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Publicado por
Mongabay Latam
por Roxana Romero en 15 junio 2023
Para evitar la instalación de una planta para
producir cianuro de sodio, pobladores de 22
comunidades crearon el Frente Unido de Pueblos de la
Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el
Agua. En 2020, a través de un juicio, lograron
detener el proyecto llamado Chemours Laguna.
Desde hace tres años, los integrantes del Frente
están atentos de que se cumpla con el
desmantelamiento de lo que iba a hacer la planta de
cianuro.
Las agresiones que varios integrantes del Frente han
padecido desde que comenzó su lucha no han cesado.
En los últimos meses, han sufrido violencia física,
hostigamientos e intimidaciones judiciales.
No es grande. Maderas, cobijas y lonas forman las
paredes improvisadas. No tiene ventanas. Como techo
hay carpas de vinilo que filtran los rayos del sol y
al interior generan una luz roja. Los gritos de
niños y niñas se entremezclan con los corridos
tumbados que suenan desde los celulares de los
adolescentes. A ese lugar lo han bautizado como “el
campamento norte”. Es el epicentro de su resistencia
en contra de una planta para producir cianuro.
Karla Chavira, Reynalda Hernández y Gloria Mendoza
sienten que ahí es su nuevo hogar. No lo planearon.
Apenas se conocían cuando comenzaron a compartir la
cocina para alimentar a quienes, desde el 23 de
julio de 2020, se plantaron afuera de lo que iba a
ser una fábrica de cianuro. La resistencia unió a
las mujeres y también a sus familias.
La planta de cianuro se pretendía instalar en los
límites de la comunidad de Dinamita, justo frente a
Pueblo Nuevo El Siete, en la región conocida como la
Comarca Lagunera, en el estado de Durango, al norte
de México.
El campamento norte —donde las tres mujeres cuentan
su historia— es uno de los dos instalados por el
Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de
la Vida, el Territorio y el Agua, organización
conformada por unas 700 personas de 22 comunidades.
Desde ahí vigilan que se cumpla con la sentencia
que, en 2020, consideró como nula la autorización
del permiso ambiental del proyecto y, por lo tanto,
ordenó que se detuviera la construcción de la planta
que comenzó en 2017.
Los integrantes del Frente Unido instalaron dos
campamentos porque, aunque ganaron la demanda, temen
que se avance con la construcción de la planta.
Foto: Roxana Romero.
En esa fábrica, llamada Chemours Laguna, la empresa
química multinacional estadounidense The Chemours
Company —antes DuPont— contemplaba producir 65 000
toneladas de cianuro de sodio al año. Con ello
pretendía convertirse en el primer productor en
México de uno de los principales insumos del sector
minero para la extracción de oro y plata, según la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Chemours Laguna era un proyecto nuevo en la Comarca
Lagunera, pero no en el país. En 2016, la empresa
intentó instalar su planta, bajo el nombre Chemours
San Luis, en Guanajuato, un estado del centro de
México, pero no consiguió los permisos ambientales y
de construcción gracias a las protestas de la
población. Entonces, la empresa mudó su proyecto a
Durango.
Cristóbal González y Bernardino Ochoa, esposos de
Karla Chavira y Reynalda Hernández, fueron de los
primeros en sumarse al movimiento en contra de la
planta en la Comarca Lagunera. Al inicio, según
cuentan las mujeres, ellas sentían temor de
involucrarse, pero fue mayor el miedo de que sus
hijos crecieran en un ambiente invadido por la
industria.
Han pasado tres años desde que los integrantes del
Frente pararon la instalación de la fábrica, y uno y
medio desde que Chemours Company vendió su proyecto
a la empresa Draslovka Holding a.s. (“Draslovka”).
El tiempo no ha evitado que los pobladores que
iniciaron la resistencia todavía sean víctimas de
hostigamientos y agresiones.
En febrero de este 2023, por ejemplo, personas
armadas ingresaron a la casa de uno de los
defensores. Y durante la última semana de mayo, la
Fiscalía General del Estado reactivó las carpetas de
investigación en contra de siete integrantes del
Frente. Los acusan del delito de bloqueo a las vías
de comunicación, después de protestar en 2021 para
exigir el desmantelamiento de la planta de cianuro.
“Quieren callar la protesta social y meter miedo a
la gente”, afirma Ochoa.
Afuera del campamento norte, frente a un cartel con
la leyenda “Fuera Chemours”, Ochoa —Nino, como todos
le llaman— narra que la resistencia de los pueblos
comenzó en enero de ese 2017, cuando se corrió el
rumor de que reubicarían a los habitantes de
Dinamita, porque ahí contemplaban instalar una
empresa. Fue entonces que en esa comunidad, así como
en El Siete, el pueblo vecino, se enteraron de que
existían planes de construir una fábrica de cianuro.
En junio, los pobladores vieron llegar camionetas,
policías y a funcionarios municipales y estatales,
entre ellos el entonces gobernador de Durango, José
Rosas Aispuro Torres, y a la entonces alcaldesa de
Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. Ya estaba todo
listo para colocar la primera piedra de la planta de
cianuro. Los permisos habían sido aprobados en mayo
de 2017.
Cuando los pobladores supieron de qué se trataba el
proyecto, de inmediato se comunicaron con
integrantes de Acción Colectiva Socioambiental,
organización no gubernamental que en Guanajuato
apoyó a la población que protestó para prohibir la
llegada de Chemours Company.
“Recibimos una llamada de gente de la comunidad de
El Siete Pueblo Nuevo para decirnos que ya les
habíamos echado el monstruo para allá, que fuéramos
a ayudar (…) Lo que encontramos fue gente
preocupada, sobre todo gente de la comunidad de El
Siete Pueblo Nuevo, aunque la empresa intentó
asentarse en el territorio de la comunidad de
Dinamita, pero queda más de frente a la población de
El Siete”, cuenta Gustavo Lozano, integrante de la
organización.
Con la asesoría de los integrantes de Acción
Colectiva Socioambiental, los pobladores comenzaron
a organizar asambleas comunitarias, a bloquear las
carreteras y a visitar a funcionarios públicos. Así,
en julio de 2017, nació el Frente Unido de Pueblos
de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y
el Agua.
“Era poquita gente de primero. Era una impotencia
que habíamos 30 o 40 gentes y ellos traían como 200
trabajadores… Les bloqueábamos la puerta y no
dejábamos pasar a nadie”, recuerda Nino.
Que la sociedad civil se uniera a la resistencia,
complementa Raúl Vera López, obispo emérito y
defensor de derechos humanos, fue la clave para que
el movimiento tuviera éxito. “Es que —recuerda—
fuimos muchos de la sociedad civil, había maestros
con ellos, había otros profesionistas. Cuando
estaban en la lucha más encarnizada, la sociedad
civil se agrupó en torno a ellos”.
El 22 de agosto de 2017, integrantes del Frente
presentaron una demanda de nulidad de la
autorización de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) de la planta de cianuro ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual
fue admitida ocho meses después. Durante todo ese
tiempo, los pobladores sufrieron diversas
agresiones.
En cada asamblea comunitaria, recuerdan, patrullas
de la Policía Municipal rondaban por el lugar con
las torretas encendidas. En ese momento, Leticia
Herrera Ale era la presidenta municipal de Gómez
Palacio. Desde septiembre de 2022, es nuevamente
alcaldesa. Las amenazas desde el municipio, señalan
los defensores, continúan hasta este 2023.
Los integrantes del Frente no sólo hicieron
asambleas y bloquearon carreteras, también se
informaron sobre las consecuencias de tener una
fábrica de cianuro de sodio junto a sus casas.
Además, hicieron recorridos por 22 comunidades de la
región para informar a la población sobre las
consecuencias de estar expuestos a ese químico.
Consecuencias a largo plazo
El cianuro es una sustancia química que, en
cantidades y concentraciones muy altas puede ser
letal, explica la bióloga Gabriela Jiménez Casas.
Existen varias formas en las que se puede presentar
esta sustancia. Puede ser un gas incoloro, como el
cianuro de hidrógeno (HCN) o el cloruro de cianógeno
(ClCN). También puede estar en forma de cristales,
como el cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de
potasio (KCN), añade la también integrante del
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Con la planta Chemours Laguna, que proyectaban una
duración de 50 años, la multinacional pretendía
producir cianuro de sodio —el principal químico para
realizar los procesos de lixiviación en la minería
para extraer oro, plata y platino— con el objetivo
de venderlo a las empresas mineras en México, de
acuerdo con lo que señaló en la MIA del proyecto.
La bióloga explica que el cianuro se degrada
rápidamente en el ambiente y, en muy pequeñas
cantidades es necesario en la dieta humana, pero
cuando las personas están expuestas al químico en
forma prolongada, puede provocar algunos
padecimientos como hipoxia celular; es decir, que no
llegue suficiente oxígeno a las células. Entre los
síntomas pueden estar dolor de cabeza, mareos,
confusión, ansiedad, náuseas, dolor en el pecho,
ritmo cardiaco acelerado y convulsiones.
En la MIA, Chemours Company detalló que para
producir el cianuro utilizaría un proceso conocido
como Andrussow, para el cual se requieren insumos
como gas natural, amoniaco y sosa cáustica (NaOH).
En el mismo documento se señalaba que uno de los
riesgos era que se formaran mezclas de gas o una
nube tóxica de amoniaco.
Los integrantes del Frente se informaron de todos
estos procesos y las consecuencias que podían
padecer. Nino recuerda cómo fue el proceso de
organización y resistencia mientras recorre, entre
gobernadoras y nopales, la zona en donde está la
construcción inacabada de lo que sería la planta de
cianuro. Su lucha por la defensa del territorio,
reconoce, no ha sido fácil. Desde que se conformó su
organización, los integrantes del Frente han sufrido
ataques y represión.
Defender el territorio en medio de agresiones
El 9 de marzo de 2018 quedó en la memoria de todos
los integrantes del Frente. Ya habían presentado una
demanda de nulidad de la autorización de la MIA,
pero se sentían ignorados porque no había sido
admitida todavía. Mientras tanto, la construcción de
la planta de cianuro avanzaba.
Ese viernes, los pobladores comenzaron a reunirse
desde muy temprano en la localidad La Aurora, cuatro
kilómetros antes de llegar a las instalaciones de la
planta. Al lugar también llegaron policías
municipales y estatales. Poco tiempo después un
grupo de granaderos atacó a todas las personas que
protestaban.
“En esa represión se llevaron a 43 compañeros
presos, detenidos ilegalmente (…) Golpearon a la
gente brutalmente. Tenemos un compañero que le
desbarataron su bazo. A las camionetas les quebraron
todos los vidrios, a las motocicletas las echaron al
canal, las quemaron”, recuerda Nino.
Gloria Mendoza, una de las mujeres que cuida el
campamento sur, narra que ese día golpearon a sus
dos hijas de 27 y 28 años, también se las llevaron
detenidas. Lejos de darle miedo, la situación le dio
fuerza para seguir con la protesta contra la
empresa.
Luego de ese momento, Karla Chavira decidió unirse
de lleno a las protestas. Ahora es una de las
mujeres más activas del movimiento. “Desde ese día
hasta ahorita no hemos flanqueado, y a lo mejor la
gente piensa que vamos a flaquear, pero la verdad es
que en lugar de ser más débiles nos estamos haciendo
más fuertes”, dice.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con Leticia
Herrera Ale, quien entonces era presidenta municipal
y que repite el cargo desde septiembre de 2022, para
saber por qué se usó la fuerza pública en ese
momento. El encargado del enlace con los medios
afirmó que ese tema solo puede atenderlo el gobierno
estatal.
Un mes después de la represión de abril de 2018, el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió
la demanda que habían presentado los pobladores en
agosto de 2017. Fue hasta 2020, cuando emitió la
sentencia y declaró como nula la autorización
ambiental de Chemours Laguna.
Agresiones que no cesan
Han pasado tres años de la sentencia que ganaron los
integrantes del Frente y lo que iba a ser la planta
poco a poco ha sido desmantelada. En diciembre de
2021, Chemours Company vendió el negocio Soluciones
Mineras, que incluye el proyecto Chemours Laguna, a
la empresa Draslovka Holding a.s. (“Draslovka”),
compañía con sede en República Checa que se
especializa en la producción de cianuro.
A finales de mayo, Mongabay Latam solicitó
entrevista con representantes de Draslovka Holding
para conocer si tenía algún plan de reactivar la
planta en esa zona de México o en otro lugar.
Daniela Molina, especialista en comunicaciones de la
empresa, respondió que “las áreas correspondientes
basadas en las oficinas en Europa deben autorizar;
siendo este un proceso que en tiempo puede
extenderse”.
Y aunque la construcción de la planta se detuvo
gracias a la sentencia del Tribunal, no sucedió lo
mismo con las violencias en contra de quienes se
resistieron a su instalación en esa región de
Durango. Tres años después, los integrantes del
Frente Unido todavía son víctimas de hostigamientos
y agresiones.
El 25 de enero de 2023, Servando Delgado Rentería,
esposo de Gloria Mendoza y quien se ha mantenido
activo en el movimiento, estuvo desaparecido durante
aproximadamente dos horas, después de que lo
subieron a una camioneta blanca. Los integrantes del
Frente se movilizaron y descubrieron que lo habían
trasladado al antiguo Cereso de Gómez Palacio, lo
acusaban de tener armas en su domicilio y exigían un
pago de 30 000 pesos (poco más de 1700 dólares) para
liberarlo, pero no les especificaron si se trataba
de una fianza. Los miembros del Frente protestaron
afuera del Cereso hasta que Servando Delgado fue
liberado.
Días después, el 2 de febrero, personas armadas
entraron sin permiso y sin orden de cateo a la casa
de Cristóbal González; él no se encontraba ahí. Las
personas que dijeron ser de la Fiscalía y, con el
argumento de que González tenía armas, cuenta,
esculcaron sus pertenencias y agredieron física y
verbalmente a sus hijos de 12 y 14 años.
A pesar de eso, afirman Cristóbal González,
Bernardino Ochoa y Karla Chavira, la intimidación
continúa. Todavía rondan camionetas blancas sin
placas por el lugar donde tienen sus campamentos.
Ellos aseguran que se trata de camionetas de la
Fiscalía. “Se firmó un acuerdo donde se le hacía
petición al vicefiscal que en Dinamita Durango no
queríamos las camionetas blancas, a menos que fueran
a hacer una investigación, pero con un papel, con
una orden porque pues entraban y ellos a sus anchas
golpeaban a la gente, la sacaban a golpes primero
antes de hacer la investigación”, reclama Nino.
Durante la última semana de mayo, la Fiscalía
General del Estado reactivó las carpetas de
investigación que abrió contra siete integrantes del
Frente. Representantes de la empresa Austin Bacis,
afirma Nico, interpusieron la demanda en la que
acusaron a los pobladores del delito de bloqueo a
las vías de comunicación, después de que protestaron
en 2021 para exigir el desmantelamiento de la planta
de cianuro.
Gustavo Lozano, quien es el representante legal del
Frente Unido dice: “Lo que hemos estado viendo en
los últimos meses es que hay un hostigamiento desde
el gobierno municipal, pero también desde el
gobierno del estado las fuerzas de seguridad pública
y la Fiscalía hacia los integrantes del Frente
Unido, particularmente en los campamentos”.
Derivado de la agresión que sufrieron los hijos de
Cristóbal González, desde mayo él y su familia están
dentro del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a
cargo de la Secretaría de Gobernación. Los
integrantes del Frente están en pláticas con
funcionarios de la dependencia para que las medidas
de protección se extiendan a otros pobladores y
defensores del territorio que han sido agredidos.
Hasta el último tornillo
La sentencia que emitió el Tribunal en 2020 señala
que la multinacional omitió explicar en su MIA los
posibles efectos en el ecosistema de recibir,
descargar y almacenar amoníaco y cianuro de sodio
dentro de la planta. La empresa no detalló cómo
sería recibido ese material, ni cómo sería
almacenado con el argumento de que se realizaría por
“terceros” y, por lo tanto, se tendría que presentar
nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental.
El Tribunal también determinó que el proceso de
recepción, descarga y almacenamiento es una parte
del procedimiento indispensable para el
funcionamiento de la planta química.
Desde inicios de 2023, los integrantes del Frente,
representantes del gobierno del estado y de la
Secretaría de Gobernación negocian para llegar a un
acuerdo sobre el desmantelamiento de la planta. Las
últimas reuniones se realizaron en mayo, pero
todavía no se ha firmado un documento que oficialice
los compromisos de ambas partes.
A través de Patricia Fernández, titular de
comunicación social de la Región Laguna de Durango,
Mongabay Latam solicitó entrevista con Raúl Meraz,
subsecretario general de gobierno en esa región,
para abordar el tema de la seguridad de los
integrantes del Frente y los planes de
desmantelamiento, pero fue negada con el argumento
de que “el asunto que nos ocupa se está atendiendo
en lo legal y, en tanto no se resuelva, no queremos
entorpecer el proceso con declaraciones”.
Los integrantes del movimiento continúan sin saber a
ciencia cierta qué pasará con el terreno en donde
aún hay infraestructura de lo que sería la planta,
sobre todo porque Chemours Company se amparó contra
la sentencia emitida por el Tribunal.
Mientras esquivan los matorrales y nopales que están
alrededor de la estructura inacabada de la planta y
de una oficina que meses atrás fue destruida por un
incendio, Nino y otros miembros del Frente afirman
que ellos seguirán con su lucha. Los pobladores
saben que ganaron en tribunales, pero no se confían.
Ellos continuarán con sus campamentos hasta que
Draslovka, la nueva dueña, retire “hasta el último
tornillo” de esa infraestructura.
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