Es una responsabilidad
que debe asumir la actual generación, a la cual le toca
impulsar ese tipo de acciones y promover que se tomen
decisiones adecuadas, también pensando en las que habrán
de venir, abundó.
Al clausurar la mesa debate “El futuro de la
conservación de los recursos naturales basado en
incentivos económicos”, organizada en el Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc), añadió que se
requiere buscar espacios donde se dé el diálogo entre
distintas disciplinas.
Es importante que desde la Universidad Nacional
insistamos en ello, y por eso es relevante que se
establezca este diálogo entre las ciencias económicas y
las de la vida. “Es fundamental que colaboremos en este
objetivo, y al hacerlo estaremos contribuyendo a generar
un nuevo curso de desarrollo para nuestro país, que sea
más sustentable”, recalcó Lomelí Vanegas.
En la mesa, el exrector de la UNAM, investigador emérito
del Instituto de Ecología e integrante de El Colegio
Nacional, José Sarukhán Kermez, refirió que la especie
humana no ha tenido un reto más serio y fuerte que el
que enfrenta hoy con la pérdida de la diversidad
biológica.
Dijo que los recursos naturales facilitan la oportunidad
de generar diferentes formas de desarrollo y culturas.
Tenemos una gran diversidad biológica y cultural; los
pueblos tienen un amplio conocimiento de esos recursos,
aspecto que no se ha sabido usar en nuestro país, que a
partir de los años 30 o 40 del siglo pasado se declaró
agrícola, cuando es forestal.
La diversidad biológica silvestre de México es inmensa,
la cuarta o quinta del mundo. Pero, además, hay otra, la
agrícola, y nuestro país es centro de origen de
numerosos grupos taxonómicos; pero ni una ni otra han
sido temas de desarrollo a través de políticas públicas
adecuadas.
La enorme diversidad ecológica debería ser tomada en
cuenta al momento de desarrollar políticas de uso del
suelo. Veracruz es un caso trágico, ya que ha perdido
más de 90 por ciento de su cobertura forestal y se ha
convertido en “océanos” de pasto para las vacas. De ser
el tercer estado más rico en biodiversidad, ahora es uno
de los tres más pobres, explicó.
Existen elementos demostrables de la bondad de contar
con formas diferentes de uso sustentable de los recursos
y con un “aditamento” más: bienestar económico para los
propietarios de esos bosques.
“No veo posibilidades de que los recursos naturales de
este país se conserven, si no trabajamos con la gente
que los posee, si no la hacemos parte del asunto; por
ahí debe venir el movimiento de conservar los
ecosistemas de los que dependemos totalmente”, aseveró
Sarukhán Kermez.
Al hacer uso de la palabra, la profesora de la Facultad
de Ciencias y también integrante de El Colegio Nacional,
Julia Carabias Lillo, puntualizó que antes de restaurar
hay que conservar los ecosistemas, porque lo primero es
infinitamente más caro e ineficiente, y porque no se
puede restituir el entorno original. Por ello, es
necesario impulsar los instrumentos orientados a
prevenir la deforestación.
México tiene experiencia, instituciones, leyes y
capacidades humanas para cumplir las metas acordadas en
diciembre de 2022, en el Marco Mundial de Biodiversidad
Kunming-Montreal, de conservar por lo menos el 30 por
ciento de la superficie del planeta para 2030; podríamos
hacerlo, pero tiene que haber voluntad para ello,
destacó la científica.
La universitaria consideró que la preservación no va a
funcionar sin una visión integral. Se deben sumar los
instrumentos económicos para la conservación (pago por
servicios ambientales, bonos de carbono,
certificaciones), pero con enfoque territorializado
porque las políticas de gobierno se han orientado a que
no se sumen subsidios en las mismas comunidades.
Se requiere un proceso de planeación regional, “porque
tenemos sitios prioritarios por su biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos; no a todo el país hay que
tratarlo por igual”. Hay zonas degradadas que necesitan
un proceso regenerativo, y otras que están en buen
estado de conservación y hay que garantizar que se
mantengan así, subrayó Carabias Lillo.
En el auditorio Ricardo Torres Gaitán del IIEc, Sophie
Ávila Foucat, investigadora de esta entidad académica,
coincidió en que se requieren políticas públicas
coherentes entre sí y con una perspectiva de territorio
diferenciado a lo largo y ancho del país, incluso dentro
de las entidades federativas.
Parte del futuro de los instrumentos económicos para la
conservación y la planeación del territorio está en la
participación de estados, iniciativa privada,
organizaciones no gubernamentales, municipios y
comunidades. “Hay que utilizar esos instrumentos y
trabajar para que funcionen mejor”, enfatizó.
Paola Bauche Petersen, directora ejecutiva de la
asociación civil Conservación y uso sustentable de los
recursos en el noroeste y occidente de México, comentó
que en los ejidos ubicados en la periferia de Puerto
Vallarta el pago por servicios ambientales ha sido
importante porque otorgó el recurso inicial para el
inicio de empresas ecoturísticas.
Gracias a ello, comunidades enteras permanecen en sus
sitios de origen, en vez de irse a trabajar de obreros a
Vallarta. Utilizar los recursos de manera planeada ayuda
a esas compañías que ahora, después de la pandemia,
están en proceso de recuperación, recordó.
Al encuentro asistió el director de lIEc, Armando
Sánchez Vargas; el moderador fue Santiago Izquierdo Tort,
de esta entidad universitaria; y Elizabeth Shapiro-Garza,
de Duke University. |