra, al
techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación
y a la cultura para las grandes mayorías, además del respeto a
la Naturaleza y los bienes comunes».
«En segundo lugar, este Comité buscará implementar acciones para
demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad
del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en
colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios
estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el
Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y
en beneficio de grupos económicos concentrados. En ese sentido,
promoveremos la acción internacional del Estado Argentino, así
como también las iniciativas judiciales y políticas de su
ciudadanía», destacan, sin hacer mención a la convalidación que
se realizó, vía Congreso Nacional, de esa misma deuda, desde
sectores integrantes del mismo Frente de Todos.
«En tercer lugar, manifestamos nuestro rechazo a cualquier
supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por
parte de organismos que no sirven a los pueblos – ampliaron, en
cuanto a las consecuencias negativas del acuerdo con el FMI
sobre la soberanía nacional – Sin perjuicio de las eventuales
acciones de repudio que realicen organizaciones que integran
este Comité contra las llamadas ‘auditorías trimestrales’, el
Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la
presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las
políticas públicas que benefician a las grandes mayorías. En
efecto, consideramos que deben realizarse ‘revisiones
trimestrales’ sobre las políticas de desarrollo humano
destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos
una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta
deuda», aseguraron desde el comité.
Siguiendo con la enumeración de objetivos del espacio
multisectorial, detallan: «en cuarto lugar, con pleno respeto a
la posición personal u orgánica de cada integrante sobre el
recientemente firmado acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre
la conveniencia o no de su sanción, sobre el mérito de la
estrategia de negociación y sobre cualquier otra consideración
sobre el particular, el Comité en su conjunto buscará que el
pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la
crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se
beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales
que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri«.
En ese sentido, el Comité destaca que «apoya propuestas como el
‘aporte especial de emergencia’ para gravar impositivamente a
quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios
mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros
mecanismos coadyuvantes». También, remarca, «respalda la
iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es
lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a
nuestro país en concepto de deuda», y reafirma «la necesidad de
la participación popular en los procesos de investigación,
justicia y reparación».
De esta manera, el Comité de Acreedores de la Deuda Interna
(CADI) sería la segunda convocatoria que surge con la idea de
criticar los contenidos de los acuerdos de deuda con el FMI y
los demás organismos de crédito, dado que desde el 2020 ya
existe la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e
Investigación de la Deuda, una articulación abierta de
organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos
populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los
derechos humanos que desde enero de 2020 impulsan una amplia
campaña contra el pago de la deuda externa y las políticas
promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta articulación preexistente realizó, a fines de 2020, un
«Juicio Popular contra la Deuda y el FMI» y en diciembre de ese
mismo año dieron a conocer el «fallo» del tribunal de ese
juicio, integrado por figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora
Cortiñas, Nina Brugo Marcó, Alejandro Bercovich y Miguel Julio
Rodríguez Villafañe.
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