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Publicado por El Salto
El pasado 26 de
julio los 27 países de la Unión Europea suspendieron
la negociación del nuevo Pacto Europeo de Migración
y Asilo. Las partes no consiguieron llegar a un
acuerdo respecto a los procedimientos en el marco de
las denominadas “crisis migratorias”, a pesar de los
intentos de la Presidencia Española para llegar a un
consenso Polonia, Hungría, la República Checa y
Austria se mostraron en contra de la propuesta,
mientras que Alemania, Eslovaquia y los Países Bajos
se abstuvieron.
Las negociaciones debían de cerrar un documento en
base al pacto alcanzado el 8 de junio por los
ministros de interior de 21 estados miembros en el
que profundiza en el modelo de “solidaridad a la
carta”, que implica la reubicación de migrantes en
países distintos a aquel en el que solicitaron
asilo, o, en caso no querer aceptar persones
migrantes, el pago de una compensación de 20.000€
por cada personas migrante rechazada. El pacto
también incluye otras novedades que han sido
repetidamente criticadas por las organizaciones: el
endurecimiento de las condiciones de asilo o la
posibilidad de retener a las personas solicitantes
más tiempo mientras dure el procedimiento.
El pacto del pasado mes de junio, bajo el nombre de
Regulación del Procedimiento de Asilo, tenía como
objetivo explícito homogeneizar los procesos de
asilo en todo el territorio europeo, estandarizando
su duración, mientras se unifican las garantías de
respeto a los derechos de las personas solicitantes
de asilo. La regulación también asienta criterios
comunes sobre la obligación del solicitante de asilo
de cooperar con las autoridades para “prevenir
abusos” del sistema.
Frontera Grecia - 4
PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO
Un pacto para expulsar migrantes más fácil y
rápidamente
REDACCIÓN EL SALTO
En septiembre o más adelante seguirá el debate sobre
esta nueva legislación, que vendría a sustituir al
reglamento de Dublín —que data del 2013— recortando
los tiempos y facilitando los procesos de retorno.
El reglamento citado, obliga a los solicitantes a
permanecer en el primer país de llegada: el acuerdo
alcanzado en junio reorganiza los plazos que rigen
la responsabilidad de cada estado sobre cada
solicitante de asilo. Así el país de entrada será
responsable durante los dos años posteriores a la
solicitud. Cuando un estado quiera aplicar el
retorno de un solicitante de asilo que ha dejado el
país de entrada, y la persona se escapa, pasados los
tres años la responsabilidad de este solicitante
pasará a corresponder al país donde se encuentra la
persona migrante. Si el estado rechaza un
solicitante en un procedimiento en la frontera, será
responsable de esta persona durante 15 meses en caso
de que vuelva a solicitar asilo.
Expuestos los acuerdos alcanzados en junio, los
desencuentros tienen que ver con dos cuestiones: las
normas a aplicar en caso de crisis migratoria, y la
definición misma de qué supondría una crisis de este
tipo. En torno a esta tensión se han articulado dos
ejes, uno formado por los países de llegada, como
son España e Italia, defensores de la reubicación de
migrantes en caso de “emergencia migratoria”, y los
países del Norte, que se resisten, aunque no tanto
como los del este. Desde los países del Sur europeo
también se propone suspender el Reglamento de Dublín
cuando el país de llegada esté en situación de
crisis.
Durante la semana pasada los países estuvieron
haciendo números, regateando las cifras que suponen
una crisis, o los meses que cada país es responsable
de un solicitante de asilo... en este sentido, la
presidencia española, a la que ha correspondido
supervisar las conversaciones, intentaba conseguir
el consenso de los países nórdicos, que finalmente
no cedieron. La propuesta de España permitía
mantener a los solicitantes de asilo en centros en
la frontera durante más tiempo, y rebajar los
estándares del alojamiento durante las crisis, según
informaba la agencia DPA. Ya el pacto implicaría la
creación de centros de procedimientos en frontera
para analizar las solicitudes de asilo. Las
organizaciones alertan de que espacios como las
Islas Canarias, o Ceuta y Melilla, podrían albergar
este tipo de centros.
En las conversaciones fallidas de la semana pasada,
los países del Este insistieron en la necesidad de
considerar como crisis migratorias a las situaciones
en las que terceros estados utilizan la llegada de
migrantes para dar batallas políticas, apuntaban,
tomando como antecedente Bielorrusia
Alemania, por su parte, habría dado un golpe en la
mesa, manteniéndose firme contra la suspensión del
reglamento de Dublín en las denominadas crisis
migratorias, al tiempo que demandó que menores y sus
familias fueran exentas de los controles de
frontera, según informaba un diplomático
participante en las negociaciones al medio Político.
Este país se mostraría también contrario a la
propuesta de rebajar los mínimos en los
procedimientos de asilo en situación de crisis,
alertando que esto podría redundar en violaciones de
los derechos humanos de las personas migrantes. El
bloque del norte mostró por otro lado su desacuerdo
frente a la posibilidad de que en las denominadas
situaciones de “crisis” en los países de llegada, se
interrumpan los controles migratorios estrictos.
Mientras, el discurso más beligerante lo mantuvieron
los países del Este. Desde este bloque se insistió
en la necesidad de considerar también como crisis
las situaciones en las que terceros estados utilizan
la llegada de migrantes, para dar batallas
políticas, tomando como antecedente Bielorrusia. El
eje de Visegrado también pidió medidas más estrictas
en caso de crisis migratorias.
Más allá de los reclamos del ala dura representada
por países como Polonia o Hungría, el endurecimiento
de los procesos ya forma parte del pacto alcanzado
en junio, cuyos detalles deberán de seguir siendo
negociados a la vuelta del receso estivo o, en todo
caso, antes de las elecciones del Europarlamento en
junio de 2024. En esa fecha también, tras la
presidencia europea de España y Bélgica, le tocaría
el turno a Hungría, abriéndose un marco aún menos
favorable para los derechos de las personas
migrantes. Ya en el primer acuerdo del 8 de junio,
se exigía a los países del Sur ser más estrictos con
los procedimientos de asilo en frontera con aquellas
personas que no serán aceptadas, dotándoles de un
mayor margen de maniobra para proceder a la
devolución de las personas solicitantes de asilo
rechazadas.
Entrega de solicitudes de asilo en el Ministerio de
Migraciones XI
Solicitantes de asilo devueltos por Gran Bretaña son
abandonados en Barajas
PABLO 'PAMPA' SAINZ
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El conflicto en torno a la cuestión migratoria, no
se rige solo por cuestiones geográficas, entre el
sur y el norte sino que enfrente a los distintos
poderes de la UE. En el Parlamento Europeo, los
debates migratorios están muy polarizados dada las
distintas miradas que se pueden encontrar sobre las
fronteras. Por su parte, en la Comisión Europea y
entre los ejecutivos de los países miembros, la
realpolitik se impone. Muestra de esta tensión se
manifestó tras el naufragio de una embarcación el 14
de junio en aguas griegas, en el que cientos de
personas perecieron. A raíz de la catástrofe en el
Parlamento se debatió la creación de un cuerpo de
rescate europeo, una posibilidad que la Comisión
Europa no considera.
Por otro lado desde la sociedad civil y los
colectivos en defensa de los derechos de las
personas migrantes cunde la preocupación por lo que
puede implicar este eventual Pacto Europeo de
Migración y Asilo. En el estado español, un grupo de
organizaciones firmaron en junio una petición en la
que alertan de que, tal como se conciben estas
negociaciones sale reforzado “un sistema migratorio
basado en la disuasión, en el control y en la
devolución de las personas migrantes y refugiadas
que consiguen llegar a las fronteras europeas
poniendo en grave riesgo su vida, su seguridad y su
dignidad”. Y reclaman otro enfoque muy distinto al
que las propuestas perfilan: el establecimiento de
Vías Legales y Seguras “que garanticen una acogida
digna de las personas que migran, y que contengan
una perspectiva de infancia y de género que proteja
especialmente a los colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad”.
En su documento las organizaciones muestras sus
resistencias, principalmente, frente al reglamento
sobre crisis cuyo consenso ha debido posponerse, y
alerta contra la posibilidad de suspender mecanismos
fundamentales para la garantía de derechos, en las
llamadas situaciones de crisis que estarían marcadas
por la llegada “masiva de migrantes” (re-redacta
esto) Las organizaciones llamaban en su petición a
España desde la presidencia a defender el respeto de
los derechos humanos en las fronteras, blindar “el
cumplimiento de la legislación internacional
marítima para evitar nuevos naufragios” y el
establecimiento de vías legales y seguras, una
petición fundamental desde los colectivos que no
parece entrar nunca en una agenda europea que cada
vez se adentra más en los postulados de la derecha.
La amenaza que deshumaniza
La agenda migratoria es uno de los principales
activos políticos de la derecha en Italia, que viene
agitando en los últimos años el fantasma de una
crisis migratoria inmanejable ante la que aplicar
mano dura, como ya hiciera la Lega de Salvini, y
como hace la actual primera ministra italiana, líder
de Fratelli di Italia. Mientras los elementos más a
la derecha del gobierno llegan a hablar hasta del
gran reemplazo —como hiciera el ministro de
agricultura Francesco Lollobrigida conectando con
las tesis más nacionalistas de la derecha—, la
primera ministra ha adoptado el marco de la crisis.
Esta ha sido la narrativa subyacente a la
declaración del estado de emergencia, del pasado
abril, o del decreto Cutro, que restringe los
movimientos de los barcos de rescate de la sociedad
civil, o de las últimas negociaciones fallidas en el
seno de la UE.
El marco de la crisis, abrazado por la Unión
Europea, permite la excepcionalidad en la aplicación
de los estándares de derechos humanos. La buena
sintonía entre la presidenta de la UE, Ursula Von
der Leyen y la primera ministra italiana, que ya se
reunieron en enero para discutir de políticas
migratorias, marca un año que sigue con el
acercamiento de posturas con España, en el encuentro
con Pedro Sánchez del pasado abril, y continúa con
la imagen de nuevo de Von der Leyen, Meloni y Mark
Rutte, primer ministro de los Países Bajos en
funciones, firmando un memorando de entendimiento
con Túnez, a principios de junio, tras meses de
violencia contra la población negra en Sfax,
alentada por las declaraciones racistas del
presidente tunecino Kais Sayed, que como
Lollobrigida, alertaba contra el gran reemplazo, es
decir, contra la presunta amenaza de un cambio
demográfico en el país magrebí. Los cuerpos
encontrados en la frontera con Libia, o las
múltiples imágenes de fuerzas de seguridad tunecinas
abandonando a personas negras en los confines con
este país y con Argelia, sin agua y sin comida, no
disuadieron al trío de mandatarios europeos para
viajar una segunda vez el 14 de julio al país y
avanzar en unos acuerdos cuya opacidad ha sido
denunciada por múltiples organizaciones.
La conferencia internacional sobre migración y
desarrollo auspiciada por Meloni el pasado 23 de
julio ha sido definida como “una etapa más en la
estrategia de externalizar el control de las
fronteras exteriores de Europa a terceros países”
Una semana después de la firma del acuerdo, el
pasado 23 de julio, Meloni acogía en Roma la
Conferencia Internacional sobre Migración y
Desarrollo. Al encuentro auspiciado por la
ultraderechista acudieron la presidenta de la
Comisión Europea y el del Consejo Europeo, junto a
los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de
Asuntos Exteriores de la región mediterránea.
También estuvieron presentes dirigentes de las
principales instituciones financieras
internacionales.
Una cita que ha sido definida como “una etapa más en
la estrategia de externalizar el control de las
fronteras exteriores de Europa a terceros países”,
según denunciaba un comunicado de Médicos sin
Fronteras. El ejecutivo italiano promueve esta
externalización bajo una pátina de ayuda al
desarrollo en el marco del Plan Mattei, un programa
de inversiones dirigido a los estados de origen de
las personas migrantes, y también a los países de
tránsito.
Las fronteras externalizadas arden
Mientras los mandatarios negociaban los fondos
dedicados a la externalización —la UE se comprometió
con Túnez a conceder un paquete macrofinanciero de
900 millones de euros, incluidos 105 millones para
la gestión de fronteras, búsqueda y salvamento,
lucha contra el contrabando y retornos— las imágenes
de abandono en la frontera siguen sucediéndose
provocando indignación a nivel internacional. En
este marco, la comisaria de Interior de la UE alegó
la próxima firma con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de un
acuerdo de financiación para el apoyo y atención de
los migrantes abandonados en el desierto.
La organización Euromed Rights, denunciaba el pasado
14 de julio el objetivo europeo de convertir a Túnez
en un “guardia de frontera, responsable de contener
a la migración ‘indeseable’, y mantenerla tan lejos
del territorio europeo como sea posible”. Un acuerdo
favorecido, argumentaban, por la profunda crisis
económica en el país, y que ignora el trato que han
recibido por parte de las autoridades tunecinas las
personas negras en tránsito o residentes en el país.
“Denunciamos en los términos más contundentes la
presión ejercida por la Unión Europea sobre Túnez en
el contexto de una cooperación desigual y negociada
con el propósito de imponer sus políticas de
inmigración y asilo ultrasecuritarias a este país
mediterráneo, desafiando la legislación
internacional y los derechos de los refugiados”,
enfatizaban desde la organización de derechos
humanos.
Melilla 4 2022
ELECCIONES
Antirracismo y fronteras: cinco preguntas urgentes
que trascienden las urnas
SARAH BABIKER
La situación con Túnez, recuerda al acuerdo que se
firmó con Turquía en 2015, para impedir que los
solicitantes de asilo llegasen a Europa. Años
después el bloqueo de miles de refugiados,
principalmente sirios en el país, ha alimentado la
animadversión frente a este colectivo,
convirtiéndose en una cuestión fundamental de la
disputa política, por ejemplo en las pasadas
elecciones de junio. En Libia, los años de denuncia
de las vulneraciones de derechos humanos que se dan
en el país en su afán de retener a las personas
migrantes a cambio del dinero europeo, no han sido
suficientes para transformar la situación,
generándose toda una industria en torno al tráfico y
secuestro de las personas migrantes. Por último,
mientras Marruecos se jactaba en la cumbre celebrada
en Italia de su respeto por los derechos de las
personas migrantes, son numerosas las evidencias del
maltrato, violencia y persecución que sufre la
población migrante que transita su territorio, tal y
como pudo verse el 24J en Melilla.
Por otro lado los factores de expulsión de población
no paran de incrementarse, la vuelta de los
talibanes en Afganistán, la guerra iniciada en Sudán
hace algo más de 100 días, la inestabilidad en el
Sahel: con un golpe de estado más, esta vez en
Níger, el pasado fin de semana, o la inestabilidad
sin precedentes en Senegal, no hacen presagiar que
se aminore la necesidad de las personas de buscar
refugio o un futuro, aún arriesgando su vida cada
vez más, con unos países de la cuenca sur del
Mediterráneo financiados con la misión de retenerlas
a toda costa. Mientras, en la frontera occidental de
Europa, un Reino Unido que rompió con la de la UE
aludiendo, entre otros, argumentos antiinmigración,
marca vanguardia: desde el envío de solicitantes de
asilo a Ruanda a su política de mano dura contra las
embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha.
Política que incluye el uso del barco Bibby
Stockholm, una mole que albergará en el mar a 500
solicitantes de asilo mientras dure su proceso de
solicitud, y que forma parte, junto al
endurecimiento de la ley migratoria, de una
estrategia contra solicitantes de asilo y migrantes
que ha centrado el debate en la agenda pública
durante los últimos meses. |
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