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A dónde van los desaparecidos
El subregistro de
personas migrantes desaparecidas, un problema que
reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda, no se ha
resuelto a cuatro años de la creación del registro
federal. Diversos factores impiden su solución
Nadia Romero Luna para A dónde van los desaparecidos
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no
existe claridad sobre el número de personas migrantes
desaparecidas en México. Según la fuente que se
consulte, las cifras oscilan desde poco más de un
centenar hasta 35,000 personas, lo que complica el
proceso de búsqueda e impide visibilizar el alcance de
la desaparición de migrantes en el país.
“No hay datos exactos de cuántas personas están
desaparecidas desde hace muchos años. La Comisión
Nacional de Búsqueda [CNB, que gestiona el RNPDNO] no
tiene un registro claro porque no quieren reconocer que
en México están desaparecidas las personas migrantes, y
esa ha sido nuestra exigencia”, dice en entrevista Ana
Enamorado, activista y madre hondureña que busca a su
hijo en México desde hace más de diez años.
Al revisar los datos del RNPDNO bajo la categoría de
“Migrantes desaparecidos”, de 2008 —año en que repunta
la violencia en el país por el combate al narcotráfico—
al primer semestre de 2023, el registro arroja 122 casos
de personas provenientes principalmente de Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos y México, la
mayoría hombres (72.99 por ciento). El registro incluye
a cinco niñas de menos de 10 años y a 13 menores de
entre 10 y 20 años. El número asciende a 137 si se suman
las personas inscritas como “no localizadas”.
Estas cifras contrastan con las de organizaciones como
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos, que el año pasado contabilizó 2,000
personas migrantes reportadas como desaparecidas por sus
familiares en los últimos 20 años; el Comité de
Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, que
registró 1,414 casos de Honduras, El Salvador y
Guatemala de 2000 a 2022, y el Comité de Familiares de
Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), con
1,600 casos atendidos de 2012 a 2020.
El gobierno mexicano también maneja cifras distintas. En
mayo de 2022, la senadora Olga Sánchez Cordero reconoció
que hasta esa fecha había estimaciones de 35,000
personas migrantes desaparecidas. En contraste, el
pasado 17 de marzo, Angélica Neiszer Lujano, directora
de Búsqueda de Migrantes en la CNB, afirmó en un foro
regional sobre desapariciones, convocado por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en América Central, que actualmente hay
1,400 personas migrantes desaparecidas en su tránsito
hacia Estados Unidos, sin aclarar el marco temporal. “No
quiere decir que sea un total absoluto”, reconoció,
“sino que deja ver el problema de subregistro tan fuerte
al que nos enfrentamos”.
Enamorado, al igual que la hondureña Génesis Ramírez y
la mexicana Graciela Pérez Rodríguez, también madres
buscadoras y activistas, coinciden en que este
subregistro revela que las personas migrantes siguen
siendo invisibles para las autoridades mexicanas y, en
consecuencia, no hay acciones contundentes para
enfrentar su desaparición.
Casos en aumento
El primer registro de personas migrantes desaparecidas
en el RNPDNO data de 2003. Ocurrió en Chiapas, y es un
hombre hondureño de entre 35 y 39 años. Desde entonces,
las cifras y las nacionalidades no han dejado de
aumentar, lo mismo que las entidades donde ocurren estos
crímenes. Los estados con mayor número de reportes son
Tamaulipas, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco,
Veracruz y Nuevo León. En 2022 se registraron 63 casos,
un significativo incremento en comparación con los 12
del año anterior; de enero a junio de 2023 se han
reportado 22 casos.
Este aumento tiene explicaciones multifactoriales. Una
es el crecimiento de flujos migratorios al país en los
últimos dos años, explica Tomás Martínez Sánchez, doctor
en estudios latinoamericanos y académico de la UNAM.
Considera que el incremento se relaciona con las
políticas de reforzamiento del control fronterizo, a
través de agentes de migración y de la Guardia Nacional
en el norte y sur del país, como parte de acuerdos de
cooperación entre México y Estados Unidos. “Eso implica
mayor visibilización del fenómeno; mayores detenciones,
etc.”.
En ese sentido, Jérémy Renaux, coordinador regional del
Programa de Protección de Vínculos Familiares del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), agrega que el
cierre de los cruces fronterizos aumentó la
vulnerabilidad de las personas migrantes, pues ahora
viajan en condiciones cada vez más extremas al tener que
transitar por rutas inhóspitas, limitando su acceso a
mecanismos de protección y asistencia humanitaria.
Para Yolice Quero, oficial nacional de Protección de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
México, el aumento en el número de personas migrantes
desaparecidas puede estar relacionado con los esfuerzos
por obtener más y mejores registros, precisando que este
objetivo debe traducirse, a su vez, en acciones de
búsqueda en vida y en la localización de las personas.
Yesenia Valdez Flores, coordinadora de Defensa Integral
de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho (FJEDD) —organización que promueve el acceso
a la justicia para familias de migrantes víctimas de
violaciones a los derechos humanos— destacó la creación
del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), que permite
denunciar en Centroamérica la desaparición de familiares
en México sin tener que trasladarse al país.
Actualmente, el RNPDNO incorpora datos de la Fiscalía
General de la República (FGR), las fiscalías estatales,
autoridades ministeriales y diplomáticas de otros
países, y denuncias ciudadanas —posibilidad que se abrió
este año—; dispone para su consulta de una versión
pública. Pero, como ya se observó, el subregistro es
elevado.
Para Neiszer, el problema radica en que por tratarse de
personas desterritorializadas, que están en tránsito, la
CNB se “enfrenta” a las distintas jurisdicciones de los
territorios, pues las fiscalías estatales no cuentan con
un mecanismo homologado para atender casos de personas
desaparecidas. Otro problema es la falta de comunicación
entre las fiscalías, tanto en México como con sus
equivalentes de otros países; no es inusual tampoco que
haya denuncias duplicadas. “Esto provoca que la
información esté desagregada y dispersa en distintos
formatos”, dijo durante su participación en el foro.
La abogada de la FJEDD coincide con el diagnóstico de la
funcionaria, y agrega que el impacto de esa
descoordinación institucional se refleja en que no hay
un acuerdo sobre a quién le corresponde investigar una
desaparición ni en qué casos.
Por ejemplo, cuando una desaparición se relaciona con
trata de personas es investigada por la FGR, y la CNB no
la incluye en su registro. Para Valdez, ambas
circunstancias están estrechamente relacionadas, por lo
que no deberían dividirse esas diligencias.
Critica además el hecho de que la comisión no participe
en la búsqueda forense. “El cuestionamiento es por qué y
cuándo va a entrarle de manera formal y efectiva”.
Quero, desde la OIM, agrega que la falta de capacitación
de autoridades ministeriales y de personal en los
consulados, así como el desconocimiento sobre los
mecanismos que implementa México en los casos de
desapariciones, es otra razón que dificulta una
contabilidad más precisa. Martínez añade que “los datos
están incompletos [dentro de las diferentes fiscalías
del país] o se llega a denunciar más de una vez el mismo
caso”. Esto también es consecuencia de la falta de una
metodología única y de criterios homologados de registro
en las fiscalías, añade.
Enamorado reconoce que se ha avanzado en las acciones
gubernamentales, pero, al igual que Valdez, observa que
la problemática está en lo operativo, una área en la que
no advierte grandes cambios, pues las autoridades siguen
bloqueando las investigaciones. El subregistro en el
RNPDNO no se limita a migrantes, ya que ha sido
denunciado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos
en México. Durante su visita al país en noviembre de
2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
también se refirió a la falta de resultados en la
investigación de las desapariciones, expuesta por los
colectivos mexicanos de familiares: “Nos han señalado
que día a día, en su búsqueda de respuestas y justicia,
son víctimas de la indiferencia y la falta de avances”.
Problemáticas que persisten
Los retos para lograr que la desaparición de una persona
migrante sea registrada también se explican por su misma
condición, afirma Martínez: desde el temor a las
autoridades migratorias hasta las dificultades para
buscar a alguien desde el extranjero dificultan realizar
las denuncias.
Valdez señala que estas problemáticas son consecuencia
de la falta de acceso a la justicia, entendida como el
desconocimiento de los mecanismos de búsqueda y el
proceso para denunciar una desaparición tanto en el país
de origen de la persona como en el que sucedió el hecho,
así como la lejanía geográfica de las instituciones en
las que se tiene que abrir la causa. También ocurre que
no todas las personas denuncian una desaparición, ya sea
por miedo a represalias, por falta de confianza en las
autoridades, o para evitar el maltrato por parte de
ministerios públicos.
“El acceso a la justicia”, subraya, “sigue siendo un
privilegio solamente para aquellos que están
relacionados con el tema de procuración de justicia, o
bien que tienen la posibilidad de contar con una
asesoría”.
Los relatos de las hondureñas Génesis Ramírez y Ana
Enamorado ilustran cómo algunos de estos factores
complicaron los procesos de búsqueda de su madre y de su
hijo, respectivamente. Aunque sus historias remiten a
temporalidades y circunstancias diferentes, los
resultados son similares y demuestran que las
problemáticas expuestas persisten.
Todo rastro de Julia Velásquez Sierra se perdió en
México un agosto de 2012, a más de 1,446 kilómetros de
su familia y de su país de origen. “Mi mamá huyó de
Honduras rumbo a Estados Unidos porque recibió amenazas
de muerte”, recuerda Ramírez, que entonces tenía ocho
años. El destino llevó a Julia a radicar en Monterrey,
donde desapareció junto a su pareja, un hombre mexicano.
Ramírez, que actualmente forma parte del Comité de
Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, no
recuerda el momento en que se dio cuenta de que su madre
desapareció, pues pasaron días sin que se comunicara, lo
cual no le extrañó en un principio: “Primero pensé que
podría estar muy ocupada, luego que podría ser falta de
interés; una puede pensar muchas cosas en estas
situaciones”. Pasados los días confirmó que en Monterrey
ninguno de sus conocidos sabía dónde estaba su madre.
El registro de una persona desaparecida y su búsqueda
también se pueden dificultar debido a que muy pocas
veces los reportes ocurren de forma inmediata, ya que a
nivel personal procesar que se está enfrentando este
delito lleva tiempo. Esto contrasta con el hecho de que,
para las autoridades, las 24 horas siguientes a una
desaparición son vitales para actuar, precisa Enamorado.
“En el caso de nosotras, las familias que no somos de
México, no podemos activar una búsqueda en 24 horas;
para empezar, porque no tenemos una certeza clara de qué
está pasando y cómo responder al problema”.
La madre activista, que lidera el colectivo Red Regional
de Familias Migrantes, perdió contacto con su hijo Óscar
López un día de enero de 2010, cuando sostenían una
llamada telefónica que, minutos después, se cortó de
manera abrupta.
Óscar había partido a Estados Unidos un año antes, pues
en Honduras, su país natal, tenía escasas oportunidades
laborales. En su camino encontró una propuesta de
trabajo en Jalisco, último lugar desde el que contactó a
su madre. Hasta la fecha, Enamorado desconoce qué
ocurrió con su hijo durante esa llamada y, al igual que
Ramírez, cuenta que no reconoció de inmediato que se
enfrentaba a una desaparición.
“Yo no entendía si era una desaparición o qué había
pasado con él. Y mientras tanto te haces tantas
preguntas, y no son horas, son meses y a veces hasta
años, cuando decidimos actuar, buscar a una autoridad”,
agrega Enamorado.
Otro factor es el desconocimiento de la ruta a seguir.
Cuando Julia desapareció en 2012, Ramírez era una
adolescente. Su hermana mayor interpuso una denuncia,
pero no tuvo ningún alcance, ya que la hizo ante un
policía que no estaba especializado en atender esos
casos. “En ese tiempo no sabía que existían la
cancillería y el consulado; no teníamos información de
cómo hacerlo”.
Seis años transcurrieron para que Ramírez pudiera
recibir asesoría del Movimiento Migrante Mesoamericano,
una red de familiares y activistas que coadyuvan en la
búsqueda de personas desaparecidas, y en 2022 pudo
viajar a México como parte de una de las caravanas que
esta ONG organiza desde Centroamérica para que sus
integrantes busquen a sus seres queridos. Una década
antes, Enamorado también había recorrido el país.
Hasta ahora, ninguna ha encontrado respuestas;
desconocen el paradero de Julia y de Óscar, y el porqué
desaparecieron. Ramírez solo tiene una corazonada de lo
que pudo haberle pasado a su madre. Relata que, por los
días en que Julia desapareció, hubo una masacre en un
restaurante: “Mi mamá estaba de turno [sabía que era
mesera en la ‘zona caliente’ de Monterrey]. Murieron
unas diecisiete personas, ella pudo estar entre ellas”.
Ninguna autoridad ha confirmado esta hipótesis.
Cuando Enamorado llegó a México en 2012 enfrentó la
falta de capacitación de las autoridades ministeriales
para atender su denuncia, agravada por el hecho de que
no existía la figura legal de “persona desaparecida”,
aquella cuyo paradero se desconoce y se presume que su
ausencia está relacionada con la comisión de un delito.
“En aquellos tiempos era tan complejo porque las
familias estábamos totalmente solas; nos daban la
espalda tanto autoridades de nuestros países como las
mexicanas”.
Al respecto, Martínez confirma que, en esa época, en las
procuradurías el término utilizado era “persona no
localizada”, una figura que aún existe y que identifica
a aquella cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia
no se relaciona con ningún delito. Puede interpretarse
incluso, agrega, que esa persona eligió ocultarse, lo
que complica que las autoridades atiendan la denuncia
como una desaparición.
En este sentido, la activista Graciela Pérez Rodríguez
recuerda que, en su caso, la ausencia de la figura legal
de persona desaparecida fue usada como argumento para no
activar la búsqueda de sus familiares. “Decían que era
peligroso”, dice.
Ella tampoco ha obtenido respuestas sobre qué ocurrió
con cinco integrantes de su familia; una es su hija, de
nacionalidad estadounidense, que tenía 13 años cuando
desaparecieron en 2012, mientras viajaban en auto por la
carretera de Ciudad Mante, de vuelta a su casa de
Tamaulipas tras un viaje a Houston, Texas.
Publicado por A dónde van los desaparecidos
Graciela Pérez Rodríguez durante una búsqueda en campo.
Cinco de sus familiares desaparecieron en 2012 en
Tamaulipas; una es su hija, que entonces tenía 13 años.
(Ciencia Forense Ciudadana)
Falta de eficiencia
Ana Enamorado, Génesis Ramírez y Graciela Pérez
Rodríguez han acompañado durante la última década a
otras madres, padres y familiares de personas migrantes
desaparecidas; con esa experiencia afirman que existen
pocas diferencias entre la época en que iniciaron su
búsqueda y la actualidad. Para Martínez, especialista en
seguridad nacional, se trata de problemas básicos “que
indican poca eficiencia funcional”. Por ejemplo, a pesar
de que en años pasados se realizaron metodologías y
recomendaciones para homologar los registros, estas se
desecharon en 2017 debido a cambios de personal en las
fiscalías estatales. El gobierno actual arrancó desde
cero.
Ramírez considera que “la CNB no está haciendo nada”.
Detalla que todas las gestiones de búsqueda están a
cargo de organizaciones civiles en Centroamérica y
México. “Nosotros salimos por nuestros medios, hay que
buscar organizaciones no gubernamentales que nos den
apoyo, transporte, alimentación, financiamiento, es un
relajo”, lamenta.
Para Quero, la problemática actual también se debe a que
los mecanismos de registro de la CNB apenas se están
dando a conocer entre las autoridades mexicanas y sus
contrapartes en otros países, como fiscalías y
consulados. Es enfática al señalar que la consolidación
del RNPDNO se enfrentó a la inconsistencia de datos, los
registros duplicados, diversas metodologías de
recolección que impedían hacer cruces de datos, así como
la falta de coordinación entre países de autoridades
especializadas en la búsqueda de personas migrantes,
problemáticas que, asegura, la CNB intenta revertir.
“Ahora hay mucha más información que hace trece años,
pero la desaparición de personas migrantes no es un tema
del pasado”, señala Enamorado. “Nuestra lucha es la de
seguir visibilizando, denunciando que las personas
siguen desapareciendo, y seguir acompañando a las
familias”.
La elaboración de este reportaje fue apoyada desde la
Academia Global de Medios y Migración (GMMA), un
proyecto impulsado por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM/ONU Migración) que trabaja con
periodistas en promover narrativas éticas sobre
migración que pongan a las personas en el centro de las
historias. |
