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Publicado por
ANRed
Gerardo Morales, el
litio, una constitución reformada, la represión, la
resistencia, los pueblos originarios, los sindicatos,
los movimientos sociales, gauchos a caballos, mineros.
Todo confluye en tiempo y lugar para dar forma a un
acontecimiento disruptivo que trastocó la agenda
política y preocupó a varios. Jujuy, una enseñanza que
aún no recoge todo lo que sembró. Por Nicolás Salas para
ANRed.
Profeta en su tierra
Gerardo Morales se siente bien. Poderoso. Un poco más
que fuerte. Impune. Goza de una hegemonía casi absoluta
en las instituciones provinciales. Es profeta en su
tierra y se lo reconocen propios y ajenos. Sólo en su
despacho de la Gobernación, divaga en pensamientos
varios. Encabezar la fórmula presidencial junto a
Horacio Rodríguez Larreta y, si todo va bien, porqué no,
figurarse en un futuro no muy lejano sentado en el
mismísimo sillón de Rivadavia. Por momentos, un dejo de
nostalgia lo lleva a tiempos pasados. Esos donde solo la
perseverancia y la obstinación le permitieron
sobreponerse a grandes adversidades. Se pone un poco
orgulloso de sus cualidades. No es para menos. No hace
mucho debió invernar su perfil político para sacarse de
encima el lastre de haber sido funcionario de la Alianza
y las consecuentes pesadillas que le generaron la
rebelión popular del 2001. No lo atormentan los 38
muertos de diciembre, sí el despliegue del helicóptero.
De la comparación al consuelo y se tranquiliza: si todos
los de mi estirpe temen a lo mismo.
Logra salirse del lapsus. Afirma la cintura contra la
silla, estira la espalda y vuelve a respirar hondo.
Siente que merece lo que le está pasando. Trabajó duro y
nadie se lo puede negar. Un año atrás había metido preso
o judicializado a las principales referencias de las
organizaciones sociales jujeñas. “Les va a pasar como a
Milagro Sala”, vociferaba en reuniones con empresarios y
políticos. Daba lo mismo si la dirigencia perseguida
tenía algo que ver o no con la Tupac Amarú, organización
que empezó a desarticular en 2016, primero encarcelando
a su máxima dirigente y luego incorporando al resto de
la dirigencia a su estructura de poder. «¿A esa altura
de los acontecimientos, quién me puede decir algo?», se
pregunta. Para peor, el último 7 de mayo, su candidato,
Carlos Sadir, ganó las elecciones por el 49% de los
votos con la promesa de reformar la constitución
provincial. Sin dudas, la frutilla del postre que
Morales cree merecer.
La constitución del litio
¿Qué busca la reforma constitucional en Jujuy?
Garantizarse los jugosos negocios del Litio y
enarbolarse definitivamente como el feudo republicano de
Juntos por el Cambio. En contradicción con la
constitución nacional y legislación internacional, la
papeleta impulsada por Morales (artículo 67) sostiene
“la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas,
así como toda otra perturbación al derecho a la libre
circulación de las personas y la ocupación indebida de
edificios públicos en la Provincia”. Palabras más
propias de una editorial de La Nación que de la
redacción de una carta magna. En fin, todo justificado
en post de alcanzar la “paz social”, ese orden de hierro
que abra de par en par las puertas a las multinacionales
del litio que exigen gobernabilidad y “leyes claras”
para invertir.
Lo que hay en juego es groso, es mucha plata. Jujuy
forma parte del triángulo del litio que componen
Argentina, Bolivia y Chile. Allí se estima que hay entre
el 65% y el 85% de las reservas mundiales de este tipo
de metal. Compañías de al menos siete países (China,
Japón, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Corea
del Sur) pusieron los ojos en la región. Este potencial
negocio fue una de las motivaciones centrales detrás de
la Constitución de Morales. Así es que se incorporó de
entrada los artículos 36 y 50, que le permite al Estado
lanzarse a la caza de bastos territorios, muchos de los
cuales pertenecen a las comunidades originarias. Sin
mucho preámbulo se ratifica “el pleno dominio y la
titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos
naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás
bienes ambientales comunes existentes en su territorio”.
La ecuación del negociado que pensaron desde el
ejecutivo provincial concluyó en la necesidad de
cubrirse las espaldas. Para ello, el oficialismo
desintegró a través de la reforma al Tribunal de
Cuentas, el cual pasó a ser reemplazado por un organismo
sin autonomía ni injerencia en el control de los manejos
de fondos que lleven a cabo los funcionarios jujeños.
Crónica de una lucha histórica
Jueves 15 de junio de 2023
Cuarenta constituyentes radicales y peronistas,
encabezados por el gobernador Morales reforman en tiempo
exprés la constitución de Jujuy. Seis convencionales del
frente de izquierda se retiran de la legislatura y
denuncian el montaje de un “circo” por parte de las
autoridades. La sesión no será televisada. Dicen que
algunos diputados ni siquiera conocen el texto que van a
aprobar.
Afuera, miles de manifestantes se oponen. La docencia
arrastra 10 días de paro y se encuentra movilizada
masivamente por el centro de San Salvador. El básico de
una trabajadora de la Educación jujeña no supera los $60
mil y gran parte de su salario está atado a
arbitrariedades patronales disfrazadas de “presentismos”.
Desde hace días la convocatoria rebalsa las expectativas
de los sindicatos del sector. Las organizaciones
territoriales también dicen presentes y se vuelcan de
lleno a la calle levantando sus propias reivindicaciones
por trabajo y contra las persecuciones judiciales.
Delegaciones de los pueblos originarios bajan al centro
y se hacen sentir. Sin proponérselo, Morales logra lo
que ni siquiera había ocurrido en la pueblada de 1997:
una alianza entre estatales, movimientos sociales y
comunidades originarias.
Finalmente, entre gallos y medianoche la reforma se
aprueba. En el recinto todo es algarabía. referentes de
la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista
(PJ) se felicitan, abrazan y sacan fotos. No se ve la
grieta. Afuera la desazón no parece ser el sentir
generalizado. Hay bronca, amotinamiento y por sobre todo
ánimos para luchar.
La reacción popular no tarda en llegar. El viernes a la
mañana llega a San Salvador el 3° Malón, integrado por
las comunidades originarias de Quebrada y Puna.
La caravana había comenzado el miércoles desde Abra
Pampa. Las familias llegan cansadas. Vienen de recorrer
200 kilómetros. No es para menos: son un pueblo de
lucha. Traen consigo la historia de sus ancestros,
aquellos que en mayo de 1946 enfilaron desde el mismo
lugar pero esta vez no se detuvieron en la capital
jujeña, sino solo interrumpieron el viaje cuando
llegaron a la capital federal. Exigían, al igual que en
la actualidad, tener plena potestad sus tierras.
Un grupo de vecinas autoconvocadas se ubican al costado
de la ruta por donde pasa la movilización. Reciben a las
familias con café, comida y ropa.
“Está todo a favor de (Gerardo) Morales. Sean radicales
o justicialistas, votaron en contra de los pueblos
originarios (…) Vamos a seguir luchando hasta que se
anule todo esto. Es inconstitucional lo que hizo
Morales”, aseguró a Página 12 Erica Cañari, integrante
de la comunidad kolla Pozo Colorado.
Wipala en mano, centenares rumbean directo a la
gobernación. Pretenden ser recibidos por el gobierno y
están decididos a cumplir la consigna que se repite en
los carteles: “no a la reforma constitucional”.
En Jujuy funciona “la intersindical” que agrupa a
gremios docentes, estatales, entre otros. Tras la
aprobación de la reforma, se muestran a activos y firmes
en el sostenimiento del paro. Son acompañados por
movimientos sociales y los pueblos originarios. Estos
últimos concentran sus fuerzas en decena de piquetes
montados a la vera de las rutas que atraviesan las
distintas comunidades.
Con el paso de las horas y el repudio al proceder del
gobierno, la relación de fuerzas parece cambiar un poco.
La vaca ya no está atada para el gobierno y hasta los
gauchos se rebelan. “En Jujuy nació y se defendió la
patria y ahora la historia nos manda a defenderla de
vuelta, a las instituciones democráticas, la democracia,
y tenemos que defender el Estado de derecho y Estado
republicano avasallado desde hace ocho años por este
gobierno de Gerardo Morales”, indica a la prensa Silvio
Cazón, uno de los gauchos autoconvocados de la zona de
Yala, que se encuentra participando de uno de los cortes
de ruta.
A esta altura, el oficialismo olfatea problemas mayores
a los pensados en la previa. Veinticuatro horas antes de
la reforma, el mandatario provincial había derogado el
decreto 8464/2023 por el que se multaba a quienes
participaran de movilizaciones callejeras. Una aspirina
para el cáncer. La bronca no bajaba. Ya no son solo “los
piqueteros” los generadores del caos. La docencia,
trabajadores y trabajadoras de la Salud, municipales,
gauchos, mineros y pueblos originarios se radicalizan en
sus posiciones y métodos.
La jura de la nueva constitución, programada para el 20
de junio, parece correr serios riesgos. Todo el mundo se
convoca a la capital jujeña para ese día. Morales se la
ve venir. Horas antes de la ceremonia, y desconociendo
el proceso constituyente, se sienta frente a una cámara
y anuncia la derogación de los artículos 36 y 50 que ya
habían sido aprobados por sus convencionales: “No
queremos un artículo con el que no estén de acuerdo
todas las comunidades. Si las comunidades tienen alguna
duda, no tocamos nada y volvemos al texto anterior”.
Es demasiado tarde para gestos. Los pueblos originarios
se encuentran en la guerra propuesta por el gobierno y
no parecen dispuestos a bajarse por concesiones de
último momento. El escenario se torna caótico y las
cartas están echadas. De un lado Morales y sus aliados
del PJ jujeño, y del otro, gremios, movimientos, pueblos
originarios, entre otros.
Martes 20 de junio. 8.00 horas, San Salvador de Jujuy
Sobre los laterales del río Xibi Xibi se concentran dos
columnas masivas de manifestantes. Sobre la Avenida
Hipólito Yrigoyen, lo hacen las organizaciones sociales,
piqueteras o de la economía popular. Una multiplicidad
de banderas denota la conjunción de expresiones que van
desde la izquierda hasta el peronismo, desde la Unidad
Piquetera hasta la UTEP. Todas se dan cita en una
congregación que convoca cerca de 10 mil personas. La
cabecera se ubica en la intersección con el puente
Gorriti en dirección a la Legislatura provincial, a unos
40 metros del primer cordón policial ubicado en la zona.
Del otro lado y sobre la Avenida 19 de abril, se
encuentra la docencia jujeña, acompañada por el resto de
gremios de la intersindical. En número similar o incluso
superior al de los movimientos, el grueso de las
personas se encolumna detrás de las banderas del Centro
de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y de
la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP).
Proliferan banderas argentinas y carteles con consignas
como “Abajo la reforma, arriba los salarios”, “Chau
Morales” o “Morales gato”.
Ambas columnas inician su recorrido hacia las puertas de
la Legislatura, donde convencionales constituyentes de
la UCR y el PJ realizan los retoques a la reforma que
solicitó el gobernador horas atrás. Los pueblos
originarios no participan en masa de las movilizaciones,
conservan sus fuerzas en importantes cortes de ruta que
hacen intransitable la provincia. Su radicalidad no deja
nada que desear, usan los rieles de las vías del tren
para cortar las rutas, arrinconan policías infiltrados y
los entregan frente a las cámaras. Se bancan represiones
y vuelven con más fuerzas.
A las 10 de la mañana se producen los primeros choques
de la policía con las columnas. Las organizaciones
sociales intentan cruzar el puente y son reprimidas por
los efectivos provinciales que logran sostener su
posición unos diez minutos y deben retroceder hacia la
legislatura donde se acoplan detrás del vallado que
custodia el edificio. Miles de personas atraviesan el
pasadero sobre el Xibi Xibi y se detienen a la altura de
la Avenida 19 de Abril, en diagonal a la columna docente
y de frente a las líneas de uniformados que se
encuentran reagrupados en una única zona.
El impasse dura pocos minutos y la represión se
reinicia. El primer objetivo policial es alejar las
columnas de los que pocos metros que la separan del
edificio donde se encuentran los convencionales. La
docencia logra dar pelea unos minutos pero va cediendo
posiciones y la dispersión se generaliza, no sin
detenciones y varias personas heridas.
Por su parte, la expresión de las barriadas populares
jujeñas se encuentra sobre el puente Gorriti donde
cientos de personas se defienden con piedras y lo que
tienen a mano. La izquierda argentina se hace presente
en el lugar, tanto la que dispone de representación
parlamentaria como la que concentra la totalidad de sus
fuerzas en la lucha callejera. Los constituyentes y
dirigentes nacionales del Frente de Izquierda y los
Trabajadores Unidad (FITU) permanecen varias horas junto
a quienes vienen sosteniendo la avanzada de las fuerzas
de seguridad. Su candidato a gobernador, Alejandro Vilca,
que obtuvo el 13% de los votos en las últimas
elecciones, se encuentra en el lugar y mira con
preocupación el recrudecimiento de la represión.
Por momentos, la policía se ve desbordada. La tenacidad
del pueblo jujeño parece crecer minuto a minuto. Se nota
la bronca acumulada. Los efectivos empiezan a arrojar
piedras contra los manifestantes. No solo eso. Disparan
a la altura de la cabeza. A los pocos minutos, Nelson
Mamani, militante del MAR, cae desplomado al suelo tras
ser impactado por un gas lacrimógeno sobre uno de sus
parietales. Su cuerpo queda tendido en el suelo, rodeado
por un charco de sangre. Casi en simultáneo, varios
manifestantes auxilian a otro activista con un impacto
de bala de goma en el ojo. La escena se vuelve trágica y
rememora imágenes de masacres pasadas como las de
Kosteki y Santillán en Avellaneda o la de Carlos
Fuentealba en Neuquén. Las ambulancias empiezan a
llevarse a decena de heridos. Todo cobra más densidad.
Más allá de alguna que otra corrida, la gente no se
atemoriza y parece decidida a ir hasta las últimas
consecuencias. La sangre en el lugar, el aire
irrespirable de los gases y magullados de todo tipo no
fuerzan el repliegue sino que incluso parecieran
fortificar la moral de quienes van y vienen a la primera
línea.
Recién después de dos horas, las fuerzas de seguridad
logran hacer retroceder a la multitud piquetera que debe
abandonar el puente. En su retirada por las calles, se
van armando barricadas que retrasan la cacería policial.
El operativo arremete con la caballería sobre la Avenida
Irigoyen. Un uniformado le pega con un rebenque a dos
doñas que se encontraban sentadas en un costado de la
calle. La gente se enloquece y con piedras en manos
encaran a los represores a caballo haciéndolos
retroceder y hasta derriban a uno de ellos. Aparece la
motorizada pero no rompe las líneas y solo se muestra
como potencial amenaza. Al grito de “Morales hijo de
puta”, un vendedor ambulante intenta levantar su puesto
y es asistido por militantes territoriales para que no
pierda sus mercancías.
Junto a las banderas y los manifestantes se mezclan
integrantes de la Agencia de Noticias Redacción (Anred)
que van capturando lo sucedido en el frente de la
columna. Con las banderas flameando, la columna
retrocede hasta la avenida Dorrego donde se reagrupan y
sostienen nuevos enfrentamientos. La composición de la
protesta es marcadamente juvenil, con pibes y pibas de
los barrios que marcan la dinámica de lo que allí
sucede, más allá de lo que se dispongan a hacer las
organizaciones.
Quienes no participan de los hechos miran con atención
desde balcones o comercios. Unos albañiles en obra,
rompen piedras en un primer piso y las alcanzan a
quienes se encuentran en la primera línea disputando
metro a metro con la policía. Los bomberos voluntarios
se mezclan entre la multitud, asisten a heridos y sufren
varios impactos de balas de gomas. También putean a
Morales.
En la barricada apostada a la altura de la terminal
vieja, un manifestante excitado agita: “vayamos a quemar
el canal 7, por mentirosos”. La bronca aborda a los
presentes en el lugar que se dan vuelta y enfilan a
subir por el alto en dirección al medio de comunicación
provincial. Una cartonera con el buzo del MTE da un
grito y pide cordura, ya que la retirada abrupta deja en
soledad a quienes siguen peleándose con las fuerzas de
seguridad. Los potenciales escrachadores entran en razón
y desisten de su retirada. Pasaron cuatro horas de
iniciados los enfrentamientos. Ya no se ven banderas de
organizaciones, aunque si militantes sueltos. La
represión se prolonga cuadras arriba sobre la avenida
Dorrego. No hay una dirección definida de quienes
resisten y todo se va dando a través de una deliberación
efímera y espontánea entre los presentes.
Las últimas escaramuzas ocurren en la subida a la altura
del puente caracol. Allí la caballería vuelve a avanzar
sobre una decena de manifestantes. El barrio pegado a la
avenida no recibe con gratitud a las fuerzas del orden.
Desde algunos balcones se arrojan piedras contra los
efectivos policiales. Los últimos militantes intentan
sin éxito ir a escrachar al canal 7 y finalmente
terminan por dispersarse las acciones que ya llevan
cerca de seis horas.
Hay clima de pueblada, aunque el fuego del
enfrentamiento callejero se empieza a apagar pasadas las
16. Tras ello, algunos sectores se concentraron en la
plaza Belgrano, frente a la Gobernación, mientras que
otros se dirigieron a la penitenciaría de Alto Comedero
a exigir la liberación de las 68 personas detenidas.
Durante las horas siguientes a la represión, las calles
de San Salvador se constituyen en una escena digna del
terrorismo de Estado. Camionetas 4×4 con vidrios
polarizados, en su mayoría sin patente y con policías
portando armas largas en la caja, recorren el centro y
varios barrios. En ellas se ejecutaron varias de las
detenciones y hostigamientos tras los enfrentamientos
callejeros. Horas después se conoce, a través de los
medios de comunicación, que los vehículos pertenecen a
varias empresas privadas, entre las que se encuentra
Hormixa, una de las adjudicatarias beneficiadas por la
obra pública jujeña desde el 2015.
Pese a los heridos y detenidos, el conflicto salta a la
escena nacional y hace volar por los aires el cerco
mediático que desde hace años cubre a Jujuy, más
precisamente a Morales. Los principales dirigentes de
“la grieta” argentina, herméticos durante meses, se
expresan con los hechos consumados y se propinan todo
tipo de ataques por twitter y redes sociales. Opinan, se
aconsejan y chicanean sobre un conflicto que lejos está
de pertenecerles.
…
Mientras Morales no para de dar entrevistas en medios
nacionales acusando al gobierno nacional por lo
sucedido. Las organizaciones jujeñas preparan nuevas
acciones. Llaman a una marcha de antorchas para el
miércoles. Hay dudas sobre la masividad de la
convocatoria.
El 21 a la mañana los grupos de watsapp de la docencia
jujeña explotan de mensajes con agitaciones contra el
gobierno provincial y denotan una moral alta que hace
pensar que la participación se mantendrá activa. El
diálogo entre los sectores en lucha se vuelve difícil,
de hecho nunca fue fácil. Se hace difícil congeniar una
identidad y coordinación común entre los distintos
sectores. Si bien la respuesta de las barriadas a la
represión policial garantizó una nacionalización
generalizada del conflicto, existe mucha preocupación en
la docencia por despegarse de los desmanes del día
anterior, incluso sobre aquellos que se dieron en
legítima defensa ante la violencia ejercida de arriba.
Se habla constantemente infiltrados que atacaron la
Legislatura, quemaron autos o tiraron piedras. Más allá
de la existencia real de efectivos policiales camuflados
en el grueso de las manifestaciones, se vuelve un
problema que se niegue la resistencia, piedra en manos,
de quienes decidieron dejar de tragar bronca. Representa
un problema que trasciende a Jujuy. La estigmatización
de décadas contra “los piqueteros” no solo ataca a las
organizaciones sociales sino que las distancia de sus
aliados de clase.
Finalmente, la convocatoria se realiza disociada,
incluso entre algunas organizaciones gremiales. Los
espacios van concentrándose frente a la gobernación en
distintos horarios y lugares. ADEP se moviliza a partir
de las 17 y enciende las antorchas antes de que caiga el
sol. Recorren por su cuenta el centro de San Salvador. A
la misma hora, las organizaciones de la Unidad Piquetera,
junto a otros grupos locales, se concentran sobre la
avenida Rivadavia en el mismo punto donde fueron
reprimidas veinticuatro horas antes y de allí se dirigen
hacia la plaza principal, donde cerca de las 18 realizan
un acto denunciando la represión y la decena de heridos
y detenidos que ostentan los diferentes espacios. Casi
al terminar las oratorias irrumpe la columna de Cedens y
los movimientos se encolumnan detrás de ella. La
convocatoria es lo suficientemente grande para disipar
las dudas de la mañana. Miles de trabajadores y
trabajadoras salen a recorrer el centro de la ciudad.
Los transeúntes no se muestran indiferentes. Se frenan
en las esquinas y aplauden. En la esquina de San Martín
y Necochea un grupo de vecinas con banderas no paran de
arengan en favor de la docencia. Comerciantes se arriman
a la vereda a ver las antorchas de cerca y no pocos
gritan las consignas de la marcha o suman nuevos
insultos a Morales. Poco más de una hora dura la
procesión en rechazo a la reforma, llegan a la plaza y
con la garúa encima se realizan un acto docente sobre la
glorieta. Miles se quedan. Cantan y agitan consignas
desde abajo. Expulsan a periodistas de “Todo Noticias”
de la plaza. Algunos intervienen y piden no
“agarrárselas” con los trabajadores de prensa. La bronca
es demasiada, no se distingue empresa de empleado.
La movida se desconcentra tras las palabras de cierre de
Mercedes “mecha” Sosa, secretaria general de Cedems y
una de las referentas del “jujeñazo”. La responsabilidad
sobre sus espaldas no es poca. Asumió la conducción del
gremio en los primeros días de abril a partir del
triunfo de la combativa lista Violeta por sobre la
Celeste. Su primer gran reto fue de magnitudes no
esperadas. El diario La Nación le dedicó una nota con
foto caracterizándola de dirigente de izquierda y
crítica a la CTERA, la confederación nacional docente
referenciada en el titular de la CTA de los
Trabajadores, Hugo Yasky.
En las primeras horas del jueves 22, se conoce la
convocatoria del gobierno a una nueva paritaria para el
grueso de los gremios estatales. Morales que había
anunciado el cierre definitivo de las negociaciones días
atrás, vuelve sobre sus pasos (una vez más) y cita a la
docencia a una instancia formal para la tarde en el
Ministerio de Educación. Previo a la reunión, las
organizaciones definen una nueva movilización por el
centro. Es gigante. Las columnas de ADEP y Cedems son
imponentes y se cuentan en más de diez cuadras de largo.
El color abunda, con banderas, carteles y una decena de
profesores de música que, a través de unos micrófonos
conectados a unos parlantes montados en una de las
camionetas de la cabecera, van tocando sus quenas,
flautas y bombos, dando ritmo y melodía a un carnavalito
que es acompañado por una canción que corean a lo largo
de la marcha:
«Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación.
Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación
Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo
Tú has mentido, has engañado a todo el pueblo
Morales gato grita todo el pueblo».
La escena se repite. Comerciantes, vecinos y transeúntes
se unen con cánticos y aplausos. Concluida la recorrida,
la manifestación se traslada a la cartera educativa,
ubicada en el barrio Malvinas, al sur de la capital. De
a poco va llegando la docencia. Una profesora de
educación física con su silbato colgado al cuello, se
ríe sarcásticamente mientras observa de frente el
megaedificio ministerial y comenta: “mirá la plata que
gastaron acá y las escuelas se caen a pedazos”. Para ser
más precisos, la provincia desembolsó en 2021 unos $600
millones para la construcción de lo que parece un
shopping y que tiene unos 9000 m2.
Llega la noticia que Nelson Mamami respondió bien a la
intervención quirúrgica. Tiene uno de sus ojos
comprometidos pero empieza a salir del cuadro delicado
que casi le cuesta la vida.
La reunión entre los gremios y los funcionarios dura
varias horas. Alrededor de las 20, las representaciones
gremiales salen del edificio y anuncian la oferta del
gobierno. Una vez más, Morales vuelve a ceder. Declina
las multas a los sindicatos, por cuatro meses no aplica
el presentismo, la hora cátedra pasa a valuarse en $4000
y el salario básico se duplica a $60 mil y ningún
docente cobra menos de $200 mil de bolsillo. En caso de
no aceptar, el ejecutivo asegura que se aplicará la
propuesta anterior de $179 mil y se descontarán los días
de paro.
“No traicionen, no se vendan”, gritan desde la multitud
presente. La dirigencia sindical se encuentra en una
encrucijada. Por un lado, el aumento logrado es por
demás considerable desde la óptica reivindicativa pero
queda chico para la dimensión que ha tomado la lucha
contra la reforma constitucional. A su vez, empieza a
sentirse el desgaste. La resolución queda atada a lo que
definan las asambleas docentes que cada gremio convocará
para los días siguientes en distintos puntos de la
provincia.
…
Mientras la docencia se desconcentra, cientos de
personas se congregan frente a la cárcel de Alto
Comedero donde aún retienen a los detenidos y detenidas,
incumpliendo todo tipo de garantías procesales. La
incomunicación de los abogados con sus defendidos se
mantiene por más de 24 horas. Ingresan al penal
camionetas 4×4 con personas esposadas en sus cajas. Del
otro lado de la reja, militantes les gritan que se
identifiquen, quienes lo hacen son pisoteados y
golpeados por los uniformados.
La gente se impacienta. Hay familiares, parejas, amigos
y amigas que pretenden la liberación inmediata. Por
momentos todo parece crisparse. Hay quienes empiezan a
presionar sobre el portón de ingreso. Todo se tensa. Al
rato, circula la información que está llegando la orden
del juzgado que da por finalizadas los arrestos, por lo
menos para las personas que no tengan causas previas.
Del predio salen camionetas con los policías que ya
concluyeron su jornada, muchos de ellos van en las cajas
de atrás. Las familias empiezan a insultar: “traidores”,
“basuras”, “que se hacen si son como nosotros”. Entre
los efectivos que se alejan del lugar, algunos se ríen
provocativamente, pero la mayoría agacha la cabeza, mira
al piso y no dicen nada. Parecen avergonzados.
Jujuy, la lucha continúa
Al cierre de esta nota, ya habían finalizado las
asambleas docentes. En un debate reñido, el Cedems
terminó aceptando la oferta salarial, mientras que las
asambleas de ADEP rechazaron la propuesta. Otros gremios
estatales como ATE y el SEOM continuaban sin llegar a un
acuerdo en las negociaciones. En las últimas horas,
allanamientos contra docentes y todo tipo de
arbitrariedades policiales llevó al Cedems a convocar
una nueva huelga.
Las organizaciones sociales continúan debatiendo como
acompasar los tiempos y diferencias de los distintos
sectores. En paralelo, los pueblos originarios empezaron
a ser reprimidos nuevamente en varios de los cortes de
ruta. La lucha contra la reforma continúa y la
inestabilidad sigue siendo, en mayor o menor medida, la
característica central de lo que acontece hoy en Jujuy.
A modo de cierre, podemos decir que el “jujeñazo 2023”
pone sobre la agenda nacional dos datos políticos
centrales. El primero es el avance del enarbolamiento de
un Estado con mayor amplitud represiva montando sobre la
base de una violación sistemática de las garantías y
libertades democráticas. En la resistencia a esta
perspectiva se configura el segundo dato que está
determinado por las luchas de las últimas semanas. Un
pueblo que parecía desarmado y dócil ante la estratégica
inaugurada por Morales en 2015, resurge con una fuerza y
empuje sorprendente, planteando un tipo de oposición muy
distinta a la declamativa o institucional que se pregona
desde la “política profesional”. El laboratorio
represivo y extractivista que se pretende hacer en el
norte del país tuvo su primer gran escollo en la
oposición misma de las masas que, en unidad y a través
de su participación directa en las acciones, muestra el
camino a seguir a millones que sufren penurias similares
en este país. |
