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El gobierno de Nicolás
Maduro fue el primero en la historia de Venezuela en
recibir sanciones económicas, experimentar un ciclo de
hiperinflación por 50 meses y ser objeto de
investigaciones por crímenes de lesa humanidad por la
Corte Penal Internacional. Hoy miércoles cumple 10 años
en el poder.
MARACAIBO, VENEZUELA – Nicolás Maduro, heredero político
del líder socialista Hugo Chávez Frías, cumple este
miércoles 10 años de su juramentación como presidente
electo de una Venezuela que ha gobernado surfeando una
crisis tras otra.
Maduro ha experimentado cuestionamientos a su
legitimidad desde su primer día de gestión, sanciones e
inestabilidades económicas, protestas de calle,
investigaciones de La Haya y una comunidad internacional
que le dio la espalda, con una popularidad de menos 20
%, según firmas como Datanálisis.
Aun así, el mandatario permanece en el poder, liderando
entre promesas frecuentes de recuperación económica,
depuración interna en su administración y un liderazgo
de “mano de hierro”, todavía desde el Palacio de
Miraflores, subraya el politólogo venezolano Pablo
Andrés Quintero.
“Los años 2014, 2017 y 2020 fueron de formación
(política) y fortalecimiento de su liderazgo, con una
gran cantidad de desaciertos, como la represión”.
Pablo Andrés Quintero, politólogo venezolano.
“Su era ha estado llena de desafíos, se ha puesto a
prueba desde diferentes ángulos, lo que ha fortalecido
su liderazgo” en el partido de gobierno, señala.
El comportamiento de su gobierno, de acuerdo con
Quintero, ha sido “esquivar una y otra crisis a lo largo
de estos 10 años”.
La Voz de América repasa los hitos más relevantes del
madurismo desde la muerte de su padre político, en
tiempos cuando aspira a la reelección.
Maduro asumió la presidencia venezolana antes de ganarla
por votación. La muerte de Chávez, con él como
vicepresidente del poder ejecutivo, dio paso a que
asumiera el cargo en marzo de 2013 entre críticas por
inconstitucionalidad del proceso por la oposición.
Un mes luego, derrotó al candidato presidencial opositor
Henrique Capriles Radonski por un estrecho margen de
220.000 votos en un universo de 15 millones de
papeletas.
El antichavismo denunció fraude en un proceso plagado de
“irregularidades, oscurantismo” y fallos judiciales a
favor del oficialismo, recuerda el politólogo Leandro
Rodríg
Miles de manifestantes antichavistas se volcaron a las
calles para exigir la renuncia de Maduro hasta en dos
oportunidades. En 2014, dirigentes como Leopoldo López
llamaron a la gente a protestar en la mayoría de las
regiones de Venezuela como una “salida” a una espiral de
escasez, delincuencia, inflación y vulneración de
derechos civiles.
Luego, en 2017, la oposición reprochó
multitudinariamente en las calles la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro, que
tacharon de ilegal.
Varios funcionarios vinculados al chavismo, como la
exfiscal general Luisa Ortega Díaz, se expresaron en
contra de las decisiones del poder político, mientras la
oposición y buena parte de la comunidad internacional
condenaban la represión contra los manifestantes.
La derrota electoral y la anulación del Parlamento
Bajo el liderazgo de Maduro, el chavismo perdió
abrumadoramente las elecciones del Parlamento nacional
en diciembre de 2015. La oposición ganó las dos terceras
partes de la Asamblea Nacional, pero sentencias
judiciales declararon la nulidad de sus decisiones por
desacatar otro fallo que ordenaba repetir las votaciones
de 3 diputaciones indígenas.
Entre sanciones e hiperinflación
La represión de las protestas de 2014, la convocatoria
“inconstitucional” de una Asamblea Nacional
Constituyente -según la oposición- y la actuación
violenta del Estado contra manifestantes en 2017 dieron
pie a que Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros
bloques de naciones, anunciaran sanciones económicas
contra funcionarios del chavismo.
Luego, en 2019, la administración del presidente
estadounidense Donald Trump anunció sanciones contra las
instituciones políticas y financieras del gobierno de
Maduro. El oficialismo las consideró como “un bloqueo” y
las culpó de la crisis económica nacional.
Economía reprobada
La era de Nicolás Maduro ha estado marcada por una
economía “cerrada” con controles del tipo de cambio, de
precios de venta al público, de tasas de interés, de la
cartera crediticia bancaria y con “talante comunista”,
según el economista Aldo Contreras.
Venezuela experimentó 120% de inflación en el primer año
de gobierno de Maduro y alcanzó un nivel jamás visto en
el país en 2018, al llegar a 2.800.000 %. En los últimos
12 meses, el alza de precios supera el 440 %, de las más
altas del mundo, precisa.
El país entró durante 50 meses en un proceso conocido
como hiperinflación, una inflación fuera de control y
sin tendencia a equilibrarse, entre noviembre de 2018 e
inicios de 2022.
El bolívar, la moneda nacional, se ha depreciado sin
pausa por la subida, por ejemplo, de hasta 304 % en solo
ocho meses del tipo de cambio en su primer año de
gobierno, destaca.
En ese contexto, Maduro decidió concretar dos
reconversiones monetarias en 2018 y 2021 para eliminar
un total de 11 ceros a la expresión de la moneda local.
El Producto Interno Bruto de Venezuela se contrajo “más
de 90 %” en los últimos 9 años, detalla Contreras,
presidente del Colegio de Economistas del estado andino
de Táchira.
“Hubo sectores que se contrajeron al 100 %, como la
construcción. El tamaño de la economía era de 460.000
millones de dólares cuando Maduro asumió el poder y
ahora es de 162.000 millones de dólares”, especifica el
también docente universitario.
Las reservas internacionales del país eran de 22.000
millones de dólares en 2014, pero ahora alcanzan los
9.600 millones, con un salario mínimo mensual
equivalente a menos de 6 dólares.
“Más de 80 % de la población tiene salarios que no
pueden cubrir ni la canasta alimentaria. Es un Estado
que no logra resolver los problemas económicos
primarios”, advierte.
El poder cuestionado
Maduro ganó las elecciones presidenciales de 2018 con un
amplio margen sobre candidatos independientes, pues la
oposición no participó en ellas, tachándolas de ilegales
y fraudulentas por haber sido convocadas por la Asamblea
Constituyente oficialista.
La Asamblea Nacional de 2015 desconoció esos resultados
y acusó a Maduro de usurpar el poder desde el 10 de
enero de 2019. Ese acto incluyó la juramentación de Juan
Guaidó, entonces presidente de aquel parlamento, como
mandatario encargado del país.
Al menos 60 gobiernos desconocieron a Maduro y se inició
la formación de un gobierno interino opositor, que duró
4 años. La opinión pública internacional resultó
“bastante tóxica” para el líder chavista, según el
analista Pablo Andrés Quintero.
Las elecciones de 2018 conllevaron “la pérdida del
último vestigio de legalidad” de la administración de
Maduro en Venezuela, opina, por su parte, Rodríguez
Linárez.
La migración sin precedentes
Al menos 7,2 millones de venezolanos han emigrado de su
país por la crisis política, económica, social y de
derechos humanos existente en los últimos años, con
especial acento desde la ascensión al poder de Nicolás
Maduro, según la plataforma de cooperación interagencial
para refugiaos y migrantes conocida como R4V.
Se trata del “peor éxodo del mundo” desde un país sin
conflicto armado, como en Siria o Ucrania, subraya el
politólogo Leandro Rodríguez Linárez.
Las investigaciones de La Haya y la ONU
La Corte Penal Internacional decidió en noviembre de
2021 abrir una investigación sobre Venezuela por
presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, como
encarcelaciones, torturas, violencia sexual y
persecución contra la población por motivos políticos
por parte de las autoridades civiles, miembros de las
fuerzas armadas y simpatizantes del gobierno.
Maduro respondió inicialmente con la firma de un
memorando de cooperación con el fiscal de la CPI, Karim
Khan, pero ha criticado últimamente su rol por presunta
parcialidad.
Aquella investigación inició en fase de examen
preliminar en febrero de 2018. También, una misión
independiente de determinación de hechos de las Naciones
Unidas y la oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos indagaron in situ y denunciaron la comisión de
graves violaciones a derechos fundamentales de los
venezolanos por el gobierno.
La mancha de la corrupción
Varios escándalos de corrupción milmillonaria han
tintado la cara del gobierno madurista, especialmente en
la industria petrolera. El fiscal general Tarek William
Saab, antiguo gobernador y diputado del Partido
Socialista Unido de Venezuela, acusó al expresidente de
la estatal PDVSA, Rafael Ramírez, de haber desfalcado
4.800 millones de dólares al Estado.
Tareck El Aissami, hombre de confianza de Maduro,
respaldó esas acusaciones mientras ejercía como
presidente de PDVSA y ministro de Petróleo hasta que, en
marzo pasado, renunciara tras el desmantelamiento de una
red de corrupción que habría dejado 21.200 millones de
dólares en cuentas por cobrar en las operaciones
petroleras del país.
Una oposición sin éxito
La oposición venezolana no ha logrado desalojar a Maduro
del poder a pesar de calificarlo como un “usurpador” de
la Presidencia y de denunciar la ruptura del orden
constitucional.
Maduro ha sobrevivido políticamente a las protestas de
calle de 2014 y 2017, un presunto atentado con drones
cargados de explosivos en 2018, el desconocimiento de su
legitimidad en 2019 y un intento de golpe de Estado
cívico militar en su contra ese mismo año.
Según analistas como Quintero y Rodríguez Linárez, gran
parte de la responsabilidad de los fallos políticos de
la estrategia contra Maduro y el chavismo es de la misma
oposición.
“El país no se ha encontrado con una oposición que se
oponga realmente, sino que sigue la agenda del chavismo”,
observa Rodríguez Linárez.
Publicación original
de: voanoticias.com
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