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Ciudad de México,
a 22 de marzo 2023.- ARTICLE 19 rechaza las
agresiones cometidas en contra de cuatro mujeres
periodistas en el marco de las movilizaciones del
8M, día internacional de la mujer, en los estados de
Puebla, Nuevo León y Guanajuato.
Caso Puebla (detención arbitraria y tratos
inhumanos, crueles y degradantes)
El 10 de marzo, las periodistas Natalie Hoyos López
y Michelle Hoyos López, reportera y reportera
gráfica respectivamente, del medio Enlace Noticias,
así como a tres activistas y un hombre, fueron
víctimas de una detención arbitraria y tratos
degradantes, crueles e inhumanos por parte de la
policía municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Ambas periodistas cubrían actividades de un
colectivo feminista llamado “Marea Púrpura” en el
Zócalo de Izúcar de Matamoros con motivo de las
celebraciones del #8M.
Al final de las actividades hicieron favor de llevar
al domicilio a una de las activistas, cuando se
percataron que una camioneta de la policía municipal
venía siguiéndolas con las luces apagadas, ya en el
lugar, arribaron 5 elementos de la policía municipal
de Izúcar de Matamoros. A pocos minutos llegan 2
patrullas y 2 moto patrullas con un total de 18
elementos de la policía municipal quienes las
detuvieron arbitrariamente, y todo por órdenes de la
jefa Irene Olea Torres, Presidente municipal de
Izúcar de Matamoros.
Las periodistas fueron trasladadas a la
Subcomandancia de Seguridad Sur, donde fueron
humilladas e insultadas, sufrieron golpes, violencia
sexual por parte de la mujer policía. Además, las
tuvieron incomunicadas durante aproximadamente
cuatro horas y les preguntaron los nombres de las
participantes de la marcha. Finalmente, fueron
liberadas, el 11 de marzo luego de que pagaran una
multa de $1,900.00 cada una por supuestamente
“ensuciar” las calles.
Caso Guanajuato (campaña de desprestigio)
El 8 de marzo, la periodista independiente Rosario
Martínez de la Vega de Códigos Periodismo en Línea,
fue víctima de una campaña de desprestigio en León,
Guanajuato.
Durante la marcha, en las calles donde se llevó a
cabo la manifestación, se encontraron tres lonas con
su foto que la acusaban de extorsionar a políticos.
En entrevista con ARTICLE 19, la periodista aseguró
no saber quién colocó dichas lonas, pero resaltó que
sus coberturas suelen centrarse en temas de política
y corrupción, y ha publicado varias notas críticas
sobre la labor de funcionarios de Bienestar
Guanajuato, en particular sobre la falta de apoyos
sociales a las personas beneficiarias. La última
nota que escribió fue titulada: Bienestar Guanajuato
gasta 1.5 mdp en renta de mobiliario a proveedor
fantasma.
La presencia de las lonas con su fotografía en las
calles, desató ataques en redes sociales en contra
de la periodista. La cuenta de Twitter
@Gabriel12acosta subió un video de la manta con la
foto de la periodista y la etiquetó, cuestionándola
sobre su labor periodística. Cuando la periodista
respondió, dicha cuenta la acusó de ser una
extorsionadora y de escudarse en el género para
obtener beneficios. La periodista aseguró que estos
ataques en redes sociales buscan desprestigiar su
trabajo y su persona.
El 8 de marzo la periodista Chantal Flores asistió a
la marcha que se llevó a cabo en el Centro de
Monterrey y que terminaría en la explanada de los
héroes frente al Palacio de Gobierno para cubrir el
proceso de la movilización. Entre las 22:00 y las
22:15, Flores narró que empezó a salir la Fuerza
Civil del grupo especial de la policía antimotines
del Palacio de Gobierno. y empezaron a empujar a las
manifestantes, entonces existió una primera
detención arbitraria de una joven, a lo que varias
chicas se acercaron para ver la razón de su
detención y poder apoyarla; de igual manera la
periodista fue detrás de ellas para documentar lo
sucedido y empezaron los empujones entre las
manifestantes y los policías, la periodista mencionó
en entrevista con ARTICLE 19, que se apartó un poco
del lugar de los disturbios y la comenzó a perseguir
una policía, segundos después reaccionó que no tenía
porque correr ya que solo estaba ejerciendo su
trabajo y le dijo a la policía ´´Soy prensa´´, la
policía escuchó, se rio de ella y se dio la vuelta.
Momentos después cruzó la calle, frente al Palacio
Municipal, y había un policía de sexo masculino
gritando que ya se fueran, a lo que la periodista se
acercó y le dijó ´´Oficial soy prensa, nos podría
dar información sobre las detenciones que se
llevaron a cabo´´, a lo que la reacción del oficial
fue voltear y amenazar a la periodista diciendo «Si
no se retira va a salir lastimada», la periodista
argumentó que ella lo único que quería era la
información de las detenciones, y de nueva cuenta
por parte del oficial recibió otra amenaza, que
textualmente fue «Ya le dije, retirese o saldrá
lastimada», en un tono bastante intimidante, debido
al miedo y falta de garantías para la labor,, la
periodista decidió alejarse para salvaguardar su
integridad.
Los casos mencionados son una muestra concreta de la
violencia sistémica a la que se enfrentan las
mujeres periodistas en México. Es así que, en un
contexto general de grave violencia e inseguridad,
numerosas personas periodistas están en doble
riesgo, por su condición de periodistas y por su
género, lo que aumenta los riesgos a sufrir más
violencia.
La labor periodística es especialmente importante en
la cobertura de protestas porque las personas
periodistas fungen un rol de testigas directas de lo
que ocurre y pueden dar una visión clara y objetiva
de lo que está sucediendo.
Además, tienen la responsabilidad de informar sobre
las demandas y reivindicaciones que se plantean, en
este caso, de la marcha del #8M. Es importante que
las personas periodistas informen sobre las demandas
de las mujeres y las razones por las que se están
manifestando.
También es de relevancia pública que las personas
periodistas informen sobre la forma en que se están
desarrollando las protestas, si hay presencia
policial y cómo están respondiendo las autoridades a
las demandas de las manifestantes. De esta manera,
la ciudadanía puede tener una visión objetiva de lo
que sucede. Las personas periodistas que cubren las
protestas, incluida la marcha del #8M, a menudo se
enfrentan a condiciones peligrosas y difíciles.
Desde sufrir violencia por parte de la policía,
hasta agresiones por otras personas ajenas a la
misma.
Los datos recabados por ARTICLE 19 en el primer
semestre de 2022 son preocupantes. De los 30 casos
documentados en relación a la cobertura de protesta,
9 de ellos están relacionados con la marcha del #8M,
lo que muestra la importancia de este tipo de
manifestaciones y la necesidad de que se les preste
atención. Además, es alarmante que las Fuerzas de
Seguridad Civiles sean la autoridad que más ataca a
las personas periodistas, con 8 casos registrados en
el periodo mencionado. La agresión física fue la más
recurrente, y 5 mujeres y 2 hombres fueron víctimas
de este tipo de ataque.
En relación a las agresiones provocadas por
funcionarios públicos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) señala que es urgente
adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas
para prevenir los ataques y otras formas de
violencia perpetrados contra mujeres periodistas y
para enjuiciar y castigar a sus responsables. El
Estado debe adoptar medidas eficaces para promover
la denuncia de la violencia contra mujeres
periodistas y para luchar contra la impunidad que
caracteriza a estos crímenes.
De igual forma la CIDH enfatiza que es fundamental
garantizar que las personas puedan reunirse y
protestar de forma segura, sin poner en riesgo su
integridad física o su vida, y sin enfrentar el
abuso excesivo por parte de las autoridades. Para
ello, es necesario que se adopten medidas concretas
para capacitar adecuadamente a las fuerzas
policiales encargadas del control de las protestas,
a fin de que puedan actuar de forma respetuosa y
proporcional ante situaciones de conflicto.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos regula en su artículo 21 que el
actuar de los elementos de seguridad debe llevarse a
cabo con legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos. Sin embargo, de los hechos mencionados
existe incumplimiento de este mandato, lo que ha
generado una grave situación de inseguridad y
vulneración de los derechos humanos de las
periodistas. Por lo que se hace necesario que el
Estado deba garantizar la protección de las víctimas
y el ejercicio pleno de su derecho a la libertad de
expresión. Solo así se podrán crear condiciones
seguras para que las mujeres periodistas puedan
desarrollar su labor profesional sin temor a sufrir
violencia o represalias.
La violencia en línea preocupa, pues en el primer
semestre del 2022 del total de las agresiones
registradas 331, 105 ocurrieron en el ámbito
digital, lo que representa el 31.72%, y 26 casos son
de ataques contra mujeres y 3 de ellos son de
connotación sexual. Esta información es relevante,
ya que evidencia que la violencia en línea es una
forma cada vez más común de atacar a las mujeres
periodistas en México.
Es importante recordar que, como señala el informe
La Violencia en Línea contra las Mujeres en México,
en el país prevalece un contexto grave de violencia
contra periodistas y activistas como resultado del
ejercicio de su profesión, que impide el pleno
ejercicio de la libertad de expresión y la defensa
de los derechos humanos. Ante esta situación, es
necesario implementar medidas de protección para las
mujeres en línea, de manera que no se autocensuren y
se garantice el flujo de información crítica.
Enfatizamos que el rol de la prensa en contextos
como movilizaciones sociales es no sólo legítimo
sino también necesario para expandir los mensajes y
demandas que llevan a la apropiación del espacio
cívico. En México se asesinan alrededor de 10
mujeres al día, y el segundo país con el mayor
número de transfeminicidios de la región, por lo que
preocupa que aquellas mujeres periodistas que cubren
movilizaciones sobre el tema son reprimidas,
censuras y violentadas, lo que refleja que la
violencia de género es sistemática y que corresponde
a las autoridades generar políticas públicas que
atienden las razones que llevan a protestar así como
garantizar condiciones plenas para ejercer el
derecho a informar.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
Puebla:
A la Fiscalía General del Estado de Puebla
investigar los hechos y brindar protección a Natalie
y Michelle, garantizando su derecho a la justicia y
reparación.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Puebla a iniciar una queja sobre las agresiones
cometidos en contra de las periodistas para que se
garantice la no repetición.
Al Mecanismo de Protección para las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para
actuar conforme a sus atribuciones y aplique las
medidas adecuadas y necesarias para proteger a las
periodistas agredidas por la policía municipal.
Guanajuato:
Al gobierno de Guanajuato a pronunciarse sobre la
importancia de la labor periodística en una sociedad
democrática y evitar comentarios que estigmaticen a
la prensa.
Al Mecanismo de Protección para las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que
actué conforme a sus atribuciones en el caso de
Rosario, beneficiaria de dicha institución, así como
reforzar las medidas si es necesario.
Nuevo León:
A la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo
León, que omita realizar cualquier acto contra la
integridad de las personas que cubren estas y otras
protestas sociales. Asimismo, deben iniciar las
investigaciones correspondientes contra los o las
oficiales que cometieron agresiones contra
periodistas. |
