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A dónde van los desaparecidos
Antonio González
Méndez desapareció el 18 de enero de 1999 tras
reunirse con un integrante de un grupo paramilitar.
Es el primer caso que llega a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por violaciones
cometidas en el marco de las acciones de
contrainsurgencia de la Sedena en Chiapas
Por César Martínez para A dónde van los
desaparecidos
A 24 años de la desaparición de Antonio González
Méndez, miembro de las bases civiles de apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su
esposa Sonia López Juárez mantiene que el Estado
mexicano es responsable del hecho por ocurrir en un
contexto de contrainsurgencia en Chiapas, pero los
representantes gubernamentales se niegan a
reconocerlo, como se evidenció este miércoles ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH).
Se trata del primer caso que llega a esta instancia
internacional por violaciones cometidas en el marco
de la política de contrainsurgencia emprendida por
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras
el levantamiento zapatista de enero de 1994.
Aunque el Estado no niega la existencia de grupos
paramilitares, rechaza que el caso de González
Méndez sea catalogado como una desaparición forzada,
con el argumento de que no hay indicios claros que
permitan suponer que el delito se cometió con la
participación o permisividad del Estado.
“Me siento enferma, preocupada, por mis hijos, cómo
los voy a sostener, a alimentar. Estoy cansada, ya
no quiero trabajar, me duele la cabeza, mi corazón y
mi cuerpo, siento que no tengo fuerza”, dijo López
Juárez en la audiencia virtual ante el tribunal
perteneciente a la Organización de los Estados
Americanos, que se realizó para determinar si el
Estado mexicano es responsable por la violación de
los derechos a la integridad personal, a la
protección y las garantías judiciales, y a la
obligación de no practicar la desaparición forzada.
González Méndez tenía 32 años cuando fue
desaparecido el 18 de enero de 1999 en la comunidad
El Calvario, municipio de Sabanilla, al norte de
Chiapas. Perteneciente a la etnia chol y militante
del Partido de la Revolución Democrática, atendía
una tienda cooperativa llamada Arroyo Frío,
vinculada a simpatizantes del EZLN.
El día de su desaparición estaba con un joven de 17
años, llamado Juan Regino López, a quien iba a
comprarle un arma. González Méndez le dijo a su
esposa, con quien tiene cuatro hijos, que regresaría
a su casa cerca de la una de la mañana, pidiéndole
que lo esperara despierta para que le abriera la
puerta, pero nunca volvió.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas (Frayba), que acompaña a la
familia del zapatista en su búsqueda de justicia,
centrada en la localización de González Méndez y en
el castigo de los responsables, López pertenecía al
grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia,
conocido en la región como Paz y Justicia, cercano
al Partido Revolucionario Institucional.
Aunque en enero de 2022 el subsecretario de Derechos
Humanos Alejandro Encinas, en un acto de disculpa
pública, reconoció al zapatista como víctima de
desaparición forzada, ante la Corte IDH los
representantes del Estado mexicano reiteraron la
postura de que el caso no puede ser considerado con
esa tipificación y, por lo tanto, el Estado no tiene
responsabilidad internacional. Cuando cuestionaron a
la esposa de González Méndez cómo sabía que López
era miembro de Paz y Justicia, les respondió que
debido a que también había destruido una iglesia en
su comunidad.
“El Estado mexicano ha aceptado la responsabilidad
internacional por haber fallado en proveer una
adecuada protección y garantías judiciales a los
peticionarios; no obstante, es importante señalar
que no existe ningún elemento en el presente caso
que permita inferir que dichas falencias hayan sido
derivadas o estén relacionadas con la identidad de
los peticionarios, su filiación política, ideológica
o cualquier otra categoría de discriminación”,
agregó Salvador Tinajero, consultor jurídico adjunto
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Antonio González Méndez desapareció el 18 de enero
de 1999 en la comunidad El Calvario, al norte de
Chiapas. Pertenece a la etnia chol y administraba la
tienda cooperativa Arroyo Frío. (Frayba)
Para el Frayba, la respuesta del Estado transfiere a
los familiares de González Méndez la carga de la
prueba, al pedirles que acrediten que López era
miembro de Paz y Justicia, cuando es labor del
Ministerio Público.
La organización pidió que se reactive la búsqueda
del zapatista, que se cree una fiscalía especial
para el contexto de contrainsurgencia en Chiapas,
que se asegure la atención física y psicológica de
sus familiares, y que se cree una comisión de la
verdad para este caso.
Tras la desaparición de González Méndez en 1999, sus
familiares y el Frayba llevaron su caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en agosto del año siguiente. En mayo de 2019, la
CIDH presentó su informe final sobre el caso, en el
que señaló que desde 1995 se registró la
militarización de la zona norte de Chiapas y el
surgimiento de grupos paramilitares con la
protección del Ejército mexicano, cuya acción estuvo
dirigida contra militantes del PRD e integrantes de
movimientos de reivindicación indígena ligados al
EZLN.
“La Secretaría de la Defensa Nacional elaboró el
‘Plan Campaña Chiapas 1994’ con el objetivo de
‘destruir y/o desorganizar la estructura política
militar del EZLN’. Ese documento sentó las bases del
paramilitarismo en Chiapas, pues ordenó directamente
utilizar a la población civil para contribuir en las
actividades del Ejército mexicano”, se lee en el
informe.
“Uno de los grupos paramilitares que surgió en este
contexto fue Paz y Justicia, específicamente en la
región chol del norte de Chiapas, donde se encuentra
ubicado el municipio de Sabanilla. […] Esta
organización era la principal acusada como
instrumento de atentados contra los líderes y
organizaciones que reivindican la autonomía indígena
y defienden su propiedad de la tierra que ocupan”,
agrega el documento.
El Frayba ha documentado que la presencia
paramilitar en el norte de Chiapas generó 85
asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de
4,500 personas desplazadas, además de privaciones
ilegales de la libertad y actos de tortura.
Pese a este contexto, la CIDH consideró en 2019 que
no se podía probar que López fuera miembro de Paz y
Justicia, por lo que tampoco era posible acreditar
la desaparición forzada, es decir, la desaparición
de una persona perpetrada por agentes del Estado o
individuos que actúen en su nombre, una conclusión
que los representantes del gobierno refrendaron ante
la corte.
En la audiencia del miércoles, la CIDH destacó que
las autoridades no realizaron una investigación
exhaustiva de los hechos. También subrayó que, a 24
años de ocurrida la desaparición, el Estado no ha
reparado el daño a las víctimas, no ha localizado a
González Méndez y persiste la impunidad.
Aunque el Estado aceptó el informe de la CIDH de
2019, a la fecha no ha cumplido con todas las
medidas de reparación señaladas. Según
representantes del organismo, se han otorgado hasta
nueve prórrogas, pero ante la inobservancia se
decidió proceder ante la Corte IDH.
Durante la audiencia, los representantes del Estado
destacaron el cumplimiento de la disculpa pública y
el pago de más de 300,000 dólares a familiares del
zapatista, pero rechazaron concederles una pensión
vitalicia.
Para el Frayba, la postura del Estado sigue sin
garantizar la no repetición de los hechos y perpetúa
la impunidad de la violencia contrainsurgente de la
década de los 90 en Chiapas, no solo en el caso de
González Méndez, sino de otras víctimas de
desaparición a manos de grupos paramilitares.
César Martínez es periodista especializado
en derechos humanos. Trabajó por más de una década
en el diario Reforma y coordinó por un año un equipo
de reporteo en NMás. |
