FRAYBA: Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

México. Edición de 24 de agosto de 2023

Renuncia comisionada de búsqueda na; fue por presiones “de arriba”

PRESIDENCIA: Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios

México arde de norte a sur; a las mujeres nos siguen matando: Sue Ellen Bernal

Informa Román Meyer que Infonavit y Sedatu avanzan en la estrategia de regeneración de vivienda abandonada

Fabricación de culpables, una práctica Constante en México, señala Nestora Salgado

La Sala Regional determinó que se reponga el procedimiento de liquidación del partido local Somos

Invalida la Corte disposiciones de los estados de Morelos, Quintana Roo e Hidalgo que establecían el pago de derechos por la búsqueda de información

La violencia política digital trasciende la vida de las mujeres: Dania Ravel

Es constitucional la disposición del código civil de Nuevo León que retira la patria potestad al padre o a la madre que incumpla con la obligación alimentaria

CDMX: Disminuye 30 por ciento la incidencia del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, entre 2020 y 2023

MICHOACÁN: Niñas y niños con cáncer no están solos; 400 familias reciben apoyo para seguir: Bedolla

MORELOS: Continúa Comisión de Búsqueda de Personas brindando acompañamiento a familias en la brigada de toma de muestras genéticas

NUEVO LEÓN: Designa Gobernador Samuel García a nuevo Titular de Simeprode

NUEVO LEÓN: Exigen detener violencia política contra diputada

Renuncia comisionada de búsqueda Karla Quintana; fue por presiones “de arriba”

Publicado por A dónde van los desaparecidos

El censo de personas desaparecidas –con el que se podría rasurar la cifra de víctimas en este sexenio, según activistas– ocasionó el choque entre la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, y el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete. Tras tres meses de tensión, la funcionaria presentó su renuncia

Por Redacción A dónde van los desaparecidos

Este miércoles 23 de agosto, en sus redes sociales, Karla Quintana Osuna —quien desde febrero de 2019 encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)— informó que presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. No explicó los motivos, solo mencionó que fue “en virtud de los contextos actuales”, aunque trascendió que se debió a su negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas que se ordenó desde Presidencia en mayo pasado.

Fuentes consultadas por A dónde van los desaparecidos aseguraron que la petición de renuncia a Quintana Osuana, así como a sus directores generales, fue solicitada por autoridades “más arriba de la Segob [la Secretaría de Gobernación]”.

Al momento de su salida de la institución, en el portal de la CNB se publicaron extractos de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que, durante todo el sexenio, la comisión se negó a hacer públicas y que ahora podían ser descargadas y consultadas de manera libre. La base completa cuenta con 292,525 casos de desaparición, de los que 111,045 personas continúan sin ser localizadas, 168,256 fueron encontradas con vida y 13,224 se determinó que habían fallecido.


“Es demasiado tarde, debía de haber renunciado hace mucho. ¿Cómo una funcionaria pone su renuncia en una cuenta de Twitter y ni la Segob ni Alejandro Encinas la han publicado? ¿Qué significa la renuncia ‘en el contexto actual’? Que quieren rasurar la base de datos y que, supongo, ella se negó”, señaló el especialista Jacobo Dayán, quien ha seguido de cerca la realización del censo del presidente López Obrador.

Criticó también que el RNPDNO sigue incompleto, no incluye cuántas personas desaparecidas fueron encontradas vivas o muertas. “El resto de la ecuación también falla: el censo de fosas clandestinas y comunes, de cuerpos y la base genética que supuestamente tiene la Fiscalía General de la República, no es público”, señaló.

De acuerdo con una fuente consultada, el conflicto al interior del gabinete comenzó cuando se publicó que en el sexenio actual se superó el récord de desapariciones de las administraciones anteriores y que, en promedio, cada hora desaparecía una persona. Ante este panorama, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, impulsó que se realizara una revisión de los casos de desaparición que, el pasado 9 de junio, el presidente anunció como un “censo”.

Los métodos con los que se comenzó a verificar si había personas desaparecidas que estaban vivas y habían vuelto a sus hogares fueron considerados revictimizantes por los colectivos de familias buscadoras, como informó este medio.

La comisionada Quintana habría estado en contra de los procedimientos para realizar el denominado censo y, en consecuencia, fue marginada del proceso. El alejamiento también fue con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien había sido su aliado.

En su edición de agosto, la revista Proceso publicó que el presidente manifestó en una reunión ante los 22 gobernadores de Morena y otros aliados su falta de confianza en Quintana. Esto ocurrió el 23 de mayo, dos semanas antes del anuncio del censo para depurar la cifra de personas desaparecidas.

“La comisionada quería que no se rasurara [el censo] si no se presentaban pruebas de vida o muerte de que las personas habían aparecido, y que el aval de eso fueran las fiscalías”, confió una de las fuentes consultadas para esta nota.

Desde el 19 de julio de este año, A dónde van los desaparecidos publicó que funcionarios de la CNB, comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en, al menos, cinco estados para preguntar por su pariente, alegando que aparecía en las listas de vacunación por covid-19, sin proporcionarles más información.

En algunos casos, los funcionarios iban acompañados por personal de la Guardia Nacional e incluso pidieron inspeccionar algunos hogares para cerciorarse de que los familiares decían la verdad. También se enviaron oficios, vía correo electrónico, con la misma información: el pariente desaparecido se había vacunado, pero no se contaba con más datos. Esto alimentó la esperanza de familiares en búsqueda de que sus seres queridos estaban vivos. Cuando pidieron detalles, no se les proporcionó.

Ante el escándalo, López Obrador reconoció en su conferencia mañanera que se llevaba a cabo un programa de búsqueda “casa por casa”. La CNB nunca aclaró la metodología y los protocolos con los cuales se llevaban a cabo esas visitas, tampoco respondió a las críticas.

Este medio publicó que las comisiones de búsqueda de Hidalgo, Coahuila y Durango afirmaron que el programa de visitas a los domicilios permitió encontrar un alto número de personas registradas como desaparecidas, cuyo nombre surgió a partir de distintos cruces de padrones sociales con el RNPDNO, las cuales no habrían sido dadas de baja del padrón.

En Coahuila, por ejemplo, de una lista de 80 personas, presuntamente encontraron entre 60 y 70; esto desató las críticas de los colectivos de familiares.
 

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PRESIDENCIA: Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios

Ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de la minoría legislativa de oposición en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) sostiene la validez de esta norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019.

Con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.

La LGHCTI, que legisladores de oposición buscan invalidar, tiene como propósito recuperar la confianza en la capacidad de los mexicanos y mexicanas para formar científicos de calidad mundial; pretende evitar la fuga de cerebros mediante el apoyo de posgrados nacionales, a los cuales ya se destinan cuatro veces más recursos que en 2018.

Esta ley general vincula la producción científica con la solución de las necesidades sociales, como la pobreza extrema, la salud o la inseguridad, entre otras. Se implementan Programas Nacionales Estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de las problemáticas nacionales.

Al reasignar miles de millones de pesos —que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario— se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores. A través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.

Por ejemplo, cuando el ahora diputado federal Juan Carlos Romero Hicks encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico.

¿Cuál fue el beneficio social para la población?

Resulta cuestionable que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017.

El derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado. Por ende, la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, en respeto a la libertad configurativa del Congreso de la Unión consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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México arde de norte a sur; a las mujeres nos siguen matando: Sue Ellen Bernal

Palacio Legislativo, 24-08-2023 (Notilegis).- No podemos mirar a otro lado, el país está que arde de norte a sur, en el centro, no podemos caer en complacencias y esconder lo que es real, afirmó la diputada federal Sue Ellen Bernal (PRI).

Durante la discusión de seis dictámenes de la Primera Comisión en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aseveró que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe atacarse desde muchos ámbitos y ejes, porque “a las mujeres nos siguen matando en este país y el número de feminicidios sigue aumentando”.

La legisladora por el Estado de México detalló que el año pasado hubo más de 3 mil 800 feminicidios y consideró difícil poder saber cuántos habrá en 2024, porque se vive una crisis de violencia que también se ve reflejada en el número de personas desaparecidas, de las cuales un tercio corresponde a este sexenio.

“Los mexicanos ya se cansaron y en el 2024 la mayoría la tendrá la oposición”, recalcó Sue Ellen Bernal, para luego lamentar que, al término de trabajos de este periodo de la Comisión Permanente se dejen muchos pendientes, ya que, precisó, hay 991 puntos de acuerdo sin discutir y que se irán al archivero.

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Informa Román Meyer que Infonavit y Sedatu avanzan en la estrategia de regeneración de vivienda abandonada

Palacio Legislativo, 24-08-2023 (Notilegis).- El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, informó que con la estrategia para regenerar vivienda abandonada que implementó esta dependencia junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se han recuperado alrededor de 70 mil viviendas que estaban abandonadas.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación al término de su participación en el Taller de Armonización Legislativa Local en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, recordó que a inicios de esta administración en México había 650 mil casas o departamentos abandonadas por sus propietarios, la causa fundamental era porque en gobiernos anteriores había una lógica mercantil en la generación de vivienda, y permitieron la construcción de conjuntos habitacionales alejados de servicios y centros de desarrollo educativo y laboral.

“Cuando nosotros llegamos a esta administración en 2019, determinamos o evaluamos que hay alrededor de 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, particularmente en la parte norte del país, debido a una política de vivienda que se tenía anteriormente en el sexenio pasado, que era la generación de vivienda como una lógica mercantil”, sostuvo.

“Hemos también recuperado hasta el día de hoy, llevamos más de 70 mil viviendas abandonadas”; no obstante, de ese universo general de casas no ocupadas, un porcentaje importante ya no se pueden por su naturaleza, en donde fueron construidas.

Resaltó que lo más importante es que se han modificado las políticas crediticias, particularmente, en el Infonavit, y ahora ya no se otorgan créditos de forma dispersa, sino que el Infonavit hace una evaluación, y es necesario que los conjuntos habitacionales cuenten con centros educativos, de salud o una avenida primaria.

“Aplaudimos que este tipo de instituciones, como el Infonavit, que son tan importantes, tomen en consideración la planeación y que se hagan corresponsables al respecto”, expresó.

Por otro lado, Meyer Falcón resaltó que, desde el inicio de la actual administración, la Sedatu ha acompañado la evolución de los proyectos del Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, con el fin de consolidar las estructuras urbanas de sus alrededores.

“Entonces, lo que hacemos son los programas regionales, encuadramos a todos los estados a que se suscriban a ese programa regional, actualicen su marco normativo, tomen en consideración esta inversión y también la actualización de los programas municipales, porque esos programas municipales son los que dan los usos de suelo. Entonces, lo que buscamos es que todos estos programas regionales y federales de vocación regional vayan al marco de planeación”, abundó.

RZJ
 

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Fabricación de culpables, una práctica Constante en México, señala Nestora Salgado

Las fiscalías de justicia no investigan, no están comprometidas con las víctimas y son parciales, por eso la fabricación de delitos en México es una práctica constante, acusó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Nestora Salgado García.

Al inaugurar el foro “Fabricación de culpables. Testimonios de víctimas”, la senadora de Morena insistió que vivimos en un país donde estos órganos de procuración de justicia usan su poder para incriminar a inocentes y destruir la vida de personas y de sus familias.

Consideró que las detenciones arbitrarias son cotidianas e ironizó que estas prácticas llevan la marca de “hecho en México”, porque pareciera que eso es lo que se exporta al mundo como si fuera parte de nuestra democracia.

“En las calles, comunidades y barrios se sufre la tortura, los malos tratos, la cárcel, los desplazamientos, las desapariciones y las detenciones arbitrarias, que son utilizadas políticamente como herramientas para callar las voces o para sumar estadísticas o poner ´estrellitas´ y simular que un gobierno o una institución actúa contra la delincuencia, cuando en realidad se encarcela a los inocentes”, mencionó.

En este sentido, recalcó que el objetivo de este foro es visibilizar los casos y alzar la voz desde el Senado, para constatar que la fabricación de culpables es un mecanismo que ha imperado en el país desde hace décadas.

Por su parte, la periodista independiente, Guadalupe Lizárraga aseguró que la fabricación de culpables inició tras la creación del Centro de Investigación Nacional de Seguridad Pública (Cisen) y que con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos se evidenció que el combate contra el narcotráfico fue una simulación.

Agregó que este foro tiene como propósito visibilizar y ayudar a México a que se incorpore al Tratado Internacional contra la Impunidad, además de denunciar a las personas que han fabricado delitos y a los funcionarios públicos que han intervenido para encarcelar a inocentes.

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La Sala Regional determinó que se reponga el procedimiento de liquidación del partido local Somos

GUADALAJARA, JALISCO

En la sesión pública celebrada en esta fecha, el Pleno de la Sala Regional Guadalajara modificó dos sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que a su vez habían revocado el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese Estado, así como el informe que presentó el interventor designado por dicho Consejo General, que contiene el balance de bienes y recursos remanentes del otrora partido político local “SOMOS”.

Lo anterior, al considerar, por una parte, que el tribunal estatal no sustentó debidamente su negativa de recabar pruebas en aquella instancia, pues debió haber requerido el informe anual correspondiente al ejercicio 2020 del entonces partido político local, previo a ordenar tanto al interventor como al propio Instituto Electoral Estatal la emisión del nuevo dictamen y acuerdo en torno a la liquidación del partido, pues las constancias omitidas son necesarias para cumplir con los lineamentos que rigen el procedimiento de liquidación además de que se acreditó que dichas documentales fueron solicitadas y ofrecidas como prueba en una de las impugnaciones ante el tribunal jalisciense.

Por otra parte, se consideró que el tribunal estatal omitió establecer un plazo o término específico para el cumplimiento de sus resoluciones, contrario a lo establecido en la normativa electoral del Estado de Jalisco.

En razón a lo anterior, se modificaron las ambas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, únicamente en su apartado de efectos, para quedar en los términos señalados en las sentencias. (SG-JE-29/2023 y SG-JE-30/2023)

Por otra parte, en el juicio de la ciudadanía 60, se confirmó la resolución incidental del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que declaró infundado el incidente de incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio local, respecto del acuerdo emitido por el Ayuntamiento de Delicias, en torno a la justificación de las inasistencias de propietario de una de sus regidurías y la improcedencia para llamar a ejercer el cargo al suplente de la misma.

Lo anterior, destacadamente porque se consideró que el tribunal responsable actuó correctamente al determinar que el cabildo del municipio en cuestión había dado cumplimiento a lo ordenado en el juicio ciudadano local, en razón de que sí expresó los argumentos por los cuales consideró aplicables determinados preceptos normativos para justificar las inasistencias del regidor propietario, citando preceptos del Código Municipal y del Reglamento del propio Ayuntamiento. (SG-JDC-60/2023)

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Invalida la Corte disposiciones de los estados de Morelos, Quintana Roo e Hidalgo que establecían el pago de derechos por la búsqueda de información

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invalidó diversas disposiciones de ordenamientos de los Estados de Morelos, Quintana Roo e Hidalgo, las cuales preveían contribuciones por concepto de búsqueda de información.

La Corte determinó que los preceptos resultaban violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, el cual exige que las tarifas respectivas guarden una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados, lo que no ocurría en estos casos, pues la búsqueda de documentos no requiere el uso de recursos extraordinarios, al resultar suficiente que el funcionario encargado la realice como parte de sus propias funciones.

Por ello, el Pleno invalidó diversos preceptos de las Leyes de Ingresos para el ejercicio 2023, de diversos municipios de los Estados de Morelos e Hidalgo, así como de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, los cuales preveían el cobro de derechos por la búsqueda de documentos en sus archivos, sin que estuvieran vinculados al ejercicio del derecho de acceso a la información.

Finalmente, en el caso de las leyes de los Estados de Morelos e Hidalgo, al tratarse de disposiciones de vigencia anual, La Corte conminó a sus Congresos para que, en lo futuro, se abstengan de emitir normas con el mismo vicio de inconstitucionalidad.

Acción de inconstitucionalidad 55/2023, promovida por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de 2023, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 30 de diciembre de 2022. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Brenda Montesinos Solano.

Acción de inconstitucionalidad 19/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 83, fracción IV, inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 024, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 19 de diciembre de 2022. Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales. Secretario: Reynaldo Daniel Martínez Sánchez.

Acción de inconstitucionalidad 54/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal de 2023, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 31 de diciembre de 2022. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. Secretaria: Mariana Merino Collado.

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La violencia política digital trasciende la vida de las mujeres: Dania Ravel

La violencia política digital trasciende la vida de las mujeres, ya que lo virtual es real, y no se queda en ese ámbito, “trasciende nuestra vida cotidiana y nos afecta en lo personal y en todas nuestras relaciones, en nuestro trabajo, absolutamente en todo”, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas.

Al clausurar el evento Impacto de la violencia digital y mediática en las mujeres políticas. Testimonios y Estrategias para combatirla, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, recalcó la necesidad de seguir trabajando en la capacitación para difundir qué es la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

“Además, ahí necesitamos mucho la ayuda de los medios de comunicación para que no se trivialice, porque también esa trivialización hace que no se entienda todavía el complejo concepto de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, resaltó.

Ravel Cuevas se mostró convencida de que “nuestro compromiso y fortaleza redefinirá el rumbo de la política en nuestro país; porque sólo nos tenemos a nosotras, debemos de trabajar por, desde y para nosotras”.

Desde la sororidad, agregó, “podemos cambiar la conversación y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro trabajo por el cual queremos que nos conozcan”.

Necesario acompañamiento a mujeres víctimas de violencia digital

Acompañar a mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito digital sin revictimizar, mediante el uso de herramientas tradicionales y no tradicionales, puede ayudar a que estos hechos sean entendidos en su marco contextual y, a quienes analizan procesos electorales, así como violencia digital, a evidenciar el grado de afectación de esta violencia desde un marco de derechos humanos.

En lo anterior coincidieron mujeres especialistas que participaron en la Mesa de Trabajo: Testimonios sobre violencia digital y mediática. Apuntaron que la violencia digital busca silenciar a las y los periodistas, así como obstaculizar el ejercicio periodístico y que, los avances en la normatividad para garantizar la participación política de las mujeres, no se ha acompañado por un cambio en la narrativa de los medios de comunicación.

Además, enfatizaron que lo que pasa en el escenario virtual, es real y que la violencia digital contra las mujeres activa otras violencias.

Participaron en esta mesa de trabajo la especialista sustantiva y administrativa del Proyecto CERO violencia política contra las mujeres en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Claudia Chavarría Machado, así como la especialista en violencia digital de Signa Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Paloma López Portillo Vázquez.

Asimismo, la Coordinadora de Estrategias de Comunicación de Cimac, Cirenia Celestino Ortega y la abogada del programa Internet feminista de Luchadoras Mx, Elizabeth Avendaño Rojas.

Violencia política digital contra las mujeres requiere de la colaboración de diversos sectores


Al moderar la mesa Herramientas prácticas para la prevención y combate de la violencia digital y mediática contra las mujeres, el Consejero Arturo Castillo Loza citó a Madeleine Albright –primera Secretaria de Estado de Estados Unidos- quien dijo que “la violencia política contra las mujeres por razón de género, no es sólo una amenaza contra las mujeres, sino una amenaza contra la democracia”.

En estyle="max-width:100%;height:auto;">pueda resolver esta problemática es fundamental la colaboración, no sólo de autoridades y empresas, sino también de la sociedad civil. “Es, a fin de cuentas, como la construcción de toda democracia, una responsabilidad de todos”, subrayó.

En esta mesa participaron Mariana Salazar Albornoz, de la Gerencia Regional para México y América Central, Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI); Glenda Michel Gutiérrez, Gerente de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Meta; el Director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, Edgar Rodríguez Rudich y la Coordinadora del Proyecto CERO violencia política contra las mujeres en México del PNUD en México, Fernanda Uro Aboites, quienes presentaron diversas herramientas innovadoras en la materia.

En el caso de Meta, Glenda Michel Gutiérrez compartió las medidas relevantes para la seguridad de las mujeres en política, entre las que destacan las políticas contra el acoso, acoso sexual, amenazas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y herramientas contra discursos de odio.

Por su parte, Edgar Rodríguez Rudich, representante de TikTok, mencionó que dicha plataforma no es una red social, sino un espacio de entretenimiento; sus normas se basan en el equilibrio, la dignidad, la utilidad y la perspectiva de equidad; además que, en ésta hay tolerancia a todas las personas, siempre y cuando no ataquen ni vulneren los derechos de otros o de sectores de la población.

Las personas participantes en este panel establecieron que la violencia política digital contra las mujeres es un fenómeno multidisciplinario, multiactoral, interseccional, que afecta a las mujeres en todo el país y, por lo tanto, la única manera de llegar a soluciones es que todas las y los actores de distintos sectores trabajen en conjunto.

Violencia política digital contra las mujeres atenta contra la democracia

En el marco de la mesa de diálogo para la propuesta de acciones rumbo al Proceso Electoral Federal (PEF) 2024, la Oficial Nacional de Género del PNUD, Sol Sánchez Rabanal, aseguró que la violencia política digital contra las mujeres en razón de género es uno de los mayores agravantes en la actualidad que atenta no sólo contra la integridad de las mujeres políticas, sino contra sus derechos humanos y la democracia misma.

“Mientras sigamos experimentando este fenómeno de la violencia política en razón de género, no podemos decir que habremos alcanzado una democracia plena y, por lo tanto, incide en nuestros propios derechos políticos y electorales. Aunque no seamos nosotras y nosotros quienes estamos sufriendo directamente la violencia, el hecho de que nuestros candidatos y candidatas la sufran, afecta indirectamente en nuestra toma de decisiones”, dijo.

De cara al inicio del PEF más grande que ha tenido el país hasta el momento, Sol Sánchez consideró fundamental continuar explorando el tema de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, específicamente en el ámbito digital y mediático, “porque es donde encontramos la mayor cantidad de expresiones de este tipo de violencia contra las mujeres”.

De ahí la importancia de la presentación de las recomendaciones a las que llegaron en 2021 PIT Policy Lab, en colaboración con PNUD México, ONU Mujeres, Facebook -ahora Meta-, UNAM Civic Innovation Lab, 50+1 y EMANT Consultores para los órganos electorales, la sociedad civil, las mujeres en la política y organismos internacionales.

Presentan recomendaciones en materia de violencia digital

Estas recomendaciones, contenidas en el reporte Candidaturas Paritarias y Violencia Política Digital en México 2021, fueron presentadas por la Directora de PIT Policy Lab, Cristina Martínez Pinto, quien mencionó que, en el caso de plataformas digitales, se necesita crear puentes con las mujeres en política para retroalimentar las acciones de las plataformas frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

A candidatas y candidatos, se requiere entender la VPMRG como un fenómeno que impacta a todas y todos, así como el acercamiento con autoridades electorales para conocer el fenómeno y los mecanismos de denuncia. A los partidos políticos, se les recomienda operativizar los marcos de inclusión de las mujeres y medidas para prevenir y sancionar la VPMRG y modificar sus estatutos para incorporarla como un fenómeno a mitigar.

Finalmente, a las autoridades electorales se les recomienda convocar a diálogos en torno a los retos estructurales de la competencia igualitaria; acercar el fenómeno de la VPMRG a la población en general y crear campañas de comunicación específicas sobre este tema.

El reporte referido puede consultarse AQUÍ . Esta última mesa del foro fue moderada por la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor Dessiré León Hernández, quien realizó la relatoría de las mesas de trabajo Testimonios sobre violencia digital y mediáticay Herramientas prácticas para la prevención y combate de la violencia digital y mediática contra las mujeres.

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Es constitucional la disposición del código civil de Nuevo León que retira la patria potestad al padre o a la madre que incumpla con la obligación alimentaria

El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte confirmó la constitucionalidad de la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que faculta a la autoridad jurisdiccional a privar de la patria potestad al padre o la madre que incumpla la obligación de los deberes alimentarios, al considerar que ésta no es una medida excesiva ni desproporcionada ante el riesgo que enfrenta el o la menor, en caso de falta de suministro de alimentos.

Al resolver la contradicción de criterios sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Cuarto Circuito, el Pleno Regional avaló la legalidad de la disposición normativa cuyo objetivo es asegurar la subsistencia biológica, psicológica y social del menor. Dicho precepto sanciona con la pérdida de la patria potestad a quien omita el cumplimiento de esta obligación sin causa justificada.

El proyecto de resolución, aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno Regional, consideró factible dejar de aplicar la fracción VII del artículo 444 del Código Civil de la entidad, en los casos en que la parte deudora se ponga al corriente en el cumplimiento del deber alimentario, sin volver a descuidarlo y muestre disposición para atender las necesidades de la o el menor.

ANTECEDENTES
La Contradicción de Criterios identificada con el número 28/2023 tiene su origen en la denuncia presentada por la Magistrada de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, al percatarse que existen criterios opuestos sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en Nuevo León en diversos juicios de pérdida de patria potestad.

Al resolver el amparo directo 165/2021, el Primer Tribunal consideró incorrecto dejar de aplicar dicho precepto, toda vez que la omisión injustificada de cumplir con los deberes alimentarios por más de 90 días, generaba una afectación en el menor que no quedaba enteramente subsanada con pagos posteriores, por lo que la consecuencia de ese proceder debía ser la pérdida de la patria potestad.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 534/2021 y 480/2020, concluyó que se trata de una medida desproporcionada y excesiva porque generaba la pérdida de patria potestad de forma absoluta e irreversible, sin posibilidad de recuperarla.

RESOLUCIÓN
Al analizar los criterios adoptados por ambos Tribunales, los magistrados del Pleno Regional concluyeron que la pérdida de la patria potestad, como consecuencia del incumplimiento de los deberes alimentarios, establecida en la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, no es inconstitucional en sí misma, ni tampoco es una medida excesiva y desproporcional frente al riesgo que enfrenta el o la menor en caso de falta de suministro de alimentos.

La sentencia explica que la institución de la patria potestad comprende deberes y facultades para sus titulares, tales como el velar por las hijas e hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, cuidar su salud física y psíquica, procurarles una formación integral, informándose acerca de sus problemas, representarlos como tutores y administrar sus bienes y usufructuarlos, entre otros.

En consecuencia, la pérdida de patria potestad conlleva esencialmente a la supresión de los derechos y facultades otorgados al ascendiente, tales como la custodia de los menores, la toma de decisiones sobre la educación, conservación, asistencia, formación y demás aspectos no patrimoniales, la facultad de representación y de administración de sus bienes, así como el derecho de usufructo de bienes del menor.

De ahí que la privación de la patria potestad, más que una sanción para el padre o la madre, debe apreciarse como una medida protectora que pretende salvaguardar los intereses de las y los menores, establecida para su bienestar en aquellos casos en que la actuación del padre o de la madre demuestre desinterés y falta de cuidado, así como riesgo para su integridad. Esto es, cuando los progenitores, lejos de velar por los hijos e hijas, atenten contra su desarrollo e integridad.

Lo que en el fondo revela dicho incumplimiento, es la irresponsabilidad del padre o de la madre en cuanto a la obligación de cuidar al menor de edad, al grado de mostrar un total desapego, de ahí que la pérdida de patria potestad tiene, en tal caso, implícita la finalidad de prevención y de conservación de la integridad de las hijas e hijos en todos los aspectos, no únicamente en el alimentario.

La sentencia también precisa que la privación de la patria potestad lejos de beneficiar a la o el menor, le causaría una afectación, ya que se trata de una figura jurídica que garantiza el interés superior de la niñez y los derechos a recibir cuidados, educación, asistencia, entre otros. “La figura jurídica de la
patria potestad, representa en realidad un beneficio para las y los menores en mayor o menor medida”, se puntualiza.

El Pleno Regional concluyó que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada en esta resolución y quedará al arbitrio del órgano jurisdiccional inaplicar la disposición, una vez que existan elementos que dejen en claro que la conducta del o la progenitora no representa ya un riesgo para el menor acreedor alimentista.

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CDMX: Disminuye 30 por ciento la incidencia del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, entre 2020 y 2023

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el Informe Mensual de Avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, en el Teatro Metropólitan, donde se dio a conocer la reducción de 30 por ciento en la incidencia de feminicidios en la capital, entre 2020 y 2023, así como diversos resultados en materia de atención, protección, fortalecimiento institucional y prevención de la violencia de género.

Al encabezar la presentación del Informe, la secretaria de las Mujeres (SEMUJERES), Ingrid Gómez Saracíbar, subrayó que Abogadas de las Mujeres se ha constituido como una estrategia fundamental para el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, ya que entre 2020 y 2023 hubo un incremento de 88.6 por ciento de carpetas de investigación iniciadas con su participación.

“El delito por el que más carpetas de investigación acompañan y abren las abogadas, es el delito de violencia familiar y ahí siempre queremos reconocer el trabajo puntual con la Coordinación de Investigación para Delitos de Género y también con la Fiscalía de Violencia Familiar”, detalló.

La titular de SEMUJERES también destacó el trabajo de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, LUNAS, donde el número de atenciones se ha incrementado un 164 por ciento entre 2020 y 2023, lo que se traduce en mayor atención integral y coordinada que ha permitido salir a mil 500 mujeres del riesgo feminicida.

“Hemos modernizado nuestro protocolo de atención y de gestión. Es un protocolo que se basa en la identificación de riesgo y que despliega atención de manera integral desde lo social, porque hay una serie de necesidades que las mujeres tenemos cuando vivimos violencia, desde cuestiones de salud y ahí siempre vamos de la mano con los SEPAVIGES (Servicios Especializados de Prevención y Atención de la Violencia) y de la Secretaría de Salud, de medidas de protección y vamos de la mano con la Policía de Investigación, por supuesto con la Fiscalía General de Justicia”, indicó.

Gómez Saracíbar añadió que a través de la Línea *765 SOS Mujeres se han atendido de manera integral 97 mil 293 llamadas, con un protocolo que incluye servicios legales, de protección, atención psicoemocional en crisis y acompañamiento puntual, a la vez que dio a conocer la próxima construcción de un Sendero Seguro “Camina Libre, Camina Segura” en Calzada Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco, donde recientemente el Gobierno capitalino retiró más de 7 mil tarimas.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que si se compara el número de feminicidios ocurridos del 1 de enero al 31 de julio de 2020, con los del mismo periodo de 2023, la incidencia de este delito disminuyó 30 por ciento, mientras que aumentó 91 por ciento el número de feminicidas judicializados.

“Del 1 de enero al 31 de julio de 2020 tuvimos 50 lamentables casos de feminicidio, mientras que en el mismo período de este año se han presentado 35 casos, que nos duelen, que son terribles, pero se ha disminuido. Además de la disminución en la incidencia delictiva del delito de feminicidio, hemos logrado un aumento del 91 por ciento en el número de agresores que llevamos ante los jueces., agregó.

Asimismo, Godoy Ramos compartió que han sido vinculados a proceso 12 mil 074 agresores de mujeres en todas sus modalidades, de 2019 al 31 de julio de 2023, y destacó el aumento de 191 por ciento en la eficiencia ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad.

“Tenemos más imputados vinculados a proceso que víctimas de feminicidio en este año; se debe a que estamos resolviendo casos que ocurrieron en otros meses, en otros años, así como incluye los casos recientes”, dijo.

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa Franco, destacó el trabajo de esa institución en la integración de la perspectiva de género en los planes de estudio de la Universidad de la Policía.

“A nuestro estado de fuerza se incorporaron recientemente 254 policías con perfil preventivo y 55 de custodia penitenciaria, quienes formaron parte de las 3 mil 163 capacitaciones con perspectiva de género que se han brindado a lo largo de este año. Esto ha complementado la preparación del personal policial en sus tres niveles formativos, pues se han realizado, además, 6 mil 348 capacitaciones a policías en formación continua, es decir, a quienes cursan también licenciaturas, maestrías y el doctorado que se imparte en la Universidad de la Policía”, señaló.

Y agregó que se impartieron mil 387 capacitaciones a policías en formación especializada, que incluyen cursos destinados a jefas y jefes de cuadrante. De esta forma, dijo, la formación con perspectiva de género recibida por el personal policial durante este año, suma 10 mil 898 capacitaciones.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruíz Suárez, destacó la visión integral que ofrece esta administración para la atención a las mujeres.

“Hemos escuchado elementos del Informe de esta rendición de cuentas sobre esta Alerta; hemos escuchado cómo esta visión, de este Gobierno de la Ciudad, es una visión que plantea no solamente acciones aisladas, no solamente algunos hechos que son relevantes, que sí los hay, sino esta visión que tiene este Gobierno, una visión integral”, destacó.

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, agregó que fueron dictadas 8 mil 328 medidas de protección en la institución a su cargo, a fin de que la integridad de las mujeres sea salvaguardada y se garantice una vida libre de violencia para ellas.

Finalmente, la maestra Daniela Cordero Arenas, esposa del Jefe de Gobierno, se refirió a la importancia que tienen las mujeres para un gobierno progresista.

“Un gobierno progresista se caracteriza por su compromiso y ahora, gracias a esta visión progresista, es que se logró establecer la obligación constitucional de que, en la ciudad, todos los órdenes de gobierno trabajen para radicar a la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres”, concluyó.

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MICHOACÁN: Niñas y niños con cáncer no están solos; 400 familias reciben apoyo para seguir: Bedolla

Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2023.- Los menores de edad que hoy enfrentan una batalla contra el cáncer no están solos, en el Gobierno de Michoacán tienen un aliado que los respalda y acompaña económicamente en este proceso para que no abandonen su tratamiento, manifestó el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla.

Ante más de 400 beneficiarios del programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, de cero a 17 años 11 meses, el mandatario encabezó el evento Liga de la Esperanza, donde se dijo emocionado porque está aumentando la esperanza de vida de las y los pacientes con padecimiento oncológico, porque están siguiendo a tiempo sus tratamientos y acuden puntualmente a las citas.

“Esto es lo que queremos, que sigan en tratamiento, que no se rindan porque estoy seguro que van a salir adelante, de todo corazón eso les deseo y el programa seguirá por y para ustedes, tengan la confianza”, aportó el mandatario estatal.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, aplaudió el esfuerzo que los médicos realizan, y reconoció que el amor de la familia es el verdadero motor para superar esta enfermedad, “porque es el amor es el que puede con todas las guerras”, subrayó.

El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en medio de un ambiente de feria y juegos, donde la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Giulianna Bugarini Torres, señaló que las 400 familias hoy presentes representan historias de héroes y heroínas que motivan a continuar con este programa y puedan vencer esta enfermedad.

El programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer otorga un apoyo económico mensual de 4 mil pesos para ayudar a solventar los gastos de traslado, alimentación, y hospedaje, para que las y los pacientes no suspendan sus tratamientos o asistencia a sus consultas médicas.

“En 2023 se alcanzó la meta de atender a 400 familias de 105 municipios del estado, y desde el inicio del programa, en 2022 se ha apoyado a 510 familias, incluso a las que acuden a atención oncológica en los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México”, explicó Bugarini Torres.

En representación de las 400 familias beneficiadas, la señora Catalina Zavala Gutiérrez, agradeció la creación de este programa que representa una esperanza para las familias con paciente oncológico, y pidió al gobernador darle continuidad porque para ellas y ellos es la esperanza de ver a sus hijos crecer.

Por su parte, el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, explicó que los menores de edad detectados con cáncer tienen una supervivencia del 80 por ciento en la entidad, gracias al trato digno que reciben, y a los medicamentos. “Y un eslabón que teníamos perdido era que abandonaban el tratamiento porque se tenían que trasladar desde sus municipios, y hoy con el apoyo ya pueden acudir”.

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