Preocupa a las más de 250 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos que integran la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) que termine el actual periodo de sesiones el próximo 30 de abril y la iniciativa de reforma indígena enviada a la Cámara de Diputados por el titular del Ejecutivo el 5 de febrero no sea dictaminada, votada y aprobada.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su dictaminación el 8 de febrero. Para enriquecer este proceso, la ALDEA entregó a ambas comisiones una opinión técnica que permitiría fortalecer la “Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.

En el acto de entrega los representantes de la ALDEA pidieron a los legisladores no demorar el proceso de dictaminación para evitar que ésta, como ha ocurrido con varias otras iniciativas en la materia, quede en el limbo o la congeladora.

La ALDEA recalcó que mientras se regatean los derechos de los pueblos en los Poderes de la Unión, en los territorios hay cada vez más asedio y hostigamiento de grupos criminales, empresas, partidos políticos y gobiernos que pretenden despojar a las comunidades de sus recursos naturales, cultura, territorios y vulneran sus derechos.

Es fundamental que con esta iniciativa se puedan reconocer y garantizar los sistemas normativos y el autogobierno de los pueblos originarios; su derecho al territorio y recursos naturales, a la personalidad jurídica como sujetos de derecho público para el ejercicio directo de presupuestos públicos; los derechos de las mujeres indígenas y del pueblo afromexicano, entre otros.

La iniciativa de reforma indígena que se encuentra en dictaminación en la Cámara de Diputados deriva de un proceso de participación coordinado por la Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación, en el que se realizaron más de 60 foros y asambleas regionales en la que participaron autoridades indígenas y representantes del pueblo afromexicano.

Sin embargo, algunos temas fundamentales recogidos en dicha propuesta consultada a los pueblos y comunidades, como es el caso del derecho al territorio y a los recursos naturales no fueron contemplados en la iniciativa presentada por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, siendo además un derecho consagrado en diversos instrumentos internacionales.

Por lo que, desde la ALDEA hacemos un llamado respetuoso a las Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Asuntos Indígenas, así como a las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para dictaminar y aprobar la iniciativa durante este periodo y sin dejar fuera el derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

La agenda indígena no debe quedar rehén del juego electoral. Las y los legisladores tienen la oportunidad de saldar una deuda histórica con los pueblos para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación y pasar a un nuevo tipo de relación basada en el respeto y la no discriminación.

Consulta la opinión técnica de ALDEA AQUÍ

#DictaminenYa #ReformaIndígenaYa #UrgeLegislar

La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, (ALDEA)
es una articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles, con presencia en
19 estados de la República.
Quienes la integramos, nos unimos por una necesidad
compartida de transformar las estructuras de desigualdad e injusticia que durante años han mantenido en la
marginación y la pobreza a los pueblos indígenas en nuestro país.

En un comunicado, PODER señaló que los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) sostuvieron una reunión el pasado 28 de febrero con autoridades estatales, con el objetivo de dar seguimiento al Plan de Justicia.

De acuerdo con los CCRS “persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades”, además de que “comparten información errónea, no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones, pero sí se reúnen con Grupo México para negociar”.

A pesar de que persisten niveles tóxicos de metales en los ríos Sonora y Bacanuchi, según reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las “autoridades siguen sin cumplir la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados a nuestras comunidades por medio de plantas potabilizadoras”.

Según marca el Plan de Justicia, la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Sonora estaría encargada de las plantas potabilizadoras y promete que la primera estará lista en abril de 2024, sin embargo, la CEA cedió la operación a una empresa privada que “no ha informado avances”.

PODER consideró que el “trabajo entre instituciones” y la “observación ciudadana” son indispensables en una sociedad democrática, por lo que denunciaron que “se continúan tomando decisiones sin informar ni contar con la participación de las comunidades, antes y durante el proceso”.

Además de la falta de agua potable, los CCRS también reclaman la falta de atención médica especializada en toxicología a toda la población afectada por parte de la Secretaría de Salud de Sonora, a pesar de que cuentan con una sentencia del Juez 13 de Distrito del Estado de Sonora.

Como parte del Plan de Justicia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometió a dar seguimiento mediante mesas de diálogo como entidad coordinadora del plan. A pesar de ello, la STPS sigue sin brindar informes actualizados a la población, adicional a que su ex titular, Luisa Maria Alcalde, nunca visitó el Río Sonora para constatar las afectaciones.

La denuncia

El 16 de agosto de 2023, Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, presentó una denuncia por violencia política de género ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) en contra de Rafael Zepeda Galván, director del medio digital Revista Territorio. En dicha denuncia presentaba 5 publicaciones en la red social Facebook a cargo de Zepeda como violencia política contra ella.

Las publicaciones trataban temas sobre su postulación como candidata al municipio y el aparente rechazo de ciertos grupos dentro del partido Morena, fallas en la recolección de basura en el municipio, presuntos vínculos a grupos de delincuencia organizada y abuso de cobro de multas, e inclusive una instancia donde la presidenta municipal llama “travestis de Morena” a diputados del partido Morena del Congreso local.

La Comisión de Denuncias y Quejas del IEE acordó, entre otras cuestiones, la procedencia de algunas medidas cautelares entre las cuales se encontraba el requisito al periodista de bajar las publicaciones en disputa, por lo que se vio obligado a bajarlas en lo que el Tribunal Electoral tomaba una decisión con respecto al caso.

Decisión del tribunal

El 20 de febrero de 2024, el Tribunal Electoral del estado, aunque descartó dos publicaciones de las señaladas, indicó que Rafael Zepeda sí era culpable de violencia política de género simbólica en 3 publicaciones:

Al publicar una caricatura política donde expulsan físicamente a la entonces candidata a la que se le ve en el aire junto con artículos de cocina y ropa (abril de 2021),
por el título «Presidenta Municipal por sus Calzones no Recoje Basura en Jardines del Valle” [SIC] (septiembre de 2022),
por una nota donde se utilizan discursos altisonantes respecto a la capacidad cognitiva de la ya entonces alcaldesa, (diciembre de 2022).
En acorde al Tribunal Electoral del estado, el periodista: “emite expresiones fuera de contexto que tuvieron como objetivo menoscabar su derecho político electoral de ser votada, (en el caso de la primera publicación objeto de análisis) y mermaban el goce y/o ejercicio de su cargo, una vez que ocupó el cargo de presidenta municipal, al ser expresiones que sin duda resultan ser agresivas y nada respetuosas de una servidora pública, pudiendo afectar, también, de manera indirecta, al visión de sus simpatizantes, al nulificar su capacidad de liderazgo y capacidad cognitiva.”

El Tribunal asimismo, en un párrafo de la sentencia indica que estas expresiones “de ninguna manera pueden catalogarse connaturales al debate político, pues no aportan información e ideas generalmente aceptables o neutrales, ni una crítica susceptible de soportarse en un Estado democrático, advirtiéndose que el objeto de la misma fue el menoscabo o anulación del derecho de ser votada y en el ejercicio del cargo de la denunciante, al atribuirle a la denunciante, estereotipos negativos que no abonan en el liderazgo de la misma.”

Ante la decisión del Tribunal, el periodista impugnó la decisión el 28 de febrero del presente.

Sobre el delito de violencia en razón de género

La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, es una problemática histórica en México. Según el Índice de Paz México 2023, “[…] el 70.1 % de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, y el 39.9 % de esa violencia proviene de una pareja. ” Asimismo, existen barreras sistémicas las cuáles han limitado históricamente la participación de las mujeres en el ámbito político. ONU Mujeres ha indicado que “Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones.»

Ante este escenario de violencia, el reconocimiento de las figuras de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia política por razón de género, fue un logro de mujeres, colectivas feministas y de la sociedad civil en general. Así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde su promulgación en 2007, definió[1] la violencia política contra las mujeres en razón de género con el objetivo de proteger la participación de las mujeres en la vida política del país.

Abuso de la normativa y preocupaciones

Si bien ARTICLE 19 celebra la introducción de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral, preocupa que se desvirtúe el propósito de esta legislación y sea utilizada contra periodistas y medios de comunicación de manera desproporcionada. La ambigüedad de la norma, así como la interpretación arbitraria sin perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, ha resultado en limitaciones a priori injustificadas.

Desde el 2016, ARTICLE 19 identificó una tendencia en México de usar ilegítimamente el poder público iniciando procedimientos ya sea administrativos, civiles o incluso penales. Mientras que en el 2015 sólo se tenía 1 caso de acoso judicial, para el 2016 se aumentó a 13, y en 2023 se identificaron un total de 22 procesos iniciados contra periodistas, de los cuales 9, es decir arriba del 40% estaban vinculadas a la normativa de violencia política de género en distintos estados de la república.

Estándares de libertad de expresión

Aunque ARTICLE 19 reconoce en los “Principios de Camden” que la libertad de expresión no debe considerarse como un derecho absoluto y que encuentra sus límites, éstos deben de pasar el test tripartito que incluye no sólo que sea una limitación por una legislación, sino que esta debe de perseguir un objetivo legítimo habilitado para restringir la libertad de expresión y ser estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida. En este sentido, las medidas cautelares, se convierten en un mecanismo de censura a priori y limitan información de cobertura periodística de relevancia pública. En el caso de Revista Territorio, notas del 2021 y 2022 fueron eliminadas sin sopesar la proporcionalidad de este daño al derecho de acceso a la información sobre una funcionaria pública ya ejerciendo su cargo, y sin que estas notas limiten a la funcionaria a ejercerlo.

Entre estos, cabe recordar que las y los servidores públicos están sujetos a un mayor umbral de tolerancia ante el escrutinio público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que el «sistema dual de protección» implica que “los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones”, esto incluye inclusive discursos que pueden ser considerados ofensivos.

Llama la atención que en la publicación donde el periodista publica que la misma alcaldesa llamó “travestis enmascarados” a diputados, ejerciendo ella misma un discurso discriminatorio siendo una funcionaria pública, sea sancionado el periodista que cubrió el hecho. Además, en el análisis de la violencia política en razón de género se debe analizar y acreditar de forma fehaciente la manera en que las expresiones generaron algún obstáculo en el acceso al poder para quien ya es alcaldesa.

ARTICLE 19 también expresa preocupación que, en su análisis, el Tribunal indique que al no expresar “ideas generalmente aceptables o neutrales”, el discurso utilizado por el comunicador no está protegido. Esto contraviene lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “[…] la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 llama al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Electoral de Colima y al Tribunal Electoral Regional de Toluca a analizar la impugnación al proceso de Rafael Zepeda Galván, director del medio digital Revista Territorio, así como de cualquier caso futuro en contra de la prensa,en acorde a los más altos estándares de libertad de expresión.

[1] La define la violencia política por razón de género contra las mujeres como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”

El primer dictamen, avalado por mayoría de 27 votos, corresponde a la minuta que adiciona una fracción al artículo IX de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para establecer que se considera discriminación restringir o limitar el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente. La propuesta fue presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El segundo proyecto, que recibió 29 votos a favor, se refiere a una reforma al Artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de paridad de género en la conformación del Consejo Consultivo, suscrita por la diputada Aceves García.

En este sentido, la legisladora comentó que la finalidad del dictamen es garantizar que el Consejo Consultivo se integre con personas electas bajo en principio de paridad de género y, así, reforzar la participación de las mujeres en la instrumentación de políticas en materia de protección y promoción de derechos humanos.

Con ello, agregó, se da un paso más en la eliminación de barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder a la vida pública y a una mayor participación efectiva.

El tercer dictamen, validado por mayoría de 28 votos, tiene que ver con la reforma al artículo 47 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de armonización legislativa, cuya promovente es la diputada García Segura.

Al respecto, la legisladora comentó que con la aprobación del dictamen la Comisión a su cargo cumple con la sentencia del XII Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de julio de 2023, por lo que ahora corresponde someterlo a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

Determina que en todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la misma establece, se estará a lo dispuesto en el “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.

Asuntos generales

En este apartado, la diputada Sofía Carvajal Isunza, del PRI, se pronunció en contra de la violencia que se ejerce hacia los periodistas, como el caso del reportero Jaime Barrera, ocurrido en Guadalajara, Jalisco, por lo que demandó a los grupos parlamentarios no “normalizar” este problema y conformar un grupo especial de seguimiento a los crímenes de representantes de medios de comunicación.

Asimismo, pidió citar a las secretarias de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la persona titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues es urgente tomar medidas de protección hacia este gremio, antes de que concluya la presente Legislatura.

La diputada de Morena, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, respaldó la solicitud y exhortó a todos los grupos parlamentarios a sumar esfuerzos para aprobar el dictamen, ya existente, que otorga al Poder Legislativo la facultad de generar un nuevo protocolo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

Por su parte, la diputada Mariana Mancillas Cabrera (PAN) también se sumó en contra de las agresiones a periodistas, así como de cualquier otra persona que sufre desapariciones, pues es ofensivo que en México exista un problema de esta magnitud y se envíen elementos a otro país para buscar personas desaparecidas de mucho tiempo atrás.

La diputada del PRD, Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables puso a disposición este órgano legislativo para coadyuvar en todo lo que se requiera para la protección a periodistas y defensoras de los derechos humanos, toda vez que siempre ha trabajado en beneficio de estos dos segmentos.

Del PT, la diputada Maricela Garduño Garduño, se manifestó a favor de que se apruebe ya el dictamen en materia de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en virtud de que la presente Legislatura está por concluir y es importante dotar de protección a estos sectores.

En su oportunidad, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, destacó la urgencia de que se suba a Pleno dicho dictamen, para evitar que se pierda en esta Legislatura sin haber sido votado y, por otro lado, pidió que se informe a la Comisión sobre la situación en la que se encuentra el Centro Nacional de Identificación Humana, ya que se le asignaron recursos y no se sabe en qué se han destinado.

Esta tarde se presentó en el Senado de la República el libro “Actuación de los Agentes del Orden con Apego a los Derechos Humanos”, manual de carácter práctico elaborado por Ricardo Garduño Pastén, que pretende disipar las dudas de policías y militares sobre la manera en que deben ejecutar sus tareas, con respeto a las garantías individuales y a lo establecido en las leyes.

El texto no es de carácter teórico, sino que está elaborado en formato de preguntas y respuestas que, a través de ocho capítulos, exponen situaciones cotidianas que deben enfrentar los agentes del orden, así como soluciones prácticas fundamentadas legalmente, a través de un lenguaje directo, sencillo y claro para el lector.

Al encabezar el lanzamiento de la obra, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, consideró que más que un manual, el texto puede considerarse como un “protocolo” para policías y militares, cuyas actuaciones a veces no siempre se dirigen con pulcritud, responsabilidad o respeto a los derechos humanos desde el momento de las detenciones.

Tales deficiencias, precisó, pueden provocar que los procedimientos o las causas penales “se caigan” al llegar a manos de los jueces; por tanto, opinó que el libro, además de tener gran relevancia, será una oportunidad para que quienes actúan primeramente en el proceso de justicia, tengan el conocimiento de un protocolo adecuado de actuación.

Entre las temáticas que expone el texto para las y los agentes del orden, están la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión; la detención en flagrancia; el uso de la fuerza pública; la intromisión a domicilio de particulares con orden de cateo y sin ésta; la cadena de custodia; y la participación de agentes del orden en audiencias judiciales.

Su autor, Ricardo Garduño Pastén, es egresado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México; cuenta con estudios de grado y posgrado en derecho penal, derechos humanos, derecho procesal y derecho constitucional, entre otros, y actualmente es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Toluca, Estado de México.

Al tomar la palabra, detalló que fue durante la pandemia de Covid-19 en 2020 y debido al confinamiento, que surgió en él, la idea de crear un texto de esta naturaleza, tomando en cuenta las pláticas que ha tenido con distintos agentes del orden que lo buscaban para asesorarse y expresarle sus “miedos y dudas” respecto a los protocolos de actuación.

Su libro, cuyo tema central es el respeto a los derechos humanos, precisó, contó además con la asesoría de 14 expertos en la materia y la opinión de la senadora Olga Sánchez Cordero, por lo que lo consideró una “obra titánica”, pero también actual y trascendental que, además de orientar a policías y militares, dará certeza a la sociedad para que no haya impunidad.

La directora de la Facultad de Derecho de la UAEMEX, María José Bernales Aguilar, sostuvo que el texto llega en un momento crucial en el que los derechos humanos deben ser respetados por los agentes del orden, pues esto, defendió, es un pilar fundamental para el fortalecimiento del Estado, y la “desviación” de tal principio puede erosionar la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, enfatizó que la obra es de las pocas escritas de manera sencilla y cuyo autor es magistrado a la vez que académico.

Destacó, asimismo, la conveniencia de la obra, ya que militares y policías son los más cercanos a la población, quienes deben respetar los derechos humanos y coadyuvar a resarcir el orden social.

“En este proceso también se debe considerar la actualización de los programas de desarrollo urbano porque todos los instrumentos de planeación territorial deben ir de la mano para poder financiarlos de mejor forma. Estamos en buen momento para hacer estas reflexiones y plantear una ruta factible”, expresó el servidor público.

Al inaugurar la conferencia magistral 'Mecanismos de financiamiento climático para municipios', el secretario refirió que estas actividades se realizan en el momento adecuado para implementar herramientas que permitan abatir el rezago territorial de una forma sostenible y asequible.

El coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Sedatu, Álvaro Lomelí Covarrubias, recordó que este encuentro es el módulo 4 del curso ‘Instrumentos de financiamiento desde la gestión municipal y metropolitana’ que se presenta en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ, en México) y el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, y que capacita a más de 3 mil personas en materia de financiamiento urbano.

“El objetivo es contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales con respecto a los instrumentos de financiamiento urbano a través de conocimiento teórico práctico sobre instrumentos fiscales, de distribución y valorización del suelo, para el fomento a la vivienda adecuada y un desarrollo urbano más sostenible”, dijo.

Durante el encuentro se compartieron estrategias para la creación de un fondo verde de financiamiento a nivel regional, a fin de ampliar los recursos para proyectos y programas con impacto significativo al cambio climático y/o que busquen la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en zonas urbanas.

Especialistas en la materia enfatizaron la importancia de alinear estrategias municipales con los compromisos nacionales para maximizar el impacto y la coherencia en la lucha contra el cambio climático; así como promover proyectos comunitarios que fomenten una cultura de sostenibilidad y resiliencia en las ciudades.

En este evento participaron: Lidia González de Lincoln Institute; José Alfredo Vargas, especialista en Financiamiento Climático y Sostenibles Cooperación Técnica Alemana; y Auribel Villa Avendaño, coordinadora técnica Proyecto Biocitis de GIZ México.

La restricción, que arrancará a partir de las 00:00 horas de la fecha establecida, también considera la zona marina comprendida entre Ensenada, Baja California, y la frontera con Guatemala.

Señaló que con esta medida se busca administrar, regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas con el ordenamiento de las actividades de quienes intervienen en esta actividad.

En el Acuerdo, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que el recurso camarón –en particular en el litoral del océano Pacífico y Golfo de California– representa una de las principales pesquerías comerciales con alta relevancia económica y social.

Su captura comercial es relevante en la participación y aportación en la producción de alimentos destinados al consumo local, nacional e internacional, además de la generación de empleos y divisas.

Por lo anterior, se precisa la necesidad de implementar una medida de manejo, con enfoque ecosistémico, para la suspensión temporal de la actividad pesquera con objeto de proteger al stock reproductor, los procesos reproductivos y el reclutamiento de juveniles de camarón a las zonas de crianza y crecimiento.

La veda temporal es aplicada con base en la opinión técnica de los expertos del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

En el DOF se establece que quienes incumplan o contravengan este acuerdo se harán acreedores a las sanciones aplicables por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales.

Para quienes mantengan en existencia camarón proveniente de la pesca en estado fresco, entero, deshidratado, procesado, enhielado, congelado, cocido, seco o en cualquier otra forma de conservación y presentación en la fecha de inicio de la veda, deberán formular un inventario conforme al formato Conapesca-01-069 y presentarlo en las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en un plazo de tres días hábiles contados a partir del 20 de marzo.

Mientras que para transportar camarón en todas las presentaciones anteriormente mencionadas desde las zonas litorales, donde se establece la veda, deberán contar previamente con la Guía de Pesca validada y emitida por las oficinas de la Conapesca.

El acuerdo entró en vigor el día de hoy 14 de marzo y la vigilancia de su cumplimiento se encontrará a cargo de la Secretaría de Agricultura, a través de la Conapesca, y de la Secretaría de Marina (Semar), con base en sus respectivas facultades y atribuciones.

Con motivo del Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que se conmemora el próximo 21 de marzo, la Red de Movilidad Integrada (MI) informa que el lunes 18 de marzo, día feriado, se tendrá el siguiente horario de operación:

SISTEMA HORARIO Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 07:00 a 00:00 horas Metrobús 05:00 a 00:00 horas Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 06:00 a 23:00 horas Trolebús 05:30 a 23:30 horas Tren Ligero 07:00 a 23:30 horas Cablebús 07:00 a 23:00 horas ECOBICI 05:00 a 00:30 horas RTP (Servicio de apoyo L1) 07:00 a 00:00 horas Metrobús (Servicio de apoyo L1) 07:00 a 00:00 horas Metrobús (Servicio de apoyo L9) 07:00 a 00:00 horas Biciestacionamientos 07:00 a 00:00 horas Ecoparq Sin servicio Módulos de Control Vehicular y Licencias Sin servicio

Cabe recordar que, para este día, la Red MI permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Adicionalmente, los Centros de Atención a Usuarios de ECOBICI permanecerán cerrados.

La sanción impuesta por la Proepa se debió a la extracción de material geológico del sitio de manera irregular, sin que la persona responsable del proyecto comprobara la acreditación de contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), documento oficial indispensable para la operación de este tipo de actividades, representando una violación a las normas ambientales vigentes del estado de Jalisco.

La clausura total temporal impuesta consistió en la colocación de cinta delimitadora y sello de clausura en el predio en cuestión con la finalidad de inhibir las actividades de extracción de material geológico, con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción I de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA), permaneciendo esta medida de seguridad hasta que el responsable del proyecto cumpla con los requerimientos establecidos en materia de impacto ambiental.

Lourdes Ambriz cantante soprano y Carlos Salmerón en el piano, brindarán el concierto el 14 de marzo a las 20:00 horas en el Patio de las Esculturas del museo en Guanajuato capital como parte de los eventos especiales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer organizados por el Museo Iconográfico del Quijote durante marzo.

Interpretarán piezas de compositoras mexicanas como María Teresa Prieto, Rosa Guraieb, Lilia Vázquez Kuntze, Karina Peña Carrera, María Granillo y Lucía Álvarez.

El concierto contará con poemas y canciones de Sor Juana Inés de la Cruz, María, Olga María del Carmen Ortega C., José Juan Tablada y Elvia de Angelis.

La soprano Lourdes Ambriz, ha actuado en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente, participando junto a Plácido Domingo y Justino Díaz. Ha sido solista de la Orquesta de Dallas y San Francisco; del Centro Nacional de las Artes de Canadá; Simón Bolívar de Venezuela, Deutsche Kammerakademie; de la Ópera de Praga y del Cuarteto Arditti.

La cantante solista ha sido Directora Artística de la Ópera de Bellas Artes y participado en sus producciones por más de 30 años. Actualmente imparte la cátedra de Canto en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana.

El pianista Carlos Salmerón, se ha presentado en los cinco continentes, es docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y de la Escuela Superior de Música del INBAL. Desempeña su actividad artística en recital para piano solo, música de cámara, canto y piano, así como solista con orquestas sinfónicas.

Los Jueves Musicales del MIQ tienen más de una década de ofrecer conciertos de música de cámara, recibiendo a más de 600 intérpretes de distintos países. Estos conciertos han sido posibles gracias a la colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

CONOCE A LAS COMPOSITORAS

María Teresa Prieto nació en Oviedo, España, y llegó a México a finales de 1936, durante la Guerra Civil Española como artista desterrada. Entre sus maestros se encuentran figuras importantes como: Darius Milhaud, Carlos Chávez y Rodolfo Halffter. Fue estudiante del compositor Manuel M. Ponce quien influyó en el estilo folklórico en muchas de las composiciones.

Durante las décadas de 1940 y comienzos de la de 1950 la figura de María Teresa Prieto estuvo muy presente en la música mexicana. Se interpretaron y estrenaron numerosas obras de la compositora en las temporadas de la Orquesta Sinfónica de México en el Palacio de Bellas Artes

Rosa Guraieb fue pianista, maestra y compositora, nació en Oaxaca en el seno de una familia Libanesa. Cuenta con un catálogo de obras prevalentemente de cámara, vocales y para piano. En algunas de sus obras quiere representar su perspectiva personal de orígenes libaneses.

En los años 50 su popularidad empezó. A sus 20 años de edad se presentó como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec por mencionar algunos. Sus obras se han interpretado en Buenos Aires, Madrid, Italia, Hong Kong, Nueva York, Portugal, entre otros.

A partir de 1982 pasó a formar parte de la Liga de Compositores de Música de Concierto de México, A.C., y también a la Liga Internacional de Mujeres en la música Frau und Musik Internationaler Arbeitskreis e.v. de Hannover, Alemania así como a la Sociedad Mexicana de Música Nueva.

Lilia Vázquez Kuntze, como pianista y compositora ha participado en festivales relevantes de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, España, EUA, Cuba, Chile, Argentina y México. Ha recibido encargos de composición de artistas de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Ha creado su propia técnica composicional llamada Simetría Interválica.

Karina Peña Carrera cuenta con amplia experiencia como pianista acompañante con prestigiosos músicos en los principales recintos de México y otros países. Como compositora se ha especializado en composición para cine, teatro, danza y medios audiovisuales en Italia y México.

María Granillo es una compositora reconocida a nivel internacional, cuenta con un extenso catálogo de obras para solistas, varios conjuntos desde camerísticos hasta sinfónicos y vocales. Importante también su actividad como catedrática del programa de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM. Sus composiciones han servido como música original para teatro, cine y danza.

Ha recibido la Medalla Mozart 1996, así como una nominación (2010) al Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. La UNAM le otorgó en 2014 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que entrega a las mujeres universitarias destacadas.

Lucía Álvarez, es pianista y compositora. Desde 1967, Lucía enfoca su actividad como compositora a las artes visuales y escénicas: cine, teatro y televisión; ha ganado premios nacionales e internacionales en diversas ocasiones. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ganadora de seis premios Ariel por la música de las películas: “El callejón de los milagros”, “Principio y fin”, “La reina de la noche”, “Mezcal” y “Cuentos de hadas para dormir cocodrilos”.

Estudió música para cine con el compositor italiano Ennio Morricone. Entre los directores con los que ha colaborado destacan Juan Ibáñez, Arturo Ripstein, Jorge Fons entre otros.