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A dónde
van los desaparecidos
En una averiguación paralela de la Sedena, más de 40
militares declararon por la desaparición de los
normalistas, revela documento filtrado por Guacamaya. El
Ejército se ha negado a proporcionar esta información al
GIEI, pese a que varios mandos son considerados clave
para saber qué sucedió con los estudiantes
Por Óscar López para A dónde van los desaparecidos
El Ejército Mexicano realizó una investigación interna
sobre la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa para la que interrogó a más de cuarenta
militares, según revelan correos hackeados por el
colectivo Guacamaya, información que se le ha negado a
los investigadores del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) y a la Fiscalía General
de la República (FGR).
Un documento adjunto a un correo electrónico enviado el
7 de noviembre de 2015, titulado “Lista del personal
militar que ha rendido declaración en P.G.J.M. y P.G.R.,
en relación con el caso Ayotzinapa”, contiene un listado
de 43 militares que testificaron ante la Procuraduría
General de Justicia Militar (PGJM), algunos hasta cuatro
veces. El Ejército ha rechazado que estas declaraciones
existan.
La lista confirma que la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) tiene información que no ha compartido
sobre lo que pasó durante la llamada noche de Iguala y
el posible destino de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que permanecen
desaparecidos, como lo ha señalado el GIEI.
“Al menos 43 oficiales han dado declaraciones ante las
autoridades militares, eso no lo sabíamos”, dijo
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y abogado que
representa a las familias de los normalistas, tras
mostrarle el documento. “Demuestra una investigación
profunda y paralela”.
El área de comunicación social de la Sedena, consultada
por este medio acerca de estos hechos, respondió que “no
cuenta con información que dé contestación a sus
cuestionamientos”.
Aunque no queda claro cuándo se realizaron las
declaraciones, la fecha del correo permite deducir que
ocurrieron entre septiembre de 2014, después de la
desaparición de los estudiantes, y noviembre de 2015.
Los rangos de los militares convocados van desde coronel
hasta soldado, la mayoría del 27 Batallón de Infantería
en Iguala; destacan figuras clave del caso Ayotzinapa
como el coronel —hoy general— José Rodríguez Pérez y el
capitán José Martínez Crespo.
La lista también revela qué militares declararon ante la
entonces Procuraduría General de la República —y cuántas
veces—, lo que muestra que, en algunos casos, fueron
interrogados por las autoridades militares pero no por
la procuraduría, y viceversa.
En este extracto del documento se advierte que el
capitán José Martínez Crespo fue llamado siete veces a
rendir testimonio.
Cuando la Sedena ha sido cuestionada por el GIEI
respecto a las investigaciones internas realizadas y las
declaraciones del personal militar, la institución ha
negado que existan, lo que desmiente el documento.
“Hay una investigación interna por parte de la
procuraduría militar, y hay una toma de declaraciones
reiterada a ciertas personas que tienen un perfil clave
los días de los hechos” dijo en entrevista Carlos
Beristain, miembro del GIEI que investiga el caso desde
2015 por acuerdo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) con el gobierno mexicano. “Nada
de eso se ha dado a conocer, ninguna de esa información
ha sido compartida”.
Según Beristain, tampoco ha sido proporcionada a la
Unidad Especial de Investigación y Litigación para el
Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR.
“La UEILCA tiene menos documentos que nosotros, porque
hay unos que nosotros tenemos y que la Sedena le ha
dicho que no existen”, afirmó Beristain. “No han tenido
acceso tampoco a esas informaciones”.
La desaparición de los estudiantes la noche del 26 de
septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, es
una de las más graves violaciones a los derechos humanos
de la historia reciente. Según las investigaciones
realizadas, los jóvenes fueron atacados por un grupo de
policías municipales de Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco
y Cocula, coludidos con la organización criminal
Guerreros Unidos. Policías estatales y federales también
estuvieron en lugares clave como el Palacio de Justicia
durante la agresión a los normalistas.
Investigadores internacionales y periodistas
independientes han documentado que el Ejército, en
particular los miembros del batallón 27, también jugaron
un rol importante: siguieron los movimientos de los
estudiantes y estuvieron presentes en distintos momentos
durante el ataque, amedrentaron a los sobrevivientes en
una clínica, tenían soldados infiltrados entre los
jóvenes, monitoreaban el sistema C-4 y no hicieron nada
para protegerlos ni buscarlos en los días posteriores.
Ahora, los correos hackeados revelan que la Sedena
realizó sus propias averiguaciones sobre los hechos
ocurridos, pero ha negado que esta información exista
incluso a los investigadores del GIEI, con los que el
gobierno mexicano aceptó colaborar.
Los correos forman parte de los más de seis terabytes de
información de la Sedena filtrados en septiembre del año
pasado por el grupo autodenominado Guacamaya. El hackeo
representa uno de los ataques cibernéticos más graves a
la seguridad nacional.
Durante la conmemoración del octavo aniversario de la
desaparición de los normalistas se desplegó una manta
que aludía a la responsabilidad del Ejército. (Mariam
Guerrero/ObturadorMX)
Los interrogados
La lista de los declarantes incluye al capitán José
Martínez Crespo, quien en 2020 se convirtió en el primer
militar detenido por la desaparición de los estudiantes,
y a José Rodríguez Pérez, ascendido en 2015 a general
brigadier, quien fue aprehendido el año pasado.
Según el GIEI, Martínez Crespo estuvo patrullando por
varios puntos de Iguala la noche del ataque, incluso se
presentó en la barandilla de la Policía Municipal, donde
estuvieron detenidos algunos de los estudiantes,
información que omitió en sus primeras declaraciones y
por lo cual fue sancionado por las autoridades
militares.
Rodríguez Pérez era el comandante del batallón 27 y, de
acuerdo con las investigaciones, ordenó que se
realizaran recorridos en Iguala la noche del 26 de
septiembre. Actualmente enfrenta cargos por delincuencia
organizada. El subsecretario de Derechos Humanos
Alejandro Encinas también lo acusó el año pasado de
ordenar el asesinato de seis de los estudiantes que,
aseguró, permanecieron vivos hasta cuatro días después
de los hechos.
Ambos militares niegan haber participado en el ataque.
“Lo que han hecho [conmigo] es una vileza, una
cobardía”, dijo el general el año pasado en una
entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez
publicada en Excélsior. “Doy la cara y demostraré que
soy inocente”.
La lista de declarantes incluye también al entonces
soldado de infantería Eduardo Mota Esquivel y al
subteniente Fabián Alejandro Pirita, quienes permanecen
presos acusados de delincuencia organizada y
desaparición forzada.
Los abogados César González y Alejandro Robledo, quienes
representan a los cuatro militares encarcelados con
relación al caso Ayotzinapa, dijeron no tener
comentarios sobre la “supuesta investigación” interna
realizada por el Ejército.
Respecto al papel de los militares en el ataque contra
los estudiantes, subrayaron que “el Ejército protegió en
todo momento a civiles”.
“Hay declaraciones de civiles que se encontraban en una
clínica [Cristina] señalando que el personal militar les
pidió perdón e incluso les brindaron ayuda para hacer el
llamado de una ambulancia”, indicaron.
En respuesta a un cuestionario enviado por este medio,
los abogados González y Robledo consideraron que “sin
ningún sustento legal, hoy, indebidamente cuatro
miembros del Ejército mexicano se encuentran en una
cárcel militar enfrentando un proceso penal”.
“Esos cuatro militares no solo brindaron ayuda a
ciudadanos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino
que también han dedicado su vida a la protección de
México”.
En diciembre pasado, un juez federal dejó sin efecto la
demanda de amparo promovida por los abogados de
Rodríguez Pérez, Mota Esquivel y Pirita en contra de su
orden de aprehensión.
Trece de los militares que aparecen en la lista de
declarantes ante la PGJM estaban incluidos en las 83
órdenes de detención solicitadas en agosto del año
pasado por el entonces fiscal especial del caso
Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
Semanas después, la FGR canceló 21 de estas órdenes,
dejando sin efecto la detención de los 13 militares que
habían sido interrogados por la procuraduría militar,
según muestra el documento. Los militares estaban
acusados de delincuencia organizada y desaparición
forzada.
La cancelación de las 21 órdenes, que hasta la fecha no
se han reactivado, fue una de las causas de la renuncia
de Gómez Trejo, titular de la UEILCA.
Aunque el documento con la lista de militares no incluye
el contenido de los testimonios, su existencia prueba
que las declaraciones existen. Tanto estas como otras
investigaciones realizadas por la Sedena podrían ser
clave para esclarecer qué ocurrió esa noche en Iguala,
según Beristain.
“Esa investigación interna debería mostrar detalles que
no han sido revelados de los movimientos que tuvieron
esa noche”, dijo el médico en la entrevista. “Hay
información que puede ser muy importante para conocer
detalles también para la búsqueda de los chavos”.
El intento de los militares de ocultar su propia
investigación forma parte de un patrón: desde el primer
momento, las fuerzas armadas han bloqueado repetidamente
los esfuerzos para llegar al fondo de lo que sucedió con
los estudiantes, según han denunciado los abogados de
las familias de las víctimas y el GIEI.
“Se va avanzando, pero cuando llega con el ejército pues
ya no, ya no se puede avanzar”, dijo en entrevista
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista,
uno de los 43 estudiantes desaparecidos. “Se están
encubriendo todos”.
Según el GIEI, la Sedena tuvo militares infiltrados
entre los estudiantes, y hubo al menos diez soldados que
patrullaban Iguala la noche del ataque. En su último
informe, presentado el 31 de marzo, los investigadores
relatan que elementos de los batallones 27 y 41 de
Guerrero estaban coludidos con el narcotráfico, pues
existe evidencia de “pagos y relaciones [de los
delincuentes] con al menos un comandante y un capitán”.
Cuestionados sobre las afirmaciones del GIEI, los
abogados de los militares respondieron que “las
investigaciones realizadas en torno al caso Ayotzinapa,
son una farsa, son una mentira, son tendenciosas,
falsas, obscuras y no tienen credibilidad”.
Otras filtraciones
En otro documento adjunto a un correo de abril de 2020,
también hackeado por Guacamaya, el coronel de infantería
Bernabé Lázaro Castellanos, quien comandó el batallón 27
hasta enero de este año, le escribe al secretario de la
Defensa Luis Cresencio Sandoval que remite “758 fojas,
relacionadas con los hechos acontecidos los días 26 y 27
de septiembre de 2014”, cuando los estudiantes fueron
desaparecidos.
Aunque las fojas no se integran al correo, la mención
evidencia una vez más que existe una amplia indagatoria
sobre los hechos.
“Es otra indicación de que hubo una investigación”, dijo
en entrevista Kate Doyle, analista del National Security
Archive (NSA) en Washington, quien halló este segundo
correo y lo compartió con este reportero. “Son hilos que
tenemos que seguir jalando”.
En el correo, el coronel Castellanos también le informa
a Sandoval que se realizó “una exhaustiva búsqueda en
los archivos”, pero “no se localizó algún informe,
tarjeta o comunicación emitidos por los órganos de
búsqueda de información desplegados en esa ciudad, los
días 26 y 27 de septiembre de 2014”, debido a que en esa
época no se elaboraban tarjetas de información.
Los Órganos de Búsqueda de Información (OBI) —personal
militar encargado de recabar información— también han
sido una pista clave en la investigación. Según el
último informe del GIEI, “inteligencia militar tuvo
presencia en los dos lugares de ataques a los
estudiantes y no solo en uno como se dijo, y tanto los
OBI como sus responsables mintieron sobre ello”.
Castellanos también menciona que Mota Esquivel, quien
“se desempeñaba como Órgano de Búsqueda de Información
los días 26 y 27 de septiembre, mencionó que durante
esos días daba parte vía telefónica al teniente de
infantería Joel Gálvez Santos”.
Gálvez Santos fue acusado por la UEILCA de desaparición
forzada y delincuencia organizada antes de que fuera
cancelada la orden de aprehensión; Mota Esquivel está
preso por los mismos delitos. Ambos dieron declaraciones
a la PGJM (Mota Esquivel tres veces, Gálvez Santos dos),
según muestra la lista mencionada.
Las alusiones a la intervención de los militares en la
llamada noche de Iguala fueron constantes en la marcha
de 2022. Un documento prueba que la Sedena tiene
información que se niega a compartir. (Magnolia LM/ObturadorMX)
Las negaciones
A pesar de la evidencia, la Sedena ha negado
repetidamente la existencia de esta indagatoria.
El 14 de abril de 2022, el diario El Economista presentó
una solicitud ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai) en la que pedía a la Sedena “el
número de personas pertenecientes a la institución que
han sido investigadas por cometer alguna infracción
derivada de los hechos suscitados en los que
desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa”, así como
el número de investigaciones abiertas por estos mismos
hechos.
En su respuesta, la Sedena respondió: “Después de
realizar una búsqueda exhaustiva de archivos físicos y
digitales de esta secretaría, no se localizó expresión
documental que atienda su solicitud”.
Esta negativa se suma a lo expuesto por el GIEI en su
más reciente informe, que acusa a la institución de
negarle información.
“Se realizaron investigaciones internas en Sedena, pero
no se han entregado los expedientes ni la investigación
completa”, señalan los expertos. “Muchos de los soldados
fueron interrogados por la Justicia Penal Militar,
algunos de ellos varias veces, y esa información no ha
sido proporcionada a la investigación”.
En otro documento adjunto a un correo electrónico de
2021, también hackeado por Guacamaya y no publicado
anteriormente, el director general de Derechos Humanos
de la Sedena, el general Aníbal Trujillo Sánchez, brinda
respuestas a una serie de preguntas de los
investigadores independientes contratados por la CIDH.
A la cuestión de “si existen investigaciones de la
institución respecto de los miembros del Batallón 27, 35
o 41 (2014) [ubicados en Iguala y sus alrededores], por
relación con el crimen organizado”, la Sedena responde:
“se consultó a la Fiscalía General de Justicia Militar,
quien informó que no se cuenta con registro de que se
haya iniciado alguna averiguación previa por el delito
de delincuencia organizada en contra de personal
militar”.
En otra pregunta, el GIEI plantea si se iniciaron
investigaciones contra el capitán Martínez Crespo.
La Sedena niega en su respuesta que tal indagatoria se
realizara, pues al no contar con denuncias de que
Martínez Crespo “formó parte de algún grupo del crimen
organizado”, la fiscalía militar “no estuvo en
condiciones de iniciar alguna investigación en su
contra”.
El militar sigue siendo una figura clave en la
investigación, dado que estuvo patrullando Iguala la
noche del ataque y ha sido señalado por tener vínculos
con el narcotráfico. Según la bitácora, el capitán fue
interrogado por la fiscalía militar cuatro veces.
Óscar López
Periodista y escritor basado en la Ciudad de México,
donde colabora con medios como The Guardian, The New
York Times y The Washington Post.
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