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En el foro “Hacia una
Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias”, que se llevó a cabo en Nuevo León,
senadores y especialistas coincidieron en que estos
mecanismos son necesarios para agilizar la impartición
de justicia, sin que se judicialicen los casos, pero que
se requiere presupuesto para lograr que sean eficaces.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la
Comisión de Justicia, destacó que se busca crear una
herramienta que promueva la participación de la
ciudadanía en la impartición de justicia por la vía
extrajudicial, a través de soluciones efectivas,
confiables y contundentes a sus problemáticas, sin que
tengan que acudir a las instancias jurisdiccionales.
Lo anterior, dijo, ayudará a reducir el número de
expedientes judicializados, pero también, es una forma
de promoción de la cultura de la paz.
Comentó que estos mecanismos permiten otorgar igualdad
de oportunidades a los justiciables, para que puedan
resolver por ellos mismos sus conflictos, a través de
procedimientos sencillos, basados en la voluntad, la
prontitud, la confidencialidad y la honestidad, además
de que privilegia la tolerancia, el diálogo y la
comprensión.
Dijo que la no confrontación ni la creación de
desavenencias permite encausar la voluntad de las partes
para fomentar una resolución amigable, así como eliminar
las formalidades excesivas, los términos extensos, los
gastos onerosos, y los recursos e impugnaciones que se
dan en los juicios formales y sobre todo el desgaste de
las personas.
Sánchez Cordero comentó que esta construcción plural,
con la colegisladora, tendrá éxito porque se escucha a
todos los operadores, organizaciones sociales, barras de
abogados, colegios de notarios y evaluadores, “creo que
puede ser, sin lugar a duda, un éxito para dar una
respuesta real y efectiva a las necesidades de la
población”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos
Segunda, Rafael Espino de la Peña, consideró que se
necesita de mayores recursos para la instrumentación de
una nueva ley general, a fin de mejorar la
infraestructura de los poderes judiciales de las
entidades, ya que se requiere capacitación sobre los
métodos de negociación, los cuales ayudarán a mejorar
costos y a solucionar los conflictos.
Espino de la Peña dijo que se invertiría en mejorar en
el sistema judicial del país, lo cual favorece y
fortalece el Estado de derecho, la promoción del
crecimiento económico y el aumento en el nivel de
bienestar de las personas, con el objetivo de que haya
mayor confianza y entendimiento entre el Poder Judicial
y la población.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, expuso que, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), se registra un promedio de 30
millones de delitos anuales, de esa cifra, sólo 10 por
ciento denuncia, y de dicho porcentaje, el siete por
ciento de los casos llega al Poder Judicial, por ello,
“la gente no confía en que denunciar sirva de algo”.
En ese contexto aseveró que, el objetivo de los
legisladores es trabajar para dar confianza a la
población para que, al momento de que el ciudadano
acceda a la justicia, esta funcione y se les agilicen
todos sus trámites.
Damián Zepeda enfatizó que, con la creación del Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se
estableció que los procedimientos sean eficaces para que
los jueces puedan estar de manera directa con las partes
para resolver conflictos.
El senador Luis David Ortiz Salinas, dijo que el
objetivo de los siete foros es concluir en el diseño de
una ley en esta materia, por ello se discute sobre los
beneficios de los mecanismos alternativos de solución de
controversias, la forma para lograr la estandarización
de los servicios de justicia alternativa, y la
incorporación de pueblos y comunidades indígenas a esta
modalidad.
El legislador de Movimiento Ciudadano planteó que
también se debe analizar la capacitación de operadores
del sistema de justicia, así como el respeto de las
voluntades de las partes.
Subrayó que esta ley general y las que derivan de ella,
“son herramientas fundamentales para lograr una cultura
de la paz, en donde se registra el conflicto cotidiano:
en familias, barrios, centros de trabajo y espacios
públicos. Para su eficacia, deben coordinarse con toda
la cartera de servicios públicos federales, estatales y
municipales”.
Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de
gobierno de Nuevo León, expuso que es importante contar
con este tipo de mecanismos de solución de controversias
ante la llegada de grandes empresas extranjeras,
inversiones y construcción de infraestructura en el
estado.
Dijo que dichos mecanismos son reconocidos y utilizados
a nivel internacional y deben usarse sin temor, y que
ayudan a mejorar y facilitar el nivel de comercio, “sin
quitarle merito a los tribunales judiciales, pero a
veces la complejidad de la materia hace que los jueces
locales no tengan la experiencia técnica en
telecomunicaciones, operaciones complejas eléctricas”,
entre otros.
Guillermo David Zepeda Lecuona, director del Instituto
de Justicia de Jalisco, destacó que los métodos
alternativos de solución de controversias son más
efectivos y tienen una tasa mayor de resoluciones que
los judicializados.
Además, dijo que los Poderes Judiciales en los estados
sólo destinan el 1.6 por ciento de su presupuesto a los
centros de atención judicial, y con esos recursos se
atiende siete por ciento de los asuntos y se resuelve
4.9 por ciento de los casos.
José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial de Nuevo León, reconoció que estos
parlamentos aportarán mecanismos a esa ley para que sea
más inclusiva y objetiva, así como para tener mejores
niveles de acceso a la justicia. |
