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Publicado por A dónde van los desaparecidos
Nadia Romero Luna
julio 14, 2023
El subregistro de personas migrantes desaparecidas,
un problema que reconoce la Comisión Nacional de
Búsqueda, no se ha resuelto a cuatro años de la
creación del registro federal. Diversos factores
impiden su solución
Nadia Romero Luna para A dónde van los desaparecidos
A cuatro años de la creación del Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)
no existe claridad sobre el número de personas
migrantes desaparecidas en México. Según la fuente
que se consulte, las cifras oscilan desde poco más
de un centenar hasta 35,000 personas, lo que
complica el proceso de búsqueda e impide visibilizar
el alcance de la desaparición de migrantes en el
país.
“No hay datos exactos de cuántas personas están
desaparecidas desde hace muchos años. La Comisión
Nacional de Búsqueda [CNB, que gestiona el RNPDNO]
no tiene un registro claro porque no quieren
reconocer que en México están desaparecidas las
personas migrantes, y esa ha sido nuestra
exigencia”, dice en entrevista Ana Enamorado,
activista y madre hondureña que busca a su hijo en
México desde hace más de diez años.
Al revisar los datos del RNPDNO bajo la categoría de
“Migrantes desaparecidos”, de 2008 —año en que
repunta la violencia en el país por el combate al
narcotráfico— al primer semestre de 2023, el
registro arroja 122 casos de personas provenientes
principalmente de Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Estados Unidos y México, la mayoría hombres (72.99
por ciento). El registro incluye a cinco niñas de
menos de 10 años y a 13 menores de entre 10 y 20
años. El número asciende a 137 si se suman las
personas inscritas como “no localizadas”.
Estas cifras contrastan con las de organizaciones
como la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos, que el año pasado contabilizó
2,000 personas migrantes reportadas como
desaparecidas por sus familiares en los últimos 20
años; el Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos Amor y Fe, que registró 1,414 casos de
Honduras, El Salvador y Guatemala de 2000 a 2022, y
el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos
de El Progreso (Cofamipro), con 1,600 casos
atendidos de 2012 a 2020.
El gobierno mexicano también maneja cifras
distintas. En mayo de 2022, la senadora Olga Sánchez
Cordero reconoció que hasta esa fecha había
estimaciones de 35,000 personas migrantes
desaparecidas. En contraste, el pasado 17 de marzo,
Angélica Neiszer Lujano, directora de Búsqueda de
Migrantes en la CNB, afirmó en un foro regional
sobre desapariciones, convocado por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en América Central, que actualmente
hay 1,400 personas migrantes desaparecidas en su
tránsito hacia Estados Unidos, sin aclarar el marco
temporal. “No quiere decir que sea un total
absoluto”, reconoció, “sino que deja ver el problema
de subregistro tan fuerte al que nos enfrentamos”.
Enamorado, al igual que la hondureña Génesis Ramírez
y la mexicana Graciela Pérez Rodríguez, también
madres buscadoras y activistas, coinciden en que
este subregistro revela que las personas migrantes
siguen siendo invisibles para las autoridades
mexicanas y, en consecuencia, no hay acciones
contundentes para enfrentar su desaparición.
Casos en aumento
El primer registro de personas migrantes
desaparecidas en el RNPDNO data de 2003. Ocurrió en
Chiapas, y es un hombre hondureño de entre 35 y 39
años. Desde entonces, las cifras y las
nacionalidades no han dejado de aumentar, lo mismo
que las entidades donde ocurren estos crímenes. Los
estados con mayor número de reportes son Tamaulipas,
Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Veracruz y
Nuevo León. En 2022 se registraron 63 casos, un
significativo incremento en comparación con los 12
del año anterior; de enero a junio de 2023 se han
reportado 22 casos.
Este aumento tiene explicaciones multifactoriales.
Una es el crecimiento de flujos migratorios al país
en los últimos dos años, explica Tomás Martínez
Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos y
académico de la UNAM. Considera que el incremento se
relaciona con las políticas de reforzamiento del
control fronterizo, a través de agentes de migración
y de la Guardia Nacional en el norte y sur del país,
como parte de acuerdos de cooperación entre México y
Estados Unidos. “Eso implica mayor visibilización
del fenómeno; mayores detenciones, etc.”.
En ese sentido, Jérémy Renaux, coordinador regional
del Programa de Protección de Vínculos Familiares
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
agrega que el cierre de los cruces fronterizos
aumentó la vulnerabilidad de las personas migrantes,
pues ahora viajan en condiciones cada vez más
extremas al tener que transitar por rutas
inhóspitas, limitando su acceso a mecanismos de
protección y asistencia humanitaria.
Para Yolice Quero, oficial nacional de Protección de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) México, el aumento en el número de personas
migrantes desaparecidas puede estar relacionado con
los esfuerzos por obtener más y mejores registros,
precisando que este objetivo debe traducirse, a su
vez, en acciones de búsqueda en vida y en la
localización de las personas.
Yesenia Valdez Flores, coordinadora de Defensa
Integral de la Fundación para la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho (FJEDD) —organización
que promueve el acceso a la justicia para familias
de migrantes víctimas de violaciones a los derechos
humanos— destacó la creación del Mecanismo de Apoyo
Exterior (MAE), que permite denunciar en
Centroamérica la desaparición de familiares en
México sin tener que trasladarse al país.
El reforzamiento del control fronterizo y el cierre
de los cruces han visibilizado la migración, pero a
la vez han provocado que las personas viajen en
condiciones más extremas, alertan especialistas. (FJEDD)
El reforzamiento del control fronterizo y el cierre
de los cruces han visibilizado la migración, pero a
la vez han provocado que las personas viajen en
condiciones más extremas, alertan especialistas. (FJEDD)
Los retos del registro
Actualmente, el RNPDNO incorpora datos de la
Fiscalía General de la República (FGR), las
fiscalías estatales, autoridades ministeriales y
diplomáticas de otros países, y denuncias ciudadanas
—posibilidad que se abrió este año—; dispone para su
consulta de una versión pública. Pero, como ya se
observó, el subregistro es elevado.
Para Neiszer, el problema radica en que por tratarse
de personas desterritorializadas, que están en
tránsito, la CNB se “enfrenta” a las distintas
jurisdicciones de los territorios, pues las
fiscalías estatales no cuentan con un mecanismo
homologado para atender casos de personas
desaparecidas. Otro problema es la falta de
comunicación entre las fiscalías, tanto en México
como con sus equivalentes de otros países; no es
inusual tampoco que haya denuncias duplicadas. “Esto
provoca que la información esté desagregada y
dispersa en distintos formatos”, dijo durante su
participación en el foro.
La abogada de la FJEDD coincide con el diagnóstico
de la funcionaria, y agrega que el impacto de esa
descoordinación institucional se refleja en que no
hay un acuerdo sobre a quién le corresponde
investigar una desaparición ni en qué casos.
Por ejemplo, cuando una desaparición se relaciona
con trata de personas es investigada por la FGR, y
la CNB no la incluye en su registro. Para Valdez,
ambas circunstancias están estrechamente
relacionadas, por lo que no deberían dividirse esas
diligencias.
Critica además el hecho de que la comisión no
participe en la búsqueda forense. “El
cuestionamiento es por qué y cuándo va a entrarle de
manera formal y efectiva”.
Quero, desde la OIM, agrega que la falta de
capacitación de autoridades ministeriales y de
personal en los consulados, así como el
desconocimiento sobre los mecanismos que implementa
México en los casos de desapariciones, es otra razón
que dificulta una contabilidad más precisa. Martínez
añade que “los datos están incompletos [dentro de
las diferentes fiscalías del país] o se llega a
denunciar más de una vez el mismo caso”. Esto
también es consecuencia de la falta de una
metodología única y de criterios homologados de
registro en las fiscalías, añade.
Enamorado reconoce que se ha avanzado en las
acciones gubernamentales, pero, al igual que Valdez,
observa que la problemática está en lo operativo,
una área en la que no advierte grandes cambios, pues
las autoridades siguen bloqueando las
investigaciones. El subregistro en el RNPDNO no se
limita a migrantes, ya que ha sido denunciado por el
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Durante su visita al país en noviembre de 2021, el
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
también se refirió a la falta de resultados en la
investigación de las desapariciones, expuesta por
los colectivos mexicanos de familiares: “Nos han
señalado que día a día, en su búsqueda de respuestas
y justicia, son víctimas de la indiferencia y la
falta de avances”.
El hondureño Óscar López Enamorado desapareció en
México hace trece años. La última vez que se
comunicó con su familia estaba en Jalisco. En la
imagen, una caravana de madres centroamericanas
realizada en 2019. (Carlos Aguado/ObturadorMX)
Problemáticas que persisten
Los retos para lograr que la desaparición de una
persona migrante sea registrada también se explican
por su misma condición, afirma Martínez: desde el
temor a las autoridades migratorias hasta las
dificultades para buscar a alguien desde el
extranjero dificultan realizar las denuncias.
Valdez señala que estas problemáticas son
consecuencia de la falta de acceso a la justicia,
entendida como el desconocimiento de los mecanismos
de búsqueda y el proceso para denunciar una
desaparición tanto en el país de origen de la
persona como en el que sucedió el hecho, así como la
lejanía geográfica de las instituciones en las que
se tiene que abrir la causa. También ocurre que no
todas las personas denuncian una desaparición, ya
sea por miedo a represalias, por falta de confianza
en las autoridades, o para evitar el maltrato por
parte de ministerios públicos.
“El acceso a la justicia”, subraya, “sigue siendo un
privilegio solamente para aquellos que están
relacionados con el tema de procuración de justicia,
o bien que tienen la posibilidad de contar con una
asesoría”.
Los relatos de las hondureñas Génesis Ramírez y Ana
Enamorado ilustran cómo algunos de estos factores
complicaron los procesos de búsqueda de su madre y
de su hijo, respectivamente. Aunque sus historias
remiten a temporalidades y circunstancias
diferentes, los resultados son similares y
demuestran que las problemáticas expuestas
persisten.
Todo rastro de Julia Velásquez Sierra se perdió en
México un agosto de 2012, a más de 1,446 kilómetros
de su familia y de su país de origen. “Mi mamá huyó
de Honduras rumbo a Estados Unidos porque recibió
amenazas de muerte”, recuerda Ramírez, que entonces
tenía ocho años. El destino llevó a Julia a radicar
en Monterrey, donde desapareció junto a su pareja,
un hombre mexicano.
Ramírez, que actualmente forma parte del Comité de
Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, no
recuerda el momento en que se dio cuenta de que su
madre desapareció, pues pasaron días sin que se
comunicara, lo cual no le extrañó en un principio:
“Primero pensé que podría estar muy ocupada, luego
que podría ser falta de interés; una puede pensar
muchas cosas en estas situaciones”. Pasados los días
confirmó que en Monterrey ninguno de sus conocidos
sabía dónde estaba su madre.
El registro de una persona desaparecida y su
búsqueda también se pueden dificultar debido a que
muy pocas veces los reportes ocurren de forma
inmediata, ya que a nivel personal procesar que se
está enfrentando este delito lleva tiempo. Esto
contrasta con el hecho de que, para las autoridades,
las 24 horas siguientes a una desaparición son
vitales para actuar, precisa Enamorado.
“En el caso de nosotras, las familias que no somos
de México, no podemos activar una búsqueda en 24
horas; para empezar, porque no tenemos una certeza
clara de qué está pasando y cómo responder al
problema”.
La madre activista, que lidera el colectivo Red
Regional de Familias Migrantes, perdió contacto con
su hijo Óscar López un día de enero de 2010, cuando
sostenían una llamada telefónica que, minutos
después, se cortó de manera abrupta.
Óscar había partido a Estados Unidos un año antes,
pues en Honduras, su país natal, tenía escasas
oportunidades laborales. En su camino encontró una
propuesta de trabajo en Jalisco, último lugar desde
el que contactó a su madre. Hasta la fecha,
Enamorado desconoce qué ocurrió con su hijo durante
esa llamada y, al igual que Ramírez, cuenta que no
reconoció de inmediato que se enfrentaba a una
desaparición.
“Yo no entendía si era una desaparición o qué había
pasado con él. Y mientras tanto te haces tantas
preguntas, y no son horas, son meses y a veces hasta
años, cuando decidimos actuar, buscar a una
autoridad”, agrega Enamorado.
Otro factor es el desconocimiento de la ruta a
seguir. Cuando Julia desapareció en 2012, Ramírez
era una adolescente. Su hermana mayor interpuso una
denuncia, pero no tuvo ningún alcance, ya que la
hizo ante un policía que no estaba especializado en
atender esos casos. “En ese tiempo no sabía que
existían la cancillería y el consulado; no teníamos
información de cómo hacerlo”.
Seis años transcurrieron para que Ramírez pudiera
recibir asesoría del Movimiento Migrante
Mesoamericano, una red de familiares y activistas
que coadyuvan en la búsqueda de personas
desaparecidas, y en 2022 pudo viajar a México como
parte de una de las caravanas que esta ONG organiza
desde Centroamérica para que sus integrantes busquen
a sus seres queridos. Una década antes, Enamorado
también había recorrido el país.
Hasta ahora, ninguna ha encontrado respuestas;
desconocen el paradero de Julia y de Óscar, y el
porqué desaparecieron. Ramírez solo tiene una
corazonada de lo que pudo haberle pasado a su madre.
Relata que, por los días en que Julia desapareció,
hubo una masacre en un restaurante: “Mi mamá estaba
de turno [sabía que era mesera en la ‘zona caliente’
de Monterrey]. Murieron unas diecisiete personas,
ella pudo estar entre ellas”. Ninguna autoridad ha
confirmado esta hipótesis.
Cuando Enamorado llegó a México en 2012 enfrentó la
falta de capacitación de las autoridades
ministeriales para atender su denuncia, agravada por
el hecho de que no existía la figura legal de
“persona desaparecida”, aquella cuyo paradero se
desconoce y se presume que su ausencia está
relacionada con la comisión de un delito. “En
aquellos tiempos era tan complejo porque las
familias estábamos totalmente solas; nos daban la
espalda tanto autoridades de nuestros países como
las mexicanas”.
Al respecto, Martínez confirma que, en esa época, en
las procuradurías el término utilizado era “persona
no localizada”, una figura que aún existe y que
identifica a aquella cuya ubicación se desconoce,
pero su ausencia no se relaciona con ningún delito.
Puede interpretarse incluso, agrega, que esa persona
eligió ocultarse, lo que complica que las
autoridades atiendan la denuncia como una
desaparición.
En este sentido, la activista Graciela Pérez
Rodríguez recuerda que, en su caso, la ausencia de
la figura legal de persona desaparecida fue usada
como argumento para no activar la búsqueda de sus
familiares. “Decían que era peligroso”, dice.
Ella tampoco ha obtenido respuestas sobre qué
ocurrió con cinco integrantes de su familia; una es
su hija, de nacionalidad estadounidense, que tenía
13 años cuando desaparecieron en 2012, mientras
viajaban en auto por la carretera de Ciudad Mante,
de vuelta a su casa de Tamaulipas tras un viaje a
Houston, Texas.
Graciela Pérez Rodríguez durante una búsqueda en
campo. Cinco de sus familiares desaparecieron en
2012 en Tamaulipas; una es su hija, que entonces
tenía 13 años. (Ciencia Forense Ciudadana)
Falta de eficiencia
Ana Enamorado, Génesis Ramírez y Graciela Pérez
Rodríguez han acompañado durante la última década a
otras madres, padres y familiares de personas
migrantes desaparecidas; con esa experiencia afirman
que existen pocas diferencias entre la época en que
iniciaron su búsqueda y la actualidad. Para
Martínez, especialista en seguridad nacional, se
trata de problemas básicos “que indican poca
eficiencia funcional”. Por ejemplo, a pesar de que
en años pasados se realizaron metodologías y
recomendaciones para homologar los registros, estas
se desecharon en 2017 debido a cambios de personal
en las fiscalías estatales. El gobierno actual
arrancó desde cero.
Ramírez considera que “la CNB no está haciendo
nada”. Detalla que todas las gestiones de búsqueda
están a cargo de organizaciones civiles en
Centroamérica y México. “Nosotros salimos por
nuestros medios, hay que buscar organizaciones no
gubernamentales que nos den apoyo, transporte,
alimentación, financiamiento, es un relajo”,
lamenta.
Para Quero, la problemática actual también se debe a
que los mecanismos de registro de la CNB apenas se
están dando a conocer entre las autoridades
mexicanas y sus contrapartes en otros países, como
fiscalías y consulados. Es enfática al señalar que
la consolidación del RNPDNO se enfrentó a la
inconsistencia de datos, los registros duplicados,
diversas metodologías de recolección que impedían
hacer cruces de datos, así como la falta de
coordinación entre países de autoridades
especializadas en la búsqueda de personas migrantes,
problemáticas que, asegura, la CNB intenta revertir.
“Ahora hay mucha más información que hace trece
años, pero la desaparición de personas migrantes no
es un tema del pasado”, señala Enamorado. “Nuestra
lucha es la de seguir visibilizando, denunciando que
las personas siguen desapareciendo, y seguir
acompañando a las familias”.
La elaboración de este reportaje fue apoyada desde
la Academia Global de Medios y Migración (GMMA), un
proyecto impulsado por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM/ONU Migración) que trabaja
con periodistas en promover narrativas éticas sobre
migración que pongan a las personas en el centro de
las historias.
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