Una historia de violencia y destrucción
medioambiental
El río Sinú, en Colombia, ha proporcionado
alimentos, agua y transporte a la población local durante miles de años.
Pero en las últimas décadas un puñado de terratenientes ricos impulsó
por la fuerza la construcción de una represa que provocó inundaciones
desastrosas en la región.
Como se puede ver en las noticias nocturnas por todas partes, las
inundaciones han alcanzado un nivel sin precedentes en todo el mundo.
Aunque este aumento generalizado de las catástrofes hídricas es en gran
parte producto de la crisis climática, otro factor fundamental que
contribuye a las inundaciones extremas (aunque mucho menos discutido) es
la manipulación humana del entorno natural, con frecuencia realizada
para permitir la cría comercial de ganado.
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El río Sinú atraviesa el norte del estado de
Córdoba, en Colombia, y ha proporcionado alimentos, agua y transporte a
las comunidades locales durante miles de años. Sin embargo, en las
últimas décadas, debido a la construcción de represas y al aumento de la
población ganadera, ha sido responsable de la inundación de importantes
pueblos y ciudades de la región. Como muchos otros grandes ríos de
Colombia, el Sinú se encuentra en un estado deplorable: alternativamente
seco y desbordado, muy contaminado y con su vida acuática diezmada, a
menudo es utilizado como ruta de transporte clandestina para las
organizaciones criminales.
Colombia lleva más de cincuenta años en guerra consigo misma, y la
extrema violencia que ha vivido el país es en gran parte resultado de
las luchas por la tierra, codiciada por sus minerales o por los pastos
para el ganado. La tierra equivale a riqueza y poder, pero solo se
benefician de ella quienes controlan el agua que la rodea. En
consecuencia, ríos como el Sinú, que durante mucho tiempo han servido de
sustento a las comunidades circundantes, se han convertido en
herramientas —y a veces incluso en armas— en los conflictos armados por
la tierra, y han sufrido por ello.
El río como arma
En Colombia existe un movimiento progresista que busca conceder derechos
a los ríos como si fueran seres vivos. En 2016, un tribunal superior
ordenó al gobierno que protegiera, conservara, mantuviera y restaurara
siete ríos de Colombia. Por desgracia, el río Sinú no era uno de ellos.
La mayoría de las principales ciudades y pueblos de Córdoba se fundaron
a orillas del río Sinú, donde actualmente reside el 70% de los
habitantes del departamento. Nacido en las selvas húmedas tropicales
situadas en las montañas del Parque Nacional del Paramillo, el río Sinú
corre hacia el norte más de trescientos kilómetros hasta el océano
Atlántico. Es el único río de Colombia —y uno de los pocos del mundo—
que conecta cuatro biosistemas diferentes (tundra, selvas húmedas,
humedales y estuarios).
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El Valle del Sinú posee algunas de las tierras más fértiles del país,
comparables a las que riegan los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Los
habitantes originales de la región, los zenúes, llamaron al río Sinú,
que significa «hermosa tierra de agua». Debido a la íntima relación del
pueblo zenú con su río, su cultura se ha definido como «anfibia». Más de
cien comunidades indígenas se extienden a lo largo del río y dependen de
él para alimentarse y comerciar con otros pobladores.
Los zenús, como muchos pueblos indígenas de la región andina,
desarrollaron sofisticados sistemas de canales llamados waru waru (los
españoles los llamaban camellones) sobre los que construyeron tierras
agrícolas elevadas. Este sistema de huertos «flotantes» no solo les
permitía cultivar en zonas cercanas al río que a menudo se inundaban,
sino que también les ayudaba a paliar los extremos de las estaciones
húmedas y secas y a desviar el exceso de agua para evitar inundaciones,
ya que los waru waru estaban construidos perpendicularmente al río.
Las numerosas ciénagas que se extienden a lo largo del río Sinú ayudan a
mantener el equilibrio tierra-agua y proporcionan mecanismos a prueba de
fallos para evitar desastres causados por precipitaciones extremas o
sequías. Sin embargo, los waru waru, las ciénagas y el propio río se han
convertido en víctimas de prácticas medioambientales destructivas.
En los pueblos del río Sinú, se utilizan pequeñas canoas de madera
hechas a mano para pescar y transportar pescado y productos frescos al
mercado. Durante las inundaciones, también se utilizan como taxis o
transporte personal para desplazarse por la ciudad. (Foto: Kurt
Hollander)
Los europeos llegaron por primera vez a Córdoba en busca de metales
preciosos. «Pobre Perú si descubren el Sinú» era un famoso dicho
español, acuñado para atraer a los europeos a excavar en busca de oro a
lo largo del río. Haciendo caso a la llamada, en 1844 se fundó la
Compañía del Sinú, de capital europeo, para extraer oro y platino de la
zona. Dos días después de que se instalara la pesada maquinaria minera,
el río Sinú se desbordó, enterrando inmediatamente y para siempre las
máquinas y las perspectivas de negocio de la empresa.
Hoy, son la carne y la leche las que han llevado a los cazadores de
beneficios a utilizar la tierra y el agua de forma destructiva y
extractiva. En la década de 1920, en los humedales que rodean la bahía
donde el Sinú desemboca en el océano Atlántico, los lugareños cultivaban
arroz. Cuando los propietarios de las haciendas ganaderas cercanas
intentaron expulsarlos de sus tierras para crear pastizales, se produjo
un conflicto armado.
Los propietarios de las haciendas, en un intento de cortar el suministro
de agua a sus enemigos y aumentar al mismo tiempo sus propias tierras y
riquezas, desviaron el río a kilómetros de su cauce original. Desde
entonces, el río Sinú no solo ha sido un recurso valioso, sino también
un medio para aumentar o disminuir el valor de la tierra y de los
animales que pastan en ella, y un arma que se utiliza contra los
campesinos locales y los pueblos indígenas.
Cómo destruir un río
Con mucho, la mayor usurpación del agua del río Sinú para fines privados
es la presa de Urrá. Propuesta por primera vez por el gobierno
colombiano en la década de 1940, la presa fue autorizada en 1974, y el
acuerdo para su construcción se concedió al gobierno de la URSS. Tras
varios años de retrasos, se propuso un proyecto más ambicioso, que
incluía la construcción de una central hidroeléctrica.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se negaron a
financiar el proyecto debido a la falta de estudios de impacto ambiental
y a las dudas sobre la viabilidad de la construcción, por lo que el
gobierno colombiano obtuvo en su lugar financiación de un banco sueco y
de una empresa canadiense, con 270 millones de dólares adicionales
procedentes de los gobiernos federal y estatal. En 1996, el río Sinú fue
desviado de su curso natural a través de dos túneles gigantescos, y se
creó un lago artificial inundando más de setenta millones de metros
cuadrados de tierra, desplazando a varias comunidades indígenas y a
quinientas familias campesinas.
Plagada de retrasos, corrupción y problemas presupuestarios, la presa
hidroeléctrica no empezó a funcionar hasta el año 2000. El río Sinú y la
región que lo rodea no han vuelto a ser los mismos desde entonces.
Además del elevado coste humano del desplazamiento forzoso y del fin del
comercio fluvial, la inundación intencionada producida para formar el
lago artificial de la represa provocó una deforestación generalizada,
aumentó la salinidad del agua del río (al aumentar la afluencia del mar
debido al menor volumen de agua dulce) y provocó más erosión, así como
la desecación de los humedales circundantes. Varias especies de aves,
peces y animales terrestres de las que los lugareños habían dependido
para sobrevivir desaparecieron de la región.
Los pueblos rurales diseminados a lo largo del río Sinú se vieron muy
afectados por las elevadas precipitaciones de 2022, sobre todo los
situados cerca de extensos ranchos ganaderos, y las carreteras se
transformaron en ríos. (Foto: Kurt Hollander)
Pero la presa fue una bendición para los ganaderos locales que habían
promovido el proyecto. El ganado había sido traído al Nuevo Mundo por
los españoles, y desde mediados del siglo XIX ha sido la principal
fuente de ingresos del departamento de Córdoba. En la actualidad,
alrededor del 60% de la tierra de Córdoba se destina a explotaciones
ganaderas. Hay aproximadamente dos millones de cabezas de ganado
destinadas a la producción de carne vacuna y unas 135.000 a la
producción de leche, lo que convierte a Córdoba en el segundo productor
de ganado más importante de Colombia y en uno de los mayores
exportadores de productos bovinos en todo el mundo.
La conversión a la ganadería trajo consigo una deforestación masiva, y
la asignación de vastas zonas a tierras de pastoreo ha provocado la
erosión generalizada del suelo, la sedimentación de los ríos y el
aumento de las inundaciones. El uso de la tierra de Córdoba —una de las
más fértiles del país— para la ganadería significa que la tierra no se
utiliza para cultivar productos de consumo humano. En consecuencia, la
población indígena, que depende en gran medida de una dieta basada en
plantas y no en carne, se ha visto perjudicada.
A medida que los ganaderos de Córdoba acumulaban tierras y riqueza,
surgieron grupos guerrilleros de izquierda que robaban ganado y
asaltaban y secuestraban a los ganaderos ricos. Para contrarrestar a la
guerrilla, doscientos ganaderos de Córdoba se unieron para crear la
organización paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Cuando fracasaron las negociaciones para la construcción
de la represa entre el gobierno y las comunidades indígenas y campesinas
locales, la violencia paramilitar aumentó bruscamente, y las AUC
intimidaron o asesinaron a quienes protestaban contra la construcción de
la represa.
Las AUC, organizadas y financiadas por los ganaderos, enviaron una carta
al Senado y al entonces presidente de Colombia en la que alegaban que la
guerrilla estaba obligando a las comunidades indígenas a oponerse a la
construcción y acusaban a estas comunidades de apoyar a los rebeldes.
Las AUC prometieron que si la construcción de la presa no seguía
adelante se verían obligadas a tomar cartas en el asunto. El presidente
firmó la licencia para permitir la continuación de las obras cinco días
después.
Con la excusa de proteger la represa de los elementos subversivos, el
ejército y los grupos paramilitares emprendieron una guerra contra todos
los elementos liberales de la región. Las víctimas, entre ellas
profesores universitarios, fueron «desaparecidas» para a menudo
reaparecer flotando en el río Sinú. Un líder indígena, el más abierto
crítico de la represa, fue secuestrado y asesinado en 2001, un año
después de que la presa empezara a funcionar, y la violencia en la
región aún no ha cesado.
Aunque la finalidad declarada de la presa era la generación de
electricidad, su construcción y la inundación de la zona se llevaron a
cabo en realidad para permitir a los ganaderos ampliar enormemente sus
tierras en la región. Los grupos paramilitares, trabajando conjuntamente
con el Ejército —supuestamente luchando contra las guerrillas
comunistas— obligaron a muchos campesinos y comunidades indígenas a
abandonar sus tierras, que posteriormente fueron arrebatadas por los
ganaderos.
La violencia y el acaparamiento de tierras en la región contaron con el
apoyo de políticos y jueces cordobeses, muchos de los cuales acabarían
más tarde en la cárcel por corrupción y asociación con paramilitares y
narcos. Varios de estos políticos también fueron acusados de malversar
el dinero del gobierno destinado a la reforestación y de desviar el río
Sinú hacia sus propios ranchos, agotando la fuente de agua de las
comunidades y provocando la desecación de amplias zonas.
El legado de la presa de Urrá
Aunque se suponía que la presa de Urrá debía controlar las inundaciones,
en 2007 se produjeron inundaciones masivas en toda la región, por lo que
se añadieron dos metros adicionales al muro de la represa. Sin embargo,
las inundaciones hoy son peores que nunca. En 2022, las elevadas
precipitaciones provocaron una fuerte subida del agua en la represa que,
al liberar el agua para controlar la presión, provocó una de las peores
inundaciones. Dejó tierras, casas y ciudades bajo el agua durante meses.
Las graves inundaciones anegaron las ciudades y pueblos situados a lo
largo del río Sinú, especialmente los situados junto a las ciénagas que
en el pasado habían ayudado a mitigar las inundaciones, y afectaron a
más de 5500 familias. Muchos de los pueblos situados junto al río se
vieron obligados a construir puentes con tablones y ramas para que la
gente pudiera llegar a sus casas, aunque otras familias abandonaron sus
hogares durante meses. Las inundaciones que se producen en abril suelen
permanecer en las ciudades y pueblos hasta diciembre. Otras inundaciones
importantes se produjeron en 1998 y en 2010, pero la de 2022-23 ha sido
con diferencia la peor.
El mercado principal de la ciudad de Lorica, situado al borde del río
Sinú, donde los lugareños compran sus productos frescos y pescado,
estuvo inundado durante varios meses en 2022. (Foto: Kurt Hollander)
Mientras que las precipitaciones cada vez más extremas causadas por la
crisis climática mundial afectan al nivel del agua del río y de las
ciénagas, las haciendas ganaderas sin árboles con diques alrededor de
las zonas de pastoreo hacen que las inundaciones sean mucho peores para
los pueblos y ciudades de la región. Las defensas interesadas de los
ganaderos locales contra las inundaciones ayudan a proteger sus
gigantescos rebaños de ganado pero agravan los problemas de las
comunidades indígenas y campesinas.
Las inundaciones ya no son un acontecimiento natural en Córdoba, sino un
proceso controlado que afecta selectivamente a las zonas y poblaciones
circundantes, favoreciendo a los ricos y a sus vastos ranchos ganaderos
al tiempo que socava las condiciones de vida de las poblaciones
indígenas y campesinas que durante siglos han habitado la zona. Las
inundaciones anormalmente extremas del río Sinú y de otros cursos de
agua importantes de todo el país pueden considerarse una manifestación
más de la injusticia social que reinó en Colombia durante las últimas
décadas.
Traducción: Florencia Oroz
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