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publicado en
Los Ángeles Press
Análisis del vínculo entre el índice de Corrupción y la
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en México
y otros países.
Con voz propia
Rodolfo Soriano-Núñez
Viernes, 12 Mayo, 2023
La corrupción ha sido una clave del fracaso de las
iniciativas para contener la violencia.
Otros datos
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La corrupción afecta desde la manipulación de los
indicadores y reportes que deberían servirnos para
comprender qué sucede en materia de violencia hasta la
manera en que se fabrican culpables.
En sentido inverso, los países que han sabido hacerle
frente al aumento en los hechos de violencia, lo han
logrado al reducir las oportunidades para que la
corrupción ocurra.
Vienen a la mente los casos de Canadá y Uruguay con el
tema de la legalización del consumo de la cannabis, la
marihuana. Dada la frecuencia del consumo, dada la
evidencia acerca de que los daños son similares o
menores a los del consumo de alcohol o tabaco, las
respuestas de Ottawa y Montevideo a la realidad del
consumo de esa droga, les han evitado los daños que
padece México, donde el paradigma de la prohibición
genera las condiciones para que la corrupción, la
fabricación de culpables y la violencia campeen.
No es que en el gobierno de México no se reconozca el
peso y los efectos de la corrupción, sino que los
gobiernos del país, ya desde finales de los setenta,
había asumido que la “disciplina” que nos dicen existe
en las filas de las Fuerzas Armadas es la garantía de
que el problema se va a resolver.
Ello ha dado pie a la militarización que vivimos desde
que el expresidente José López Portillo decidió lanzar
la versión mexicana de la Operación Cóndor. Esa
realidad, deficiente en las últimas dos décadas del
siglo XX, empeoró cuando Felipe Calderón, en diciembre
de 2006, elevó la apuesta del gobierno con el
componente, muy probablemente sugerido por sus asesores
de imagen y propaganda de hablar en términos bélicos y
desplegar “el poder del Estado” en entidades como
Michoacán donde, al final de su gestión, no se logró
absolutamente nada.
Calderón, el día de su toma de posesión, en el acto que
se organizó a sí mismo en el Auditorio Nacional, dijo:
Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni
rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e
incluso y por desgracia, vidas humanas.
Pero ténganlo por seguro, ésta es una batalla en la que
yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que
librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la
delincuencia.
Pongamos fin a la impunidad de los delincuentes que
amenazan nuestras vidas y familias.
Otros han documentado la manera en que Calderón habló de
la guerra en los primeros meses de su gestión y aunque,
oficialmente mutó a partir de marzo de 2007 en la
llamada Estrategia nacional de prevención del delito y
combate a la delincuencia, su discurso continuó plagado
de referencias bélicas, militares.
Lejos de resolver los problemas de fondo, la estrategia
se convirtió en una pesadilla que años después, en 2020,
él todavía trata de justificar en su libro, publicado
ese mismo año, Decisiones difíciles, al decir que…
La política de seguridad de mi administración no era, ni
remotamente, producto de las decisiones de un sólo
funcionario. En ella colaboraban muchos servidores
públicos -civiles y militares- y, desde luego, también
había una colaboración estrecha con el gobierno de
Estados Unidos… La información en la que se sustentaba
la estrategia de seguridad provenía de múltiples fuentes
(p. 275).
La realidad es que no sólo bañó al país en sangre.
Ninguno de los objetivos declarados de la política de
seguridad se lograron y, al considerar lo logrado en
materia de combate a la impunidad, una de las claves de
su discurso en el Auditorio Nacional el 1 de diciembre
de 2006, no hubo avances. Incluso, uno podría argumentar
que con el fracaso del llamado Michoacanazo, con cero
sentencias a favor del gobierno federal, quien resultó
derrotado el 12 de abril de 2011, cuando se libró al
último inculpado en ese operativo, fue el gobierno de
Calderón.
En lo que hace a la corrupción en México y su vínculo
con la violencia conviene tener presente que el Índice
de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente
Transparencia Internacional, refiere que Calderón
recibió al país en 2006 con un índice de 3.3, bastante
mediocre ya entonces.
En 2007, logró una ligerísima mejora a 3.5 y en 2008 a
3.6. Sin embargo, para 2011 el valor ya era de 3 y su
gobierno cerró, un año después, en 3.4.
Una victoria pírrica respecto del indicador con el que
inició su gobierno, comprado con la sangre de miles de
víctimas, toda vez que en ese mismo periodo la tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 9.71,
(malo, pero manejable), a 23.52 en 2011. Al año
siguiente, se redujo a 22.14, como se puede ver en la
gráfica a continuación.
Índice de Percepción de la Corrupción y tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes, México
1995-2022. Ver nota metodológica al final.
Lo que vino después con Enrique Peña Nieto fue la
profundización de los dos problemas. Uno podría decir
incluso que en la medida que el peñanietismo se consumía
en los jugos de la corrupción que su líder consideraba
inevitable, por ser parte de la cultura en México,
aumentaba la tasa.
El índice se estancó en 2014 y 2015 y empeoró hasta el
final del sexenio de Peña Nieto, mientras la tasa crecía
implacable. De hecho, la tasa alcanzó el que hasta ahora
es el pico máximo de los últimos 32 años en 2018 con el
apocalíptico indicador de 29, mientras el índice se
sumía en un valor de 28.
Durante el actual sexenio, sería imposible que hubiera
cambios significativos en alguno de los dos indicadores.
La militarización sigue, incluso alentada ahora por la
incorporación de las secretarías de la Defensa Nacional
y la Marina en consejos del gobierno federal que no
habían pisado antes los generales y almirantes.
Por si fuera poco, serán dueños de la nueva compañía
Mexicana, de destinos turísticos como a las Islas
Marías, y de las obras de infraestructura, insignia de
la actual administración, como el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.
No en balde, la tasa oscila en el rango de los 27 a los
29, mientras el índice se ha estancado en un valor de
31, reflejo de una realidad en materia de combate a la
corrupción afectada por decisiones absurdas como la de
matar de inanición al Instituto Nacional de Acceso a la
Información.
Y es cierto, como en otros aspectos de su gestión,
Calderón y Peña hicieron un lodazal del INAI. Calderón
se lo entregó a personajes de la extrema derecha
mexicana, al Yunque. El segundo, lo hizo un paracaídas
dorado al servicio de sus incondicionales, pero dado el
carácter rotativo de sus órganos colegiados y los
procedimientos previstos, la actual administración
hubiera podido rescatarlo y mejorarlo.
Optó por no hacerlo porque eso le garantiza lo que
quiere: la oportunidad para trolear a sus adversarios y
hacer cada vez más opaca la administración de los
recursos públicos.
En América Latina la historia es, en gran medida, la
misma. Salvo el ejemplo virtuoso de Uruguay que contuvo
un ligero ascenso en su tasa con una vigorosa mejora en
su índice, que pasó de ser mediocre en los noventa (con
valores similares a los de El Salvador o México) a ser
el mejor de América Latina en la actualidad, comparable
a los del sur de Europa. El resto de la región está
consumida o por la realidad de la violencia o por la
preocupación que acompaña la incapacidad para mejorar en
materia de transparencia y rendición de cuentas, para
ser -en otras palabras- menos corruptos.
Uruguay, Índice de Percepción de la Corrupción y tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2022.
A pesar de ello es digno de destacar, una vez más, como
en el caso de la distribución del ingreso, el caso
colombiano. A la par de las iniciativas para desactivar
la violencia política, introdujeron mejoras en la
distribución del ingreso, discutidas la semana pasada en
esta serie Otros Datos, mientras mejoraban -así fuera de
manera limitada- el desempeño de sus órganos de control
de la corrupción.
Colombia, Índice de Percepción de la Corrupción y tasa
de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2022.
Hay países, desde luego, que es necesario observar con
detenimiento. El primero, uno de nuestros vecinos al
sur, Guatemala, que tiene una lamentable historia en
materia de combate a la corrupción y sus males
asociados, como la impunidad. Más allá de lo que nos
dice el índice, que es claro en ese sentido, conviene
tener en mente la historia de la muerte de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG,
que fue una de las buenas noticias que la atención al
tema trajo a escala global.
Y hubo mejoras en el índice gracias a ello. Pasó de 2.2
en 2004 a un pico de 3.4 en 2009 y, luego de la
expulsión y disolución de la CICIG en 2019, está en la
banda de los 24 puntos en la nueva metodología del
índice, una calificación peor que mediocre, de las
peores a escala global.
Eso es algo que debería preocupar al gobierno de México
como un tema de seguridad nacional, pero que -dado que
al actual gobierno mexicano le importa un pepino la
transparencia- no puede convertirse en un tema de la
agenda bilateral México-Guatemala.
Guatemala, Índice de Percepción de la Corrupción y tasa
de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2022.
Otro más es nuestro otro vecino al sur, Belice. La
ausencia de información en materia de corrupción se
acopla de manera casi perfecta con lo que sabemos de la
violencia ahí, similar en todo a la que padecen México,
El Salvador, Guatemala y Honduras, pero camuflada por
las diferencias lingüísticas y de diseño institucional,
entre estos cuatro y la antigua Honduras Británica.
Como en el caso de Guatemala, México debería considerar
la opacidad en su frontera con Belice una cuestión de
seguridad nacional, pero es difícil hacerlo cuando el
gobierno de México también le apuesta de manera activa a
la opacidad.
El otro es, desde luego, El Salvador. Lo que se ve ahí
como epifanía del populismo punitivo es culpa, al menos
parcialmente, del narcisismo de Nayib Bukele, similar en
más de un sentido al de Andrés Manuel López Obrador,
pero también al de Felipe Calderón.
Incluso hay quienes elevan la calificación negativa de
las políticas del actual gobierno de El Salvador y las
llaman darwinismo punitivo. Es decir, sólo los más aptos
para lidiar con la violencia en las calles y la
violencia del Estado sobreviven.
El Salvador, Índice de Percepción de la Corrupción y
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes,
1995-2022.
Creo que hay algo de razón para decir eso. En todo caso,
lo importante es que uno no debe olvidar la historia del
fracaso de décadas de gobiernos del Frente Farabundo
Martí y la Alianza Republicana que dejaron de competir y
se conformaron con darse turnos en el ejercicio del
poder.
No es que la situación de El Salvador sea especialmente
peor que la de México. De hecho, en el índice, El
Salvador califica mejor que México de manera
consistente. Es que cualquier esfuerzo de mejora en El
Salvador se estancó en 2004, que es cuando ese país
logró su máximo histórico en el índice.
A diferencia de Uruguay, que demuestra la capacidad de
la clase política para mejorar la rendición de cuentas y
reducir las oportunidades a la corrupción y mantener sus
muy bajos registros en la tasa, a pesar de haber
legalizado el consumo de cannabis, en El Salvador (como
en Honduras, Guatemala, México y otros países de la
región) lo que hay es estancamiento, sino es que francos
retrocesos.
Honduras, Índice de Percepción de la Corrupción y tasa
de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1995-2022.
Lamentablemente no contamos con información de lo que
ocurre en Venezuela en materia de homicidios. Es así,
entre otras cosas, porque con el pretexto de las
sanciones impuestas a ese país, el gobierno de Nicolás
Maduro ha obviado hasta lo más elemental del registro de
las estadísticas de ese país.
Sin embargo, sí contamos con la información de Venezuela
para el índice, como se puede apreciar en la gráfica
correspondiente que compara los valores del índice en
México y América del Sur. Lo que esa gráfica muestra es
cómo, cuando se le compara con el resto de América
Latina, Venezuela -ya desde mucho antes de que Hugo
Chávez se hiciera del poder- era un país cuyos
ciudadanos percibían con problemas de corrupción.
Índice de Percepción de la Corrupción, México y América
del Sur, 1995-2022.
El cogollo, como se le llama allá a la corrupción, se
convirtió en un deporte nacional en el que la democracia
cristiana del COPEI, lo mismo que la social democracia
de los adecos (como se conocen a partidarios de Acción
Democrática), se lucían. Tristemente, con Chávez y
Maduro la realidad es tan mala o peor como lo era en
tiempos de la extinta República de Punto Fijo.
Las implicaciones de ello no se agotan en la demencial
violencia que se vive en Venezuela. Tienen implicaciones
para la crisis de migración que se vive ahora mismo en
la frontera México-Estados Unidos.
El uso del Índice de Percepción de Corrupción
En este ejercicio se usaron los datos del Índice de
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
Lamentablemente, cuando esa institución decidió hacer un
cambio en su metodología, que es siempre algo positivo,
no ofreció una salida para hacer comparables los datos
obtenidos con la nueva metodología, en uso desde 2012,
con la que se usó desde los primeros ejercicios de 1995.
Para facilitar la comprensión de los vínculos entre
corrupción y violencia, en esta entrega de Otros Datos
se tomó una decisión cuestionable: Para elaborar las
gráficas que acompañan a este ejercicio y calcular las
correlaciones, todos los datos previos a 2012 se
multiplicaron por diez. Como se puede ver en la tabla 1,
algunos países como Costa Rica logran alguna mejora,
pero no rompe con la lógica del desarrollo de la lucha
contra la corrupción en ese país que, por lo demás, es
uno de los más eficaces en América Latina en esos
asuntos.
Quien considere que ejerzo algún tipo de violencia
contra los datos de Transparencia Internacional está en
su derecho de hacerlo. En la propia TI llaman a que no
se comparen los datos. Para bien o para mal, es el único
indicador que tenemos de qué ocurre a escala global en
materia de corrupción y es preferible usar esa
información a seguir los pasos de quienes promueven el
populismo punitivo, que no lleva a lugar alguno.
En todo caso, todos los valores previos se multiplicaron
por la misma constante (10), como se puede apreciar en
la tabla 1. Creo que ello facilita una comparación que
ciertamente no es perfecta, pero que permite comprender
si hubo cambios notables en cada país en un periodo más
largo que el que ofrecería la serie que inicia, con la
nueva metodología, en 2012.
No creo que ello afecte los argumentos clave de este
texto: Hay una relación entre la corrupción y la
violencia como la expresa la tasa de homicidios. Esa
relación varía en intensidad y sentido y es necesario
ser muy cuidadoso al analizarla, pero como se puede ver
en la última gráfica en este texto, sólo en cinco países
la correlación es débil (Filipinas, Brasil, Perú,
Guatemala y Panamá). El algunos países esas
correlaciones son muy robustas. En un sentido, en México
y El Salvador. En otros, como Sudáfrica, en otro
sentido.
Por último, los países deben combatir la corrupción
porque hacerlo reduce sus índices de violencia, entre
otros beneficios.
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